Ante el alarmante incremento de carjackings y asaltos a mano armada perpetrados contra socios conductores de Uber en Puerto Rico, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Jorge Navarro Suárez, celebró hoy una vista pública sobre una medida que prohíbe a los conductores de las Empresas de Red de Transporte (ERT) recibir pagos en efectivo y sean solamente por método digital.
Durante la discusión del Proyecto de la Cámara 2206, ejecutivos de la compañía Uber, indicaron que según un estudio interno, el mayor delito contra sus socios conductores es el carjacking, con el fin de utilizar los vehículos para cometer otros delitos y en pocos casos es motivado por el asalto a mano armada para obtener dinero en efectivo, celulares u otros objetos de valor.
El dato fue revelado por el Asociado Senior de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Centro América y el Caribe de Uber, el licenciado Asdruval Vargas, quien destacó que por esta situación, Uber ha implantado hace dos semanas en Puerto Rico algunas medidas nuevas de seguridad que, a su juicio, “ya comienzan a producir resultados favorables”.
“Desde la implantación de los mecanismos que les permiten a los socios conductores escoger si aceptan o no los pagos en efectivo, ver la antigüedad del usuario en la plataforma y detectar paradas o cambios de rutas sospechosos, no se ha producido otro incidente de carjacking en Puerto Rico en contra de un socio conductor afiliado a Uber”, explicó el funcionario.
Al indicar que la prioridad de la empresa es la seguridad de los usuarios y conductores sostuvo que también se incorporaron otras medidas como la activación de un botón de seguridad. Con este, tanto el conductor como usuario pueden enviar una alerta al 9-1-1 en cualquier situación, anonimizar llamadas entre partes, la detección de mensajes inapropiados a través del chat del app, el acceso de una línea de soporte continua para reportar cualquier situación y un centro de atención ubicado en Cobians Plaza para atender personalmente a los socios.
Vargas mencionó que “de los 13 carjackings en que la Policía ha identificado a un socio conductor como víctima, se han logrado esclarecer el 69 por ciento de los casos, unos 9 casos incluyendo en la gran mayoría la detención de los presuntos sospechosos”. Sin embargo, no pudo especificar al momento el total de incidentes cometidos en ambas modalidades.
Por consiguiente, el representante Navarro Suarez, determinó la necesidad citar al Negociado de la Policía de Puerto Rico para corroborar las estadísticas presentadas por la empresa.
“Así que, si la premisa de que los asaltos a los conductores de Uber son por el efectivo pues, no es correcta y quiero evidenciar esa premisa con la estadística. Hay que corroborar porque si se elimina el pago en efectivo y siguen los robos, pues no era por el efectivo, era por los vehículos. Esa documentación nos daría una luz más clara hacia dónde dirigir el proyecto de ley y si hay que enmendarlo. Podría ser un proyecto enmendado o uno sustitutivo”, afirmó Navarro Suárez.
Igualmente, determinó citar a vistas públicas a los socios conductores de Uber que estuvieron enviando textos al representante durante el proceso legislativo.
Mientras tanto, el presidente del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, Luis García-Farga, planteó que de enmendarse el proyecto se le debe exigir a las futuras compañías las mismas regulaciones de seguridad como las tiene Uber.
Por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón opinó que “avalo todo proyecto que va en beneficio del ciudadano y de muchos puertorriqueños que se están buscando la vida a través de este mecanismo. Tiene sus problemas legales y de carácter constitucional, pero creo que hay bastantes argumentos de razonabilidad del Estado para promover este tipo de proyecto porque, al fin y al cabo, es para proteger a mucha gente en Puerto Rico”.
Este proyecto de ley fue sometido por los representantes Yashira Lebrón Rodríguez, Félix Lassalle Toro y José “Memo” González Mercado.
