El Capitolio – La presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros, Yashira Lebrón Rodriguez, anunció que considerará establecer por ley un tope al por ciento de honorarios por contingencia, que pueda recibir un ajustador público en relación al pago de reclamaciones debido a prácticas irregulares.
Esto, tras escuchar los planteamientos del asesor de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), licenciado Alexander Adams y la directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE), la licenciada Iraelia Pernas, durante la discusión en vista pública de la Resolución de la Cámara 1094, mediante la cual se investiga el aumento en la utilización de ajustadores independientes por parte de las aseguradoras del país y la necesidad de regular con nuevos requisitos la figura del ajustador independiente, particularmente en situaciones de emergencia nacional o catástrofes.
“Me estaré reuniendo con la representante Maricarmen Mas Rodríguez, autora de la resolución investigativa, para presentar una nueva legislación a esos efectos. Ahora mismo no existe un tope en cuanto al cobro. Sí hay una carta normativa (CN-237-2018) sobre contratación de Ajustadores Públicos de parte de Agencias e instrumentalidades del Gobierno de parte del Comisionado de Seguros, pero no está establecido por ley. Las recomendaciones que nos dan es equipararlo a lo que se está llevando en la Florida que es un máximo de 10 por ciento para que haya uniformidad”, adelantó Lebrón Rodríguez.
El licenciado Adams, de OCS, aclaró que en Puerto Rico ninguna persona pueda desempeñarse como ajustador de reclamaciones de seguros, a menos que posea una licencia tanto para fungir como ajustador independiente, que representa al asegurador o como el ajustador público que representa al asegurado. Además, del ajustador de emergencia que ostenta una licencia provisional para asistir en casos de catástrofes. Adams indicó también que debido a la gran cantidad de reclamaciones que surgieron tras el embate de los huracanes Irma y María, para el ajuste de reclamaciones de seguros, se impuso un límite de 10 por ciento.
La licenciada Pernas, de ACODESE, planteó la problemática en cuanto a que la mayoría de los casos de las reclamaciones post María, que aún se está dilucidando, “no se han podido resolver debido a los patrones indebidos de conducta de los ajustadores públicos. Hay querellas pendientes ante la Oficina del Comisionado en la que se imputan prácticas desleales y acciones fraudulentas. Cuando interviene un ajustador público, su compensación de ordinario es contingente a lo que pague el asegurador. Esto ha provocado que las reclamaciones se presentan con estimados irreales e inflados”.
Igualmente, señaló que esto ha dado paso a múltiples querellas presentadas por las aseguradoras ante la OCS, las cuales aún están en curso.
Mientras que Adams amplió informando que, de acuerdo con una revisión tras los huracanes de Irma y María, “al momento entre el periodo de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2019 se emitieron querellas en contra de 11 ajustadores públicos. Las sanciones podrían fluctuar entre de $5,000 hasta $50,000 en multas. Al 31 diciembre de 2019, hay 293,000 reclamaciones y a esta fecha se han resuelto el 97.7 por ciento, mientras que 3,000 reclamaciones están en litigio y pendientes en los tribunales. Y al 31 de diciembre cesaron de emitir las licencias de ajustador especial.”
De igual manera, el abogado solicitó el apoyo de la Comisión en relación a la contratación de más personal. “Es oportuno mencionar que en los últimos cinco años la OCS ha sufrido una fuga de talento con conocimientos técnicos y especializados en la materia de seguros. Al presente la OCS opera con cerca de 50 por ciento de su plantilla de empleados, al mismo tiempo en que continúa el aumento en volúmenes de trabajo. Lo que hace necesario allegar personal especializado en seguros adicional a la Agencia. Es un reto para brindar un servicio más expedito. Aún con el establecimiento de procesos automatizados y la implementación de tecnología tenemos necesidad de más personal especializado”.
Ante este cuadro, la representante Lebrón Rodríguez, expresó su preocupación en el escenario de los continuos temblores que sufre la Isla, enfrentando un panorama diferente a Irma y María, cuyos endosos en este renglón dependen de la cantidad de movimientos.
“Lo que no deja muy claro, porque puede haber un temblor hoy, otro mañana, Dios no lo quiera más grande. Pues, son dos tipos de señalamientos, son dos veces que se lleva a cabo el deducible, cuando vienes a ver el consumidor es el que se va a ver afectado. Las reclamaciones no son solo en el sur, también otros pueblos se han visto afectados… entiendo que en este momento hay que ponerle un alto, un tope”, concluyó la legisladora.
