Durante el día de hoy la Portavoz Cameral de Proyecto Dignidad, Lisie J. Burgos Muñiz radicó el Proyecto de la Cámara 1092, el cual prohibe el que toda persona, natural o jurídica, le niegue a cualquier persona con inmunidad natural acceso, servicio e igual tratamiento en los sitios y negocios públicos y en los medios de transporte por razón de esta negarse a presentar evidencia de estar vacunada contra el COVID-19 o por negarse a mostrar una prueba negativa, entre otras cosas.
«Actualmente, es preocupante cómo el Ejecutivo continúa con la agenda de establecer la obligatoriedad de la inoculación para toda persona por motivo del coronavirus (SARS-CoV-2), sin tomar en cuenta que en Puerto Rico existe un gran número de personas que ya se han recuperado de este virus y presentan un cuadro de inmunidad natural, la cual, en la mayoría de los casos, es más fuerte y duradera que la adquirida mediante otras vías. Lo alarmante de esta agenda, implementada vía Órdenes Ejecutivas o decretos, es la irracionabilidad que el Poder Ejecutivo ejerce para imponer su visión de que toda persona tiene que vacunarse por motivos de seguridad sanitaria. Esto basado simplemente en un «argumento irracional» que pretende garantizarle a la ciudadanía una falsa seguridad que no llegará y de paso, (subrayo) se continúa la discriminación que sin razón alguna segrega a nuestros hermanos puertorriqueños.» Expresó la también representante por acumulación.
Burgos Muñiz entiende que «este tema debiera estar superado, pues según un estudio realizado por unos científicos israelíes, en donde compararon la inmunidad natural y la inmunidad alcanzada por el uso de la vacunación, se encontró que la inmunidad natural le confiere a la persona una protección más duradera y fuerte contra la infección, la enfermedad y la hospitalización. Cabe destacar que los participantes del estudio estaban contagiados con la variante Delta del coronavirus y su respuesta fue mejor que la de aquellos cuya inmunidad había sido inducida por dos (2) dosis de la vacuna. No podemos ignorar que tanto la inmunidad natural, como la inducida por vacunas, producen el efecto de que, si la persona «inmune» entra en contacto con la enfermedad en el futuro, su sistema inmunológico reconocerá la misma y podrá producir, inmediatamente, los anticuerpos necesarios para combatirla. La inmunidad activa puede ser de larga duración y, en ocasiones, puede durar para toda la vida.»
«Así que, teniendo en cuenta esta verdad científica irrefutable, es imperativo que esta Asamblea Legislativa, en su deber constitucional de velar por la salud, seguridad y bienestar del Pueblo de Puerto Rico valide, vía legislación, la efectividad de la inmunidad natural. Esto para garantizarle a toda persona, debidamente inmunizada, no tener la carga onerosa de vacunarse y/o presentar prueba negativa al COVID-19 para acudir a sus empleos, tanto públicos como privados; disfrutar de su derecho de estudiar, entrar a instalaciones gubernamentales para solicitar servicios; disfrutar de espacios públicos; viajar a Puerto Rico y realizar cualquier otra actividad o gestión que requiera de su presencia, entre otras, obligado por las Órdenes Ejecutivas de nuestro Señor Gobernador.
Hoy, son muchos los estados y naciones que han comenzado a dejar a un lado la agenda global restrictiva del coronavirus para adoptar una planificación flexible de sus propios asuntos de salud pública. ¿En Puerto Rico, estaremos del lado del pueblo legislando a su favor? ¿O continuaremos dándole la espalda y haciéndonos de oídos sordos a su clamor y dolor? Nuestra gente está siendo atropellada y despojada de sus derechos en una democracia. Yo fui electa para estar de su lado, y allí permaneceré.»
«Insto al gobernador junto al secretario de Salud a realizar pruebas aleatorias en el Choliseo, actividades deportivas y en el Distrito T-Mobile para poder detectar los posibles focos de contagio en las actividades de grandes aglomeraciones de personas vacunadas, si en realidad quiere atender de forma efectiva la situación» concluyó Burgos Muñiz.
