La corporación indicó en una vista pública una diversidad de deficiencias en la calidad y acceso a estos cuidados
La Administración de Seguros de Salud (ASES) aseguró hoy, lunes, a la Cámara de Representantes que los resultados preliminares de un estudio de paridad que efectúa desde hace tres meses sobre los servicios de salud mental en la isla revelan deficiencias en la calidad y acceso a la prestación de estos cuidados.
Así lo adelantó el director ejecutivo de la corporación pública, Jorge Galva, durante una vista pública de la Comisión de Salud, que preside la representante Sol Higgins Cuadrado, sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 208 (R.C.C. 208).
La medida da paso a una investigación acerca del cumplimiento de las distintas aseguradoras, en especial APS Healthcare, con la adopción del 70% del Medicare Fee Schedule 2020 para Puerto Rico como tarifa mínima para el pago por servicios ofrecidos a los beneficiarios del Plan Vital.
“Preliminarmente, podemos decir que hay unas preocupaciones reales con respecto al acceso a los servicios de salud mental. Hay unas preocupaciones reales debido a la escasez de proveedores en el área de salud mental, particularmente psiquiatras. Hay unas inquietudes con respecto a si existe suficiente acceso apropiado a los servicios de salud mental para los beneficiarios del Plan Vital”, expresó Galva.
“Lo que estamos llegando es a unas conclusiones de cuán profundo y qué remedios se le pueden poner a los hallazgos que hagamos de áreas que necesitan fortalecimiento”, agregó el licenciado, quien a preguntas de los legisladores reconoció estar insatisfecho con la prestación de servicios de salud mental en Puerto Rico.
En mayo de 2020, ASES notificó mediante la Carta Normativa 20-0527 la efectividad de esta tarifa mínima como parte de las iniciativas para incrementar los reembolsos a los proveedores del Plan Vital y lograr una mayor retención de los profesionales de la salud en la isla.
Sin embargo, APS Healthcare – entidad subcontratada por 3 de las 4 aseguradoras para proveer servicios de salud mental bajo el Plan Vital – no ha cumplido con el aumento tarifario que entró en vigor desde mayo de 2020 para compensar a los psicólogos y otros profesionales de la salud.
A pesar de que ASES está al tanto de la situación, no ha hecho cumplir a APS Healthcare el mandato que ordenaron mediante la carta normativa, según señala la exposición de motivos de la R.C.C. 208. Galva afirmó, por otro lado, que la corporación pública ha tomado acciones para regular la situación aun cuando no tiene la facultad legal para intervenir con APS Healthcare.
Entre ellas, ASES emitió otra carta circular el pasado junio para indicarle a las aseguradoras participantes del Plan Vital que tenían que contratar la totalidad de los hospitales de salud mental que hay en Puerto Rico al destacar que, a raíz de las emergencias acontecidas desde 2017, la demanda por estos servicios ha incrementado drásticamente.
“El curso que normalmente sigue a esto, cuando se encuentra que hay una deficiencia… nosotros estaríamos mirando a las 3 aseguradoras que decidieron subcontratar con APS, porque son ellas las que nos tienen que rendir cuentas. Si tenemos esta situación, ¿qué tú estabas haciendo para fiscalizar la calidad de cuidado y el acceso a cuidado de tu subcontratista?”, argumentó el funcionario. “Legalmente, no tengo recurso contra APS”.
El representante Denis Márquez Lebrón, quien es autor de la medida, reprochó la respuesta que brindó la corporación pública al reiterar que la ASES es la entidad pública con plena capacidad para fiscalizar y evaluar los servicios que ofrecen las compañías aseguradoras contratadas. Todos los legisladores presentes en la vista pública coincidieron y expresaron su disgusto por la falta de acción legal por parte de ASES.
“El ente fiscalizador dice en una vista pública que no tiene una opinión legal, que típicamente no lo hace, y el efecto es el desastre que tenemos en los servicios de salud mental”, impugnó Márquez Lebrón.
“No han buscado una opinión legal. No han buscado los instrumentos para decir: Esta gente tiene el control del 90 por ciento del mercado. No contestan las llamadas. La gente los tiran a morir en un hospital. No les pagan a los proveedores. No contratan a los proveedores, ¿y ustedes me dicen a mí que se amarran los brazos y no van a fiscalizar en un país que tiene una crisis social de salud mental?”, argumentó Márquez Lebrón.
Por su parte, la licenciada Madeline Figueroa, principal oficial de cumplimiento de ASES, informó que los datos y resultados de la investigación realizada por ASES deben estar listos en diciembre para ser compartidos con la comisión cameral. La funcionaria destacó la necesidad de poder documentar las dificultades en el sistema de salud mental con el fin de lograr un cambio a nivel contractual.
Figueroa explicó que ASES trabaja con un nuevo contrato que entrará en vigor el 1 de octubre de 2022 con el dinero identificado para el pago de los profesionales de la salud mental. Además, este nuevo contrato establecerá una cláusula de dirección.
“Para el nuevo contrato, todo esto va a estar subsanado con los análisis que hicimos. Y ahora, de inmediato – porque no podemos esperar un año para que los psicólogos y los psiquiatras cojan sus chavos –, sacamos una cantidad de dinero”, indicó. Este pago especial deberá ser otorgado en diciembre.
La representante Higgins Cuadrado tildó la situación en el sistema de salud mental como “tétrica”, al tiempo que enfatizó que la comisión cameral continuará “dándole la debida atención” a esta problemática mediante la investigación legislativa.
“Esto lleva 15 años. Esto lleva muchos años. Qué bueno que se ha tomado alguna acción y esperamos que se vea el resultado real, pero en este tema de salud mental tenemos que empezar a tomar acciones reales. Una de las pandemias más terribles que tiene Puerto Rico es la salud mental”, manifestó la Legisladora.
