Mediante una propuesta legislativa de la Cámara de Representantes
El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico abogó este miércoles por la aprobación de una medida cameral que pretende designar a la entidad como ente auditor del cumplimiento de la legislación y de los programas gubernativos en el área de la salud.
El Proyecto de la Cámara 2076, de la autoría del representante Ángel Matos García, fue discutido en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes con la comparecencia del presidente del Colegio, el doctor Carlos Díaz Vélez.
Durante su ponencia, el galeno afirmó que solo un organismo que ya agrupa voluntariamente a más de 8,000 médicos -cifra que aumenta mensualmente- posee el “contacto diario continuo” y la experiencia acumulada por décadas de la operación de los programas de salud.
“Existe una enorme brecha entre la intención de las leyes que se aprueban y lo que se reglamenta e implementa para hacerlas realmente vigentes. En el vastísimo campo de la salud -que siempre es pública- la fiscalización que se realiza no alcanza”, expresó Díaz Vélez.
“El paciente está allá afuera esperando por esa responsabilidad nuestra. Son ellos los que necesitan que las leyes se conviertan en realidad. No en letra muerta”, abundó.
La pieza legislativa dispone que el Colegio recibirá una asignación recurrente de $1.5 millones anuales provenientes del presupuesto del Departamento de Salud. Esta partida absorbería una parte del costo de las tareas que se asignan en la propuesta de ley.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) opinó que este impacto fiscal sería “sustancial”, por lo que en estos momentos no puede certificar la disponibilidad de estos fondos. La agencia recomendó considerar las observaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) como parte de la elaboración del Plan Fiscal 2024-2025.
“Nosotros somos del pensar o del criterio de que ese dinero se mantenga dentro del Departamento de Salud y se fortalezca la Junta de Licenciamiento, y puede ser en colaboración con el Colegio de Médicos”, dijo el director asociado de la OGP, Roberto Rivera Báez. “Pero presupuestariamente hablando nosotros recomendamos que esa cantidad se mantenga dentro (de la agencia) porque ya se estaría sacando del presupuesto operacional del Departamento”.
Buscan soluciones a una “crisis de salud multifactorial”
Díaz Vélez avaló también el Proyecto de la Cámara 2085, que busca ampliar las facultades del Colegio para liberar la carga de trabajo de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Según el médico, esta medida aliviará la crisis de salud ocasionada por factores como los cambios demográficos en la isla, el “discrimen sistemático” del gobierno federal en asignaciones presupuestarias y la “inoperancia parcial” de la Junta.
Además, cuestionó las facultades operacionales de la Junta y señaló que se ha convertido en un “ente burocratizado, que apenas puede administrar la reválida, y que muy poco cumple sus deberes en torno a la disciplina médica”.
“La Junta de Licenciamiento incumple sistemáticamente sus obligaciones más elementales no solo en el presente, sino que lo ha hecho por años. Cientos de casos inmóviles de disciplina y ética médica mal custodiados y peor atendidos son archivados ‘sin perjuicio’ en una nebulosa galaxia de inoperancia por más que la Oficina del Contralor haya llamado la atención en dos informes consecutivos”, criticó el galeno.
Para atender esta problemática, Díaz Vélez aseguró que el Colegio se ha robustecido en una entidad “autosustentable” que puede asumir funciones compartidas que refuercen la “debilidad institucional” de la Junta.
La medida crea un nuevo Fideicomiso para la Ampliación y Mejoramiento de la Práctica de la Medicina en Puerto Rico y establece que el Colegio deberá presentar antes del 31 de enero de cada año una petición presupuestaria a la Asamblea Legislativa sobre los fondos necesarios para nutrirlo. “El Colegio no utilizará para propósitos de gastos operacionales fondos provenientes de la masa de capital del Fideicomiso para sus operaciones ordinarias, lo que no será impedimento para la utilización de estos en proyectos de naturaleza educativa o de apoyo al desarrollo científico y profesional”, aclaró Díaz Vélez
