El cuerpo legislativo avaló a viva voz la Resolución de la Cámara 679, que conducirá una investigación sobre el estado de las reparaciones y mejoras al puente atirantado Jesús Izcoa Moure en Naranjito.
La pesquisa estará a cargo de la Comisión de Transportación y la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte de cara al cierre indefinido de la estructura el próximo 30 de enero mientras la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) completa los trabajos de rehabilitación.
Según ha trascendido, la reparación del icónico puente de 703 metros tendrá un costo aproximado de $25.9 millones. La obra, inaugurada en octubre de 2008, fue completada por el contratista Las Piedras Construction a un valor de $31 millones, cuantía sobre la cual se suman posteriores asignaciones estatales y federales para su acondicionamiento, reparación y atención de emergencia.
“Esta investigación que vamos a estar realizando en los próximos días se va a hacer seria y responsable. No nos va a temblar el pulso para adjudicar las faltas a quien sea, y al gobierno que sea”, expresó el representante popular Juan José Santiago Nieves, autor de la resolución y legislador por el Distrito 28 de Naranjito, Barranquitas, Corozal y Comerío.
Una década después de iniciada la vida útil, la ACT determinó la urgencia de realizar reparaciones al puente situado en la carretera PR-5 en Naranjito. Según la resolución radicada en febrero de 2022, la agencia no ha completado esos trabajos a pesar de estar vigente una asignación federal de $500 millones para obras y mejoras en las carreteras estatales.
Entre los asuntos de mayor importancia, la medida destaca la necesidad de reparar las ondulaciones del suelo pavimentado de la estructura; proveer mejor señalización e iluminación; realizar arreglos y sustitución de los cables de tensión, así como otras medidas de infraestructura apremiantes para garantizar la seguridad de los más de 14,000 conductores que transitan por el puente diariamente.
Sobre la mesa medida cameral para controlar la contaminación por ruido en la isla
Por otro lado, la Cámara de Representantes dejó sobre la mesa hoy, martes, una medida para adoptar un plan de control de contaminación acústica en los cuerpos de agua, reservas naturales y áreas turísticas de Puerto Rico con el fin de propiciar un ambiente libre de ruido en estas zonas.
El Proyecto de la Cámara 576 recibió 23 votos a favor y 19 en contra durante los trabajos de la sesión ordinaria. La medida -de la autoría de los representantes Joel Franqui Atiles, Edgardo Feliciano Sánchez y Orlando Aponte Rosario- buscaba imponer multas no menor de $500 a toda persona que viole las prohibiciones de ruido excesivo o innecesario en las áreas designadas zonas de tranquilidad. Sin embargo, el pleno avaló reconsiderar el proyecto de ley en una próxima sesión legislativa.
“En definitiva, la contaminación por ruido no solo afecta nuestro diario vivir, sino que lacera la integridad de nuestra fauna y nuestros recursos naturales, privándonos de su disfrute y atentando contra el desarrollo socioeconómico de nuestra isla”, reza el proyecto.
Tras aprobarse una serie de enmiendas en sala, la medida perseguía incluir un nuevo artículo para disponer que incurrirá en delito menos grave toda persona que cometa alteración a la paz en áreas recreativas mediante conductas ofensivas, ya sea mediante expresiones, vituperios, oprobios, desafíos, provocaciones, palabras insultantes o actos que puedan provocar una reacción violenta o airada en quien las escucha.
Estas enmiendas resultaron en el voto en contra de las delegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Proyecto Dignidad y diversos legisladores del Partido Popular Democrático (PPD).
Según establece la pieza legislativa, los cayos, playas, ríos, reservas naturales y áreas turísticas de la isla serán conocidas como zonas de tranquilidad, por lo que se prohibirá el uso de radios y bocinas portátiles con amplificación, salvo la utilización de radios portátiles de uso personal con audífonos.
Asimismo, aquellas embarcaciones que cuenten con radios no podrán ser utilizadas en estas áreas. Cualquier persona que cometa una infracción estará sujeto a una primera multa de $500 y, en caso de ser reincidente dentro de un año a partir de la primera violación, la multa podrá ser de hasta $1,000.
Una tercera reincidencia dentro de un periodo de dos años a partir de la primera infracción podrá conllevar una multa de hasta $5,000 y la confiscación de la embarcación desde la cual se emitió el ruido.
Inicialmente, la medida perseguía controlar la contaminación por ruido en la zona de la reserva natural de La Parguera, en Lajas, pero fue enmendada durante el trámite legislativo para expandir la reglamentación a toda la isla.
El pleno avaló reconsiderar el proyecto de ley en una próxima sesión legislativa.
