Se trata de los Proyectos de la Cámara 1957 y 1958
La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes atendió este miércoles dos medidas que buscan imponer condiciones de penalidad más severas a personas convictas de accidentes de tránsito conocidos como “hit and run”.
El Proyecto de la Cámara 1957 enmendaría la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000) y el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación (2011) a los fines de establecer como mandatorio la imposición de supervisión electrónica y eliminar la fianza diferida por el delito de irse a la fuga tras ocurrido un accidente que provoque grave daño corporal o la muerte de una persona.
Por su parte, el Proyecto de la Cámara 1958 pretende excluir la probatoria o libertad a prueba como alternativa para extinguir la pena fija de 10 años de reclusión en este tipo de casos.
Durante la vista pública surgió el testimonio de Jenniffer Rivera López, madre de la joven Natalia Nicole Ayala Rivera, quien realizó un llamado para la aprobación apremiante de ambos proyectos.
El 9 de noviembre de 2023, Carlos Julián Maldonado Dávila fue sentenciado a 10 años de sentencia suspendida por el “hit and run” que le causó la muerte a Ayala Rivera.
Fotos: Tammy Olivencia
“Esta persona le arrebató la vida a mi hija… Él se va a la huida después de haberle quitado la vida. Va a un cuartel a inventarse un cuento que le dieron un cantazo al vehículo para poder no responsabilizarse de lo sucedido”, expresó Rivera López, quien estuvo acompañada de Edwin Serrallés, padrastro de Ayala Rivera.
“Si hubiera tomado otra acción de responsabilizarse, yo no estuviera aquí. Este accidente puede sucederle a cualquier persona, pero es la acción”, abundó.
Por su parte, Ariana Peña de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) favoreció ambas piezas legislativas y coincidió que son análogas a los esfuerzos de la agencia. ‘’Es necesario revisitar y atender las disposiciones legales que regulen este tipo de choques de tránsito para que, mediante la imposición de condiciones más severas, aquellas personas que luego de estar involucrados en un accidente de tránsito, no abandonen la escena’’.
Asimismo, Peña informó que cuentan con planes de trabajo en marcha dirigidos a la prevención de choques, muertes y heridos en la red vial. ‘’Estos se desarrollan y apoyan a través de programas educativos, la aplicación de ley y la reducción de riesgos en las vías públicas, todo programa que sea homogéneo o consonante a nuestros propósitos dispuestos por Ley’’.
El Negociado de Patrullas de Carreteras detalló que durante el 2022 se reportaron 20 fatalidades como resultado de choques de auto “hit and run”. En cuanto al año pasado, hasta el 24 de diciembre de 2023 se habían registrado 25 incidentes de este tipo.
El Negociado de la Policía de Puerto Rico reconoció la necesidad de reforzar los estatutos vigentes y que la rigurosidad que se pretende añadir operará como un disuasivo para disminuir esta conducta delictiva. Sin embargo, la agencia otorgó deferencia al Departamento de Justicia, al Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).
“La intención de la legislación es que no se repita. Que sea un disuasivo. Que la gente sepa que si cometen una falta como esta y se va (de la escena), va a haber una pena”, afirmó el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Rafael Hernández Montañez. “No queremos menoscabar los derechos que hemos protegido, pero algo vamos a hacer”.
Muestran oposición a los proyectos
Por otro lado, Yahaira Colón Rodríguez, directora de la División de Asuntos Especiales de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL) no favoreció la aprobación de las medidas. ‘’Entendemos que ambos proyectos no tienen justificación ni fundamento para continuar agravando el estado de derecho promoviendo la encarcelación prolongada de un ciudadano que puede cumplir con su responsabilidad penal y las consecuencias de los actos imputados sin tener que ser encarcelados’’.
Según Colón Rodríguez, a pesar del interés del Estado en salvaguardar la seguridad de las personas víctimas de accidentes de tránsito, las medidas propuestas no adelantan la intención ni atienden acertadamente los casos por ‘’hit and run’’.
‘’Ante la existencia de alternativas más civilizadas que el confinamiento prolongado para atender situaciones lamentables en las que puede estar involucrado cualquier ciudadano, no podemos apoyar la aprobación de medidas legislativas que desde un inicio solo buscan la penalización excesiva y el castigo’’, dijo Colón Rodríguez. ‘’La criminalidad y la necesidad de mejorar la calidad de vida son problemas sociales que no encuentran solución mediante la agravación de penas ni el aumento de nuestra población penal’’, puntualizó.
