Siguen saliendo cosas a la luz pública ahora le toca el turno a la secretaria de justicia y próxima gobernadora de Puerto Rico según los documentos que tiene en su poder En Blanco y Negro con Sandra indica que la secretaria de justicia Wanda Vazquez incurrió en una serie de delitos y violaciones y a esta la inhabilita para trabajar en ambos cargos por ser la coautora, encubridora y artífice de esquemas de corrupción que precisamente aceleraron la salida del poder a Ricardo Rosselló.
Estos delitos y violaciones de ley conllevan a prisión por negarse a investigar el escándalo de los vagones en la distribución de los suministros tras el paso del huracán Maria. También existen prueba documental; que coloca a Vazquez en negarse a investigar un caso referido por el ex-secretario de la Gobernación Raúl Maldonado, relacionado a un esquema de venta de influencias a otorgamiento de licencias para los negocios vinculados a la Junta del Cannabis Medicinal que ese esquema toca de cerca a La Fortaleza.
En ese proceso Vazquez actuó de abogada de Rosselló, donde lo coloco en un segundo o tercer plano al pueblo en el momento de mayor crisis. Esto explica porque razón ella opto por quedarse fuera de La Fortaleza donde se determinaban como se investigarían los asuntos criminales y así evitando que los casos controversiales cayeran en Justicia.
Todos los documentos incluyen copias de correos electrónicos, mensajes de chat, documentos de empresas vinculadas al Cannabis Medicinal, reglamentos y hasta un informe hecho por Maldonado y un referido a Justicia.
La evidencias de documentos hacia Vazquez que cometió una serie de delitos como la violación del articulo 262 del codigo penal del incumplimiento del deber, el articulo 263 negligencia en el cumplimiento del deber y el articulo 280 de encubrimiento por negarse a investigar las irregularidades y traqueteos relacionados con el programa de Unidos por Puerto Rico de ayuda a los damnificados por el huracán.
Cargos de los vagones
Mientras miles de personas morían o pasaban hambre y sed tras el paso del huracán María, trascendió públicamente que se desviaron los vagones con los suministros para beneficiar a personas del gobierno. Y meses mas tarde, hubieron voces en el gobierno encabezadas por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y que exigieron que se llevara a cabo investigaciones para hallar porque las ayudas no llegaron, lo cual todo era ilegal.
En todo ese proceso Vazquez adjudicó sin realizar una investigación, que no hubo una comisión de delito con el tema de los vagones. Dicha acción constituye un abandono en su rol de secretaria de Justicia. Además demuestra un interés de no descubrir la verdad para proteger y beneficiar a la Primera Dama Beatriz Rosselló y a sus demás miembros de la junta vinculados al proyecto de Unidos por Puerto Rico, que era la organización que se creo para distribuir los fondos entre los damnificados.
«Me enviaron un borrador de comunicado de su oficina sobre el informe de los vagones. No tengo elementos para opinar del mismo. Entiendo debe ser la OSG quien divulgue los resultados al pueblo. Desconozco la metodologia y el proceso llevado a cabo. De hecho si no hay conducta criminal, no se debe referir a Justicia», sostuvo Vazquez en un intercambio en un chat con el exsecretario de la gobernacion Raul Maldonado.
Maldonado le responde: «OK, cambio el comunicado y no envio el informe a Justicia. Hablamos mañana y gracias por sus comentarios». A esto Vazquez le responde: «Es lo mejor. Que no haya accion criminal y no requiere intervencion de Justicia. Asi no me ponen en posicion de investigar y emitir opiniones».
Casos de Cannabis Medicinal
En el segundo caso se relaciona a la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal donde Vazquez supo de un esquema de venta de influencias entre otras violaciones de ley, según la evidencia de documentos en el poder de En Blanco y Negro con Sandra. Que hasta el día de hoy, Vazquez no ha realizado la investigación requerida, ni tampoco actuó la jefa de fiscales Olga Castellón. Esto plantea un patrón de procesamiento selectivo y doble vara al momentos de investigar los casos de corrupción.
En este caso también se involucra la ex-asesora del gobernador en el área de desarrollo e infraestructura María Palau y su esposo el abogado Jose Giovanni Ojeda Rodriguez en una serie de presiones indebidas y conflictos de interés.
Palau trato de que el director de la Junta de Cannabis Medicinal, Antonio Quilinchini, entregara las licencias sin debido proceso, a lo que este se negó consistentemente. Ademas Palau redacto 3 resoluciones para la firma de Quilinchini que el tenia que firmar, alegando que era por instrucciones del gobernador.
Se llevaron acabo 3 reuniones a principio del 2017 en La Fortaleza con la entonces subsecretaria de la gobernación Itza Garcia y Quilinchini. En esas reuniones estuvo presente Ojeda Rodriguez, quien daba opinión sobre como trabajar los asuntos del cannabis medicinal y cuestionaba las acciones de Salud, ademas recomendaba empresas a contratar y a la cancelación de contratos y que se dieran licencias a nuevas empresas. Ojeda Rodriguez no trabaja en el gobierno.
Entonces Quilinchini se negaba a seguir las instrucciones de Ojeda Rodriguez y de Palau, quienes decían que representaban al gobernador Rossello. Posteriormente Palau y su esposo comenzaron un patrón de presiones hacia Quilinchini para que se reuniera con empresas y les concediera las licencias para operar los dispensarios de cannabis. Palau ademas cabildeo en La Fortaleza para que el gobernador destituyera a Quilinchini y nombrara en su lugar a alguien que le respondiera a ella.
El secretario de Salud Rafael Rodriguez enterrado de las irregularidades, llevo la preocupación al ante entonces secretario de la gobernación Raul Maldonado, quien primero se entrevisto con Quilinchini. En dicha reunión habían varios abogados que redactaron una relación de hechos. Maldonado decide llevar el caso al gobernador Rossello para que no le afectara pero el mandatario lo descarto como si fuera un «Chisme»
Maldonado seguía preocupado por el vinculo de Palau con La Fortaleza y como esto podría afectar a Rossello, por lo que decidio conversar el asunto con el amigo del gobernador Elias Sanchez y con ex-asesor legal Alfonso Orona. Orona le dice que no refiera el caso a Justicia. Pero Maldonado lo hizo. Lo discutió con Vazquez y con Olga Castellón. Castellón dice hay que destituir a Palau, pero no hicieron nada.
Según dicen los documentos todos estos eventos ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2017. Coinciden con la investigación por el escándalo del chat WhatsApp que termino con la salida de García y William Villafañe de La Fortaleza. La investigación colateral que provoco dicho caso para la misma fecha fue en la que se le cuestiono la intervención de Vazquez como secretaria de justicia para tener control del proceso en el cual su hija y yerno fueron «perjudicados» de un escalamiento en Gurabo. La residencia escalada era alquilada a la abuela del yerno y unos escaladores era su primo hermano. Esto desemboco en la acusación de un FEI a Vazquez, que termino con una determinación de no causa en la vista de Regla 6.
Hoy Puerto Rico vive una crisis fiscal, la renuncia del gobernador Rosselló y la ausencia de un secretario de Estado en propiedad, y Vazquez sera nombrada gobernadora. Preguntamos esta estará capacitada para el cargo ante tantos señalamientos de violaciones de ley. Maldonado fue despedido del gobierno cuando dijo que había una mafia institucional. Ahora la pregunta es: ¿A cual mafia institucional se refería Maldonado, a la de Hacienda, o la de Justicia o a todas?
