En el inicio de los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 1098 de la senadora Migdalia González Arroyo, para establecer la «Ley Protectora del Derecho a la Vivienda de las Víctimas de Violencia de Género»; a los fines de proveer salvaguardas a las personas víctimas de violencia de género incluyendo el acceso a la vivienda.
«Esta pieza legislativa se presenta como una herramienta más en contra de las funestas consecuencias de la violencia de género como mal social y un paso adicional a la protección de aquellos derechos que nos definen como sociedad. Estos derechos, como lo son la vivienda, el acceso a la justicia, el derecho a un trabajo digno, entre otros, le son coartados mayormente a los sectores más vulnerables, como las mujeres, las personas de edad avanzada y la niñez», destacó la también senadora por el distrito Mayagüez- Aguadilla.
La presente legislación sostiene, en su exposición de motivos, que «la violencia familiar trastoca a los menores de edad que son parte de la unidad familiar, independientemente sean hijos o no de la persona transgresora. En esos casos al proteger el derecho a la vivienda de la persona víctima, también se hace corolario del derecho a un hogar seguro de ese menor de edad».
Esta Ley es una de carácter multidisciplinario por lo que tanto el Departamento de la Vivienda, la Administración de Vivienda Pública, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de la Familia y el Poder Judicial deben aplicar de manera prioritaria sus disposiciones para cumplir cabalmente con su política pública.
Además, fue aprobada laResolución del Senado 788 de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, que propone investigar el estado y disposición de los desperdicios sólidos en los vertederos de Puerto Rico, los esfuerzos para el reciclaje y compostaje, la vida útil de los mismos y los mecanismos para la reducción del material depositario.
«Esta Resolución busca analizar y recibir el insumo de las agencias y los interventores en cuanto a la implementación del plan de reciclaje. A su vez, debe analizarse posibles enmiendas a la Ley 70-1992, conocida como la «Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico», expresa la medida.
A la vez, se le dio paso al Proyecto del Senado 1108 de la senadora Elizabeth Rosa Vélez para crear la «Ley de Bicitaxis de Puerto Rico»; y enmendar la «Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico», a los fines de establecer la política pública del Gobierno en torno a la operación de bicitaxis.
El informe de la medida detalla que en Puerto Rico, existen varios operadores independientes y compañías pequeñas que ofrecen servicios de bicitaxis en diferentes áreas, como San Juan, Vieques, Mayagüez y Ponce. Sin embargo, actualmente no hay una regulación específica para esta industria, lo que ha llevado a situaciones irregulares en cuanto a tarifas y licencias.
«Esta Asamblea Legislativa entiende menester tomar acción con respecto a la industria de los bicitaxis, no para dificultar su faena, sino para legitimarla y fomentar su cecimiento», cita la medida. Por su parte, expresó su apoyo el senador independiente, José Vargas Vidot. «Estoy de acuerdo y debemos apoyar esta medida. Hemos visto el desarrollo de esta economía alterna que se ve en muchos países…el proyecto es bueno porque de alguna manera podría eximir del golpe abusador de cualquier intervención cuando una persona esté buscando desarrollar una economía individual o familiar».
También, fue avalado el Proyecto del Senado 1176 de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón para enmendar la «Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos»; para prohibir el uso de lenguaje estereotipado en la redacción del Programa de Estudio Individualizado (PEI).
«Esta Comisión reconoce la importancia de que a todos los estudiantes participantes del Programa de Educación Especial se les evalué y se desarrolle un Plan Educativo Individualizado que responda a las necesidades específicas del estudiante; de esta manera poder establecerle al estudiante objetivos alcanzables de acuerdo con su necesidad que resulte en su pleno desarrollo. En esa dirección, entendemos meritorio eliminar el lenguaje estereotipado», cita la medida.
De igual forma, fue aprobado el segundo informe de la Resolución Conjunta del Senado 84 de la senadora novoprogresista, Wanda Soto Tolentino. La medida ordena al Departamento de Agricultura (DA) implementar un plan agresivo y sustentable para el desarrollo de la agricultura comercial en los municipios del distrito de Humacao. Para que se contribuya al desarrollo económico del área este y promover la permanencia de los agricultores en sus tierras. «Reconocemos la importancia del distrito de Humacao y se puede utilizar para los diferentes pueblos de Puerto Rico. Esta resolución fue concebida con el propósito de establecer una directriz para que el DA implemente un plan agresivo y sustentable para el desarrollo de la agricultura comercial con un plan a 20 años», expresó Soto Tolentino.
Resolución Conjunta del Senado 346para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación a rendir un informe detallado y presentarlo a la Asamblea Legislativa, al amparo del Plan Integral Ciclista y Peatonal para Puerto Rico, que identifique las ciclovías existentes en Puerto Rico y las vías públicas más utilizadas por los ciclistas; que detalle las condiciones de éstas, incluyendo las reparaciones que se están trabajando al momento y aquellas.
Igualmente, se le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 367; las Resoluciones del Senado 746, 788 y los Proyectos de la Cámara 43 y 586. De otro lado, fueron aprobados los informes de comité de conferencias a los Proyectos del Senado 76, 228, 515, 686, 696, 919, 1033, 1145; el Sustitutivo del Senado al Proyecto del Senado 678; las Resoluciones Conjuntas del Senado 44 y 271.
