La legislación es atendida en la Comisión de Asuntos Electorales en la Cámara
La Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara de Representantes atendió hoy una medida que persigue habilitar a las personas extranjeras domiciliadas en la isla que cuenten con permiso de residencia legal permanente como electores de Puerto Rico.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1891, radicado por el presidente del cuerpo legislativo, Rafael Hernández Montañez, junto a los representantes José “Conny” Varela y Joel Sánchez Ayala.
El Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH) endosó la pieza legislativa al señalar que es un proyecto de “gran envergadura” que toma en consideración a los más de 200,000 inmigrantes residentes en Puerto Rico que aportan a la economía local.
El presidente de la organización, José Rodríguez, afirmó que la propuesta se comenzó a trabajar en el 2014 coincidiendo con la visita del expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Según el portavoz, en una mesa redonda en un programa en vivo se discutió el derecho al voto y los allí invitados, abogados constitucionalistas, determinaron que la condición para votar en Puerto Rico es estar domiciliado en la isla.
“El proyecto está muy de acuerdo y a tono con lo que dice la Constitución (de Puerto Rico), por lo cual no creo que se deba enmendar la Constitución, sino acoger la misma Constitución que dice que el único requisito es estar domiciliado”, apuntó Rodríguez, quien indicó que el Censo de los Estados Unidos contabiliza alrededor de 68,000 inmigrantes dominicanos que son residentes permanentes en Puerto Rico.
Sin embargo, Rodríguez aseguró que el número es mayor debido a que muchos inmigrantes temen ser ubicados al ofrecer sus datos. “Nosotros vamos a estar vigilantes a este proyecto para ver en verdad quiénes son pro-inmigrantes y los que no lo son”, agregó.
Rodríguez recomendó varias enmiendas para perfeccionar el lenguaje del proyecto. Entre ellas, sugirió que se añada como prueba de evidencia de la permanencia en la isla de un año las remesas o una declaración jurada de dos personas también residentes que demuestren conocer a esta persona.
También enfatizó en el derecho a ser elegido que no se contempla en el proyecto. “Así como se nos permite el derecho a votar, sugerimos que se nos conceda el derecho a ser elegidos y proponer candidatos que también sean residentes permanentes de la comunidad de inmigrantes en la isla”, puntualizó.
A la audiencia pública compareció la diputada de Ultramar de la República Dominicana, Adelys Olivares Ortega, quien compartió los reclamos de Rodríguez y manifestó la necesidad de que se apruebe la medida.
“Como inmigrantes, tenemos deberes que cumplimos en la isla. La mayoría somos personas que venimos a aportar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo; aportamos al fisco de este país; aportamos a la educación; y aportamos a la cultura”, expresó Olivares Ortega. “El derecho a elegir a nuestras autoridades entendemos que como tenemos deberes también tenemos derecho”.
CEE pide evaluación
Por su parte, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) presentó un memorial explicativo en el cual solicitó a la comisión cameral evaluar la aplicación de la disposición federal vigente que establece una prohibición de voto para extranjeros en la elección de oficiales federales, incluyendo la elección a la comisaría residente.
La presidenta interina Jessika Padilla se excusó de la vista pública por compromisos del CEE, pero también sugirió que se analice si la legislación requerirá una enmienda constitucional y el impacto presupuestario que pueda representar esta medida.
“A la vez, es importante que se dé participación a todos los partidos políticos debidamente representados en la CEE y, en la medida de lo posible, se verifique la posibilidad de un consenso sobre la medida”, dijo Padilla.
El representante Varela, quien preside la comisión, informó que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia pidieron excusarse de la vista pública, por lo que convocará una próxima audiencia para discutir el proyecto.
“Queremos responder a nuestra obligación y mandato constitucional de asegurar la libre participación ciudadana en las decisiones colectivas y extender el derecho al voto a las personas extranjeras domiciliadas en Puerto Rico”, precisó el legislador.
