Candidatos tienen señalamientos desde acusaciones de pedofilia hasta corrupción pública
El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Lcdo. Gerardo «Toñito» Cruz, acompañado de un grupo de aspirantes a puestos legislativos, arremetieron hoy contra el Partido Nuevo Progresista (PNP), por presentarle al país candidatos con serios señalamientos para puestos legislativos. El grupo mencionó a los candidatos Edwin Pagán (Senado Humacao), exrepresentante Samuel Pagán (Dist. 35), y Héctor Joaquín Sánchez (Senado Carolina).
El grupo de aspirantes, estuvo compuesto por Luis Raúl Sánchez, Misael «Maiky» Rivera y Nina Valedón, aspirantes al Senado por Humacao, por Frankie Guerra y Enid Monge, candidatos al Senado por Carolina y por Joshuan Feliciano Cosme y Yulixa Paredes, aspirantes a Representante por el Distrito 13.
En el caso de Edwin Pagán, candidato al Senado por el Distrito de Humacao, este ha estado involucrado en una serie de controversias relacionadas con su conducta pasada, específicamente en un incidente ocurrido el 19 de febrero de 2001. Según una denuncia, Pagán expuso sus partes íntimas y se masturbó frente a un menor de 16 años en un baño de una tienda en Plaza las Américas, San Juan. Aunque inicialmente se le imputó un delito grave, la acusación se redujo al cargo menos grave de tentativa de exposición deshonesta. En apelación, el Tribunal de Apelaciones de San Juan confirmó la sentencia en su contra, respaldando el testimonio del menor y validando su relato de que Pagán le siguió hasta el baño, le encerró con seguro, le bloqueó la salida y se masturbó.
Por esta situación el entonces presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, ordenó al directorio de esa colectividad buscar su descalificación debido a las acusaciones de pedofilia. El directorio del PNP votó a favor de radicar en los tribunales un recurso legal para descalificarlo como precandidato al Senado por el distrito de Humacao.
«Su conducta pasada, por la cual fue declarado culpable, sigue siendo la misma por la cual fue descalificado en 2016. La falta de criterio del PNP al calificar a este candidato es cuestionable, especialmente considerando los condenables actos y su vergonzoso historial. Ocho años después, la certificación por parte del PNP de esta conducta es cuestionable, ya que parece aceptar la violencia sexual en la Isla. Una sociedad que repudia la violencia de género y rechaza la cultura de violencia sexual no debería admitir exconvictos por delitos sexuales en puestos electivos», manifestaron los aspirantes al Senado por Humacao.
Por otra parte, el exrepresentante novoprogresista, Samuel (Sammy) Pagán Cuadrado, que aspira nuevamente al distrito 35 de la Cámara de Representantes, enfrentó una serie de controversias y cuestionamientos relacionados con su gestión y conducta durante su tiempo en la Legislatura, lo que afectó incluso su intento en el 2020 de regresar al Capitolio con una candidatura independiente. Pagán Cuadrado, quien dejó la Legislatura en 2018 en medio de denuncias de irregularidades en el otorgamiento de contratos, se destacó públicamente después de denuncias públicas sobre irregularidades en el otorgamiento de un contrato de $180,000 a la empresa International Legislative and Government Consulting Group, propiedad de un adepto del PNP, Isoel Sánchez. Este subcontrató a otras personas para trabajar en la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Noreste, presidida por Pagán Cuadrado, funciones que debían ser realizadas por empleados de la oficina de Pagán Cuadrado.
En mayo de 2018, la Comisión de Ética de la Cámara recibió una querella de parte del exdirector de la Comisión de Desarrollo del Noreste, Luis Hiram Delgado Rivera, contra Pagán Cuadrado por alegaciones de hostigamiento sexual presuntamente realizadas en su oficina por parte de su esposa Nancy Malavé Toro, así como irregularidades con contrataciones. En ese entonces, Delgado Rivera admitió que trabajaba en la oficina de Pagán Cuadrado, pero era un empleado subcontratado a través de la empresa de Sánchez Santiago. Tanto, Sánchez Santiago como su pareja Chrystal Robles Báez se declararon culpables por cargos federales relacionados con una investigación sobre empleados fantasmas en la Legislatura. Además de las irregularidades en contrataciones, Pagán Cuadrado enfrentó acusaciones de adeudar dinero por un implante de pelo. La Oficina del Contralor Electoral (OCE) le imputó posibles violaciones al Código Penal y a la Ley para el Financiamiento de Campañas.
En el caso de Héctor Joaquín Sánchez, este ha ocupado diversos cargos dentro del gobierno, incluyendo el de Comisionado Electoral y subsecretario de los Departamentos de Educación y de Transportación y Obras Públicas. A eso se le suma que en la actualidad mantiene contratos con la Autoridad de Tierras tras abrir una corporación. Mientras tanto, continúa disfrutando, casi de manera ininterrumpida, una licencia sin sueldo del Departamento de Educación.
Recientemente, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella contra Sánchez por presuntamente tratar de beneficiar a dos maestros seleccionados para competir por el premio «Maestro del Año Escolar 2022-2023». Según la querella, Sánchez solicitó a miembros del jurado que prestaran atención especial a ciertos participantes, lo que generó preocupaciones sobre posibles interferencias en el proceso de selección. Los señalamientos contra Héctor Joaquín incluyen la necesidad de explicar sus acciones, así como cuestionamientos sobre si mintió al comité calificador sobre si estaba bajo investigación o si el PNP permitió que corriera bajo la lupa de Ética.
«El que Sánchez fuera certificado por el PNP para aspirar a una de las dos sillas al Senado por el distrito de Carolina es denunciable, pues, su trayectoria ha estado marcada por investigaciones por parte del Departamento de Educación sobre presunta influencia en la otorgación del premio Maestro del Año 2022, aunque esta investigación dejó más interrogantes que respuestas», expresaron los candidatos al Senado por Carolina.
Para finalizar, el secretario general del PPD, Gerardo «Toñito» Cruz expresó que «Todos estos casos, y el hecho de que el PNP los ha certificado, plantea interrogantes sobre la idoneidad de la oferta legislativa de dicho partido al respaldar a candidatos que han estado bajo investigación y han tenido que renunciar por conductas cuestionables. El país no merece tener en su oferta electoral candidatos con ese tipo de historial. El PNP tiene mucho que explicar»
