El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, y el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García, anunciaron que mañana, lunes, apelarán ante el pleno del Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal Federal en Boston la decisión que anuló la Ley 41-2022, el estatuto que le otorga más derechos a los trabajadores del sector privado en Puerto Rico y que fue dejado sin efecto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Asimismo, Hernández Montañez y Torres García informaron que durante la sesión legislativa de mañana aprobarán el proyecto de la Cámara 1651, que contiene las mismas disposiciones de la Ley 41-2022, pero esta vez estará acompañado de un informe de impacto fiscal, según requiere la Sección 204(a) de la Ley Promesa, que será preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).
«La protección de los derechos de los trabajadores de la empresa privada seguirá siendo una prioridad durante la sexta sesión ordinaria. Como el país conoce, la Cámara de Representantes ha liderado una ofensiva sin precedentes a nivel legislativo, administrativo y judicial para alcanzar este objetivo, que incluyó la aprobación de la Ley 41-2022 para devolverle los derechos a los trabajadores del sector privado, y su férrea defensa en los tribunales cuando la JSF reclamó que se declarara nula, basado en una visión filosófica que claramente excede la autoridad concedida por el Congreso de los Estados Unidos», indicó Hernández Montañez.
El representante Torres García recordó que la medida, presentada con el respaldo de la delegación del Partido Popular Democrático, le devuelve los quince (15) días de vacaciones a los empleados de la empresa privada, le concede las protecciones de licencia por vacaciones a los empleados a jornada parcial, principalmente constituido por estudiantes universitarios, personas retiradas y madres jefas de familia; reduce la cantidad de horas para cualificar para el bono de navidad a 700 y 900 horas, respectivamente, dependiendo del tamaño operacional de la empresa y revierte al patrono el peso de la prueba en casos de un despido injustificado, para evitar exponer al empleado al difícil proceso probatorio de demostrar que el patrono violentó la ley. Precisamente, las objeciones económicas utilizadas de la Junta para oponerse a estas enmiendas fueron derrotadas en el Informe 2024-005 de agosto de 2023 preparado por la OPAL, la cual demostró que la base empírica utilizada para sustentar sus argumentos fueron deficientes.
«Mañana nuestros abogados estarán presentando ante el Primer Circuito de Apelaciones una solicitud de reconsideración para que el pleno de los jueces que constituyen este tribunal («Petition for Rehearing en Banc») revoquen al panel de tres jueces que el 10 de agosto confirmó al Tribunal de Distrito de Puerto Rico para declarar nula la Ley 41-2022″, detalló Torres García sobre el remedio judicial solicitado.
La petición del cuerpo legislativo está basada en tres argumentos centrales:
1. La decisión expande injustificadamente la autoridad y las prerrogativas de la JSF, lo que menoscaba el derecho fundamental a un gobierno propio, a pesar de que la Ley Promesa limita el rol de esta entidad a principalmente garantizar el cumplimiento con el Plan Fiscal certificado.
2. Proporciona una interpretación excesivamente amplia sobre la Sección 204(a) para permitir que la JSF prospectivamente cuestione que una ley entre en vigor, basado en especulaciones y una visión filosófica sobre cuál debe ser la función del gobierno, sin datos económicos que validen la inconsistencia con el Plan Fiscal certificado.
3. La centralización injustificada en la jueza Laura Taylor Swain para intervenir como juzgadora exclusiva de los pleitos donde comparezca la JSF («judge-shopping»), aun cuando no exista relación alguna con la quiebra de las finanzas públicas del gobierno de Puerto Rico, lo que crea una peligrosa percepción de parcialidad que lacera la operación del sistema de justicia.
«El recurso cita también al exjuez de ese foro Juan R. Torruella, quien anteriormente expuso que el remedio que nuestros abogados están solicitando debe concederse como excepción cuando la decisión bajo cuestionamiento afecta la vida de millones de personas y tiene un efecto adverso en la operación de las instituciones públicas. Ambas consideraciones se encuentran presentes en este caso», sostuvo el presidente cameral.
Por su parte, Torres García manifestó que, «en el escenario no anticipado de que este recurso no sea acogido, estamos listos para recurrir ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para hacer valer los derechos de nuestra clase trabajadora hasta agotar todas las vías».
