A la cuarta audiencia pública acudieron el Departamento de la Familia, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, la Alianza de Autismo de Puerto Rico, y otros profesionales de la salud.
La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes concluyó hoy, miércoles, el proceso de audiencias públicas para discutir el Proyecto de la Cámara 1948, que derogaría la vigente Ley de Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Pre-Escolares y Estudiantes (Ley Núm. 25 de 1983).
Reconociendo el derecho de patria potestad de los padres sobre los menores, Ciení Rodríguez Troche, secretaria del Departamento de la Familia (DF), se expresó a favor de las vacunaciones en un memorial escrito.
“La responsabilidad por el bienestar de un menor conlleva el desarrollo de destrezas de crianza, conocimiento en aspectos relacionados con su salud, educación, entre otros. Es por ello que, en el caso de las vacunas, fomentamos su administración en pro de la salud de estos”, leyó la licenciada Carolina Guzmán Tejada en representación del DF.
Sin embargo, el doctor Humberto Guiot, catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico (SEIPR), rechazó el proyecto debido a que debe prevalecer la noción de que las vacunas son seguras.
“Las vacunas pasan por un estricto proceso de desarrollo y elaboración, donde la seguridad y efectividad se evalúan científicamente en diferentes fases a través de la rigurosidad de la investigación”, leyó el Médico Infectólogo.
Guiot argumentó que “debemos seguir vacunando rutinariamente para algunas de las enfermedades que raramente vemos hoy (polio, tos ferina, sarampión, difteria), para evitar que vuelvan a aparecer”. “Con los viajes, la inmigración y la globalización es muy fácil, actualmente, entrar en contacto con esas enfermedades contagiosas y que se desarrollen brotes en la población”, aclaró el Presidente de SEIPR.
Asimismo, fue citado el pediatra y expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMC), el doctor Víctor Ramos Otero, quien denunció el proyecto de ley como uno basado en la desinformación. “No hay que arreglar lo que no está roto, cuando hay tantas cosas rotas en Puerto Rico y en nuestro sistema de salud”, puntualizó el Expresidente del CMC.
El licenciado y profesor de la Pontificia Universidad Católica (PUCPR), Pedro Ortiz Álvarez, calificó el proyecto de ley como “insostenible” debido a que obligar a los niños a vacunarse ha sido avalado por las jurisprudencias federales desde 1905.
“La Corte Suprema federal ha sostenido que ni los derechos religiosos ni los de paternidad están más allá de limitaciones razonables impuestas por el Estado en aras del bienestar de los menores y de la comunidad en general. Por lo tanto, la objeción a la vacunación basada en la libertad religiosa no puede prevalecer sobre el mandato de vacunación establecido por el Estado para proteger la salud pública”, opinó el profesor universitario.
Ortiz Álvarez también expresó que las objeciones por conciencia o motivos filosóficos no tienen base en el derecho constitucional. “El gobierno tiene el poder de promover el bienestar general y la seguridad pública. Por lo tanto, las leyes de vacunación obligatoria y otras regulaciones de salud pública tienen un fundamento sólido en la autoridad constitucional para proteger la salud y seguridad de la población en general”, abundó el licenciado mediante escrito.
A favor del proyecto
La directora de la Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR), Joyce Dávila Paz, manifestó su apoyo al Proyecto de la Cámara 1948 alegando que evitaría que se vacunen a los niños de manera indiscriminada. “El derecho a saber los riesgos de la vacunación es totalmente violado en la legislación actual. Apoyamos al P de la C 1948 porque honra la potestad de los padres de velar por la salud de sus hijos tomando en cuenta las particularidades e historial de cada individuo”, denunció la Directora de AAPR.
“Desde principios de 1980, se ha producido un aumento dramático y sin explicación en los trastornos inflamatorios y del desarrollo neurológico en lactantes y niños, incluyendo autoinmunidad y alergias”, agregó la Directora, preocupada por el alza en problemas de aprendizaje, asma, autismo y diabetes.
A esta postura se unieron la dentista Ruth Carro Feliciano, la pediatra y salubrista Rosalina Valcárcel-Ruiz, y la portavoz de Alerta Puerto Rico, Tamoa Vivas.
“Es necesario tener un comité asesor en vacunación para que los procesos sean transparentes, y que las decisiones que afectan a todos no pueden ser discrecionales de un Secretario de Salud, o sus empleados”, señaló la doctora Carro Feliciano.
“¿Debemos coaccionar a alguien a vacunar a cambio de los derechos fundamentales de educación, servicios de salud, y otros servicios indispensables? ¿En el modelo salubrista de prevención, solo existe la vacunación?”, cuestionó la doctora Valcárcel-Ruiz.
“Debemos dejar sin efecto la Ley 85 del 1983 lo antes posible, aprobando el Proyecto de la Cámara 1948, asegurando así nuestros Derechos Naturales, Constitucionales, Legales y nuestras Libertades como una sociedad democrática”, recalcó Vivas en su ponencia.
El Proyecto de la Cámara 1948 se radicó con el propósito de crear una nueva Ley de Vacunación de Estudiantes. Le corresponde a la Comisión de Salud emitir un informe que, de resultar positivo, llevaría al proyecto de ley a votación en el hemiciclo cameral.
