El Proyecto de la Cámara 916 busca modificar este permiso creado con el propósito de consolidar e incorporar trámites en una sola solicitud
La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) endosó este jueves un proyecto cameral que busca, entre otras enmiendas a la Ley de Permisos de Puerto Rico (Ley 161-2009), modificar la vigencia del Permiso Único de uno hasta cinco años con el fin de atemperarlo a la realidad que viven los negocios en la isla.
La agencia compareció a una vista pública de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios de la Cámara de Representantes como parte de la evaluación del Proyecto de la Cámara 916 (P.C. 916), el Proyecto de la Cámara 688 (P.C. 688), el Proyecto de la Cámara 850 (P.C. 850) y el Proyecto del Senado 122 (P.S. 122). Las cuatro medidas persiguen realizar una amplia gama de cambios a la Ley 161 en aras de mejorar la agilidad y eficiencia en el proceso de otorgación de permisos en Puerto Rico.
“Los permisos han sido una situación en nuestro país y para los comercios que ha sido bien difícil, y aún más con las situaciones que están pasando con la luz, con los apagones, el alza del gas licuado, etcétera”, expresó el representante Jessie Cortés Ramos, presidente de la comisión cameral.
“El sistema tan burocrático que existe en nuestro país en muchas ocasiones hace que (el proceso) de estos permisos sea bien luchado”, agregó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).
Mediante el Permiso Único, creado bajo la Ley 19-2017 para el inicio o continuación de la operación de un negocio, se consolida el Permiso de Uso, la Licencia de Cumplimiento Ambiental, la Certificación para la Prevención de Incendios, la Licencia Sanitaria y cualquier otra autorización aplicable.
Sin embargo, algunos de los obstáculos que aún enfrentan miles de negocios son la tardanza en los procesos de inspección, duplicidad de procesos, tardanza en la expedición del permiso y la falta de un sistema digitalizado eficiente.
La OGPe no objetó la cantidad de años de vigencia propuestos, pero aclaró que los cobros por servicio – de acuerdo con los años solicitados por el comerciante – serán establecidos mediante Orden Administrativa de Cobro exclusivamente para las licencias y certificaciones aplicables, con cualquier otro cargo aplicable de uso de sistema.
Según el Reglamento Conjunto para la evaluación y expedición de permisos que entró en vigor el 2 de enero de 2021, el Permiso Único se debe renovar en períodos de uno, dos o tres años a conveniencia del solicitante. Este proceso se lleva a cabo a través de la plataforma digital de la OGPe, sin costo adicional y deberá ser con entrega automática de cumplir con toda la documentación requerida.
El P.C. 916 – presentado por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) – pretende establecer un periodo máximo de dos años desde el cese de la operación y la expiración del Permiso Único para poder renovarlo. De haber transcurrido más de dos años, el comerciante deberá solicitar un nuevo permiso.
“Ciertamente, la (medida) 916 atiende la problemática de los permisos desde una perspectiva más realista de lo que realmente está sucediendo en la Oficina de Gerencia de Permisos”, destacó la licenciada Edmée Zeidan Cuebas, directora de Asuntos Legales de la OGPe.
La funcionaria reconoció que el proceso de adaptación de los comerciantes para obtener el Permiso Único creó un tipo de taponamiento de casos en la agencia, pero aseguró que esa situación se ha corregido. Mientras, señaló que la mayor tardanza en la otorgación de permisos se produce con el Permiso de Uso, puesto que la agencia debe ejecutar su proceso de planificación según el lugar donde el solicitante pretende establecer el negocio o propiedad.
“Esos procesos, que después tienen que ir a procesos discrecionales, son los que hoy por hoy se tardan, porque tienen que ir a un proceso de participación pública, etcétera. Pero un permiso ministerial, que cumple con todo, yo le puedo asegurar que podría salir casi en automático”, indicó Zeidan Cuebas.
“En la medida que la legislación o la reglamentación atienda la real problemática, la OGPe y los municipios autónomos lo están implementando. En la medida que estas medidas tienen ese fin correcto, debería mejorar cualquier señalamiento con relación al proceso de permisos”, afirmó.
La Federación de Alcaldes igualmente apoyó la pieza legislativa, aunque consideró que la propuesta de reducir a un máximo de dos días para evaluar y adjudicar una solicitud de permisos sometida bajo la Ley de Certificación de Planos o Proyectos (Ley 135-1967) es “muy poco tiempo” para que la OGPe o el municipio con jerarquía 1 a la 3 pueda expedirlo. Actualmente, el término máximo es de 30 días, pero la asociación recomendó un periodo mayor de cinco días para completar el proceso.
Asimismo, la propuesta enmienda indica que la OGPe y el municipio autónomo solo validarán el uso y el estimado de costos para los casos sometidos y certificados bajo la Ley 135. No obstante, la Federación opinó que todo trámite debe ser examinado en su totalidad.
“Toda esta evaluación y examen de todos los documentos sometidos y los no sometidos nos permiten tener un caso o expediente más completo, el cual será auditado posteriormente por la Oficina de Auditoría de la Junta de Planificación”, dijo el director ejecutivo José Velázquez Ruiz.
Por su parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) avaló la aprobación de la medida al asegurar que la enmienda propuesta a la Ley 135 para que los Permisos Generales se expidan en un término de dos días se puede lograr con la plataforma digital de la OGPe. La agencia informó, sin embargo, que no cuenta con una plataforma de permisos para los 205 trámites que evalúa y otorga.
“Con la debida fiscalización y sanciones por incumplimiento, entendemos la conveniencia de que los Permisos Generales y permisos ministeriales certificados sean otorgados por el propio ingeniero, arquitecto o profesional licenciado, bajo su firma o sello; asegurándose que el profesional autorizado cumpla con todas las responsabilidades aplicables, y que responda por las funciones realizadas”, determinó el DRNA en una ponencia firmada por el secretario Rafael Machargo Maldonado.
“De esta forma las agencias pueden dedicar la mayor parte del tiempo y esfuerzo a la fiscalización”, sostuvo.
Además, el DRNA favoreció la enmienda propuesta a la Ley 135 que atiende los asuntos relacionados a la OGPe, pues todos los Permisos Generales y permisos ministeriales certificados por un ingeniero o arquitecto cumple con la evaluación y recomendaciones de la agencia.
