El Proyecto de la Cámara 345 busca adiestrar a los trabajadores para sus futuros retiros
Luego de que en el pasado cuatrienio quedó detenida una legislación con el mismo propósito, la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes atendió hoy, miércoles, un proyecto de ley para establecer la política pública de capacitación financiera que se debe fomentar en la fuerza laboral en preparación al retiro.
El Proyecto de la Cámara 345, de la autoría del representante Víctor Parés Otero, recibió un amplio respaldo por parte de las delegaciones políticas y entidades financieras en el primer día de vistas públicas. Principalmente, AARP Puerto Rico apoyó la medida tras destacar la necesidad de capacitar a las generaciones de trabajadores más jóvenes.
“Esto, en particular, es un tema que es sobre jubilación o retiro, y va destinado a generaciones más jóvenes. Esto es multigeneracional. No estamos acercándonos a esto como un gremio de jubilados, sino como una organización que se preocupa por la seguridad financiera o el retiro de futuras generaciones”, indicó el director de política pública de la organización, Eddie Olivera, quien señaló que el seguro social no es un ingreso adecuado para la seguridad financiera de las personas jubiladas.
“Entendemos que, desde que el empleado ingresa al trabajo, sea en el sector público o el privado, hay que comenzar con la capacitación financiera”, agregó.
Un estudio sobre la seguridad financiera en el retiro, realizado por la entidad en 2016, reflejó entre los encuestados una falta alarmante de preparación fiscal, pues un 81% contestó que no están aportando ningún porcentaje de su sueldo a retiro, y solo un 17% dijo estar ahorrando.
Sobre 65% de los empleados entre los 35 y 64 años tienen el anhelo de algún día retirarse por completo, pero solo uno de cada cinco (19%) se siente confiado de que podrá alcanzarlo. Entre los impedimentos que los entrevistados identificaron para ahorrar, 67% dijo no contar con dinero luego de pagar las cuentas; 59% no ahorra debido a sus gastos de vivienda; 55% dijo no poder ahorrar por pérdida de empleo, y 54% por tener demasiada deuda que saldar.
Otro 53% informó que no puede ahorrar por estar enfrentando una necesidad suya o de un familiar, mientras que un 47% por estar costeando gastos para la educación de sus hijos. Para este estudio, AARP Puerto Rico entrevistó a través de la isla un total de 800 personas: 200 jubilados y 600 empleados activos en la fuerza laboral, de los cuales 51% trabajaban para el sector público, 32% para el sector privado y 17% por su cuenta.
“Preocupantes estos hallazgos, cuando tenemos a más de la mitad de estos encuestados que tienen dificultades para mantenerse a flote con su situación financiera. Muchas de las personas lo que tienen es el seguro social para vivir, y ese no es el fin del seguro social. Es algo complementario”, expresó el representante Domingo Torres García, presidente de la comisión.
“Veo que esto es una legislación sumamente loable e importante para lo que estamos viviendo en nuestro país”, afirmó.
AARP Puerto Rico destacó que desde inicios de este marzo lleva a cabo un segundo estudio que, en esta ocasión, incluirá a personas de 25 años en adelante que trabajan en el sector público y privado. Este análisis, cuyos resultados deben estar disponibles a finales de abril, persigue identificar las actitudes, patrones de conducta y percepciones de los jóvenes respecto a su seguridad financiera para el retiro.
“La encuesta que se está haciendo es como una revisión de lo que se hizo en el 2016, porque han pasado muchas cosas desde 2016 para acá que afectan el comportamiento de la población. Estamos partiendo de la edad de 25 años, porque lo que nos dicen las tendencias es que, mientras más joven es el empleado o empleada, menos preocupado está por el tema de retiro porque tiene otras preocupaciones”, adelantó Olivera.
Mientras, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) aseguró en la vista pública que el propósito legislativo es atendido “en gran medida” por las disposiciones que contiene su ley orgánica (Ley 8-2017).
La licenciada Diocelyn Rivera, asesora legal de la OATRH, notificó a la comisión que, desde su incorporación, la agencia estableció una alianza con la Universidad de Puerto Rico (UPR) dirigida a aunar esfuerzos para “profesionalizar” a los empleados públicos, mediante adiestramientos ofrecidos por el Instituto de Adiestramiento y Profesionalización de los Empleados del Gobierno (IDEA).
Entre estos cursos libres de costo para todo empleado gubernamental o funcionario que desee participar se encuentra la capacitación financiera. Rivera desglosó al menos cinco cursos que fueron impartidos el año pasado, a través de videoconferencia, relacionados con el manejo del presupuesto personal y planificación económica.
Sin embargo, la funcionaria manifestó la necesidad de que el Instituto, adscrito a la OATRH, cuente con una mayor asignación fiscal que permita continuar con los servicios una vez se agoten los fondos destinados a la UPR para atender los adiestramientos.
“Nosotros estaríamos asumiendo por ley una obligación, que la comprendemos, la aceptamos y la hemos estado atendiendo, pero no estamos totalmente fortalecidos en el aspecto fiscal y necesitaríamos que nos ayudaran con eso”, solicitó Rivera.
Por su parte, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) no tuvo objeción con la medida. En representación de la agencia, la licenciada Enid Cruz reconoció que el gobierno no capacita “lo suficiente” a los trabajadores respecto a su seguridad financiera y coincidió con la propuesta de que los cursos impartidos por la IDEA sean compulsorios.
Cruz opinó que la capacitación financiera deberá ser brindada a estudiantes en el Departamento de Educación desde la escuela primaria. Actualmente, es un mandato de la Ley 152-2015 que el secretario o secretaria de la agencia establezca en las escuelas públicas de nivel intermedio y superior un currículo de capacitación financiera, que deberá ser incorporado a los cursos de matemáticas.
No obstante, tanto los legisladores como los deponentes reclamaron que esta disposición de ley ha resultado nula.
“Nosotros nos quedamos con esa preocupación, y vamos a ver si hacemos parte de estas vistas públicas al secretario de Educación para ver qué necesitaría para ponerlo en vigor, porque esto no es nuevo”, anticipó Torres García.
El proyecto cameral igualmente contó con el respaldo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico y la entidad Consumer Credit Counseling Services of Puerto Rico.
