Los trabajos fueron dirigidos por la Comisión de Asuntos Laborales presidida por el representante Domingo J. Torres García
Durante la mañana de hoy lunes, 13 de junio de 2022, la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes dio inicio al proceso de vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 1356 que busca fomentar acuerdos entre empleados, contratistas y patronos para facilitar y promover el mejor uso del trabajo remoto o desde el hogar dentro o fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.
La medida que crearía la ‘’Ley para facilitar la implementación del trabajo a distancia en la empresa privada y convertir a Puerto Rico en el Centro Digital de las Américas’’, busca establecer la política pública de facilitar e incentivar el ‘’work from home’’ siempre que sin ello no represente una carga para ninguna de las partes. Asimismo, no se le impondría la obligación a ningún patrono de implementar el trabajo desde el hogar.
Del mismo modo, el proyecto propone que el trabajo remoto rendido para patronos estará exento de patentes municipales. En el caso de contratistas aplica el estado de derecho tributario vigente.
Igualmente, los patronos de jurisdicciones extranjeras que no se dediquen a industrias o negocios en la jurisdicción de Puerto Rico ni al negocio de ventas tributables en la Isla, estarán exentos de cumplir con la leyes laborales y tributarias locales.
‘’Lo que estamos buscando es mantener a las personas que están en Puerto Rico y más aún traer de vuelta a los que están fuera para que vean a la Isla como un destino favorable y atractivo para trabajar de forma remota. Vamos en la dirección de flexibilizar ciertas medidas para que puedan establecerse y brindarles beneficios a los empleados’’, destacó el presidente de la Comisión, Domingo J. Torres García.
A la vista pública compareció el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA), el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
Por parte del DDEC, el Lcdo. Bryan O’Neill Alicea dijo que ‘’somos conscientes de que, en la actualidad, en el contexto del sector privado, no existe un estatuto que agrupe ni guíe o regule la implantación del trabajo a distancia. Si bien es cierto que la legislación en materia laboral no prohíbe arreglos de esta naturaleza, la realidad es que la legislación laboral en el ámbito privado tampoco ha sufrido enmiendas que establezcan con claridad los parámetros específicos que le aplican a aquellos empleados, contratistas, patronos locales y extranjeros que contemplen la viabilidad de implementar el trabajo a distancia’’.
‘’Somos del criterio que es necesario adoptar legislación que regule el trabajo a distancia en el sector privado, pero consideramos que todo lo que corresponde a posibles exenciones, el Departamento no cuenta con los recursos ni el personal para atender esos futuros beneficios’’, abundó el Ayudante Ejecutivo de la agencia.
Por otro lado, el CCPA, representado por su presidente, Oscar E. Cullen expuso que ‘’favorecemos en términos generales el que se flexibilicen las disposiciones sobre permisos de uso, leyes laborales y las implicaciones en Puerto Rico para las empresas que permitan que algunos empleados trabajen remotamente en la Isla. Sin embargo, no favorecemos el que se dispongan esquemas de tasas reducidas o de exención total, que se pretende otorgar a los contratistas independientes o empleados que trabajen en Puerto Rico prestando servicios para exportación que no tengan nexo con la Isla’’.
‘’Nos parece que otorgar estos beneficios podría ser discriminatorio ya que crearía dos tipos de profesionales ejecutando funciones similares en posiciones diametralmente opuestas. Aquellos empleados que se muden a Puerto Rico trabajando para patronos fuera de la Isla pagando cero contribuciones sobre ingresos y, por ende, tengan mayor poder adquisitivo para comprar propiedades, invertir u hacer otras gestiones y aquellos que pueden estar haciendo funciones similares como empleado en Puerto Rico y estén pagando hasta el 33% de contribución sobre ingresos’’, agregó Cullen.
De otra parte, Naomi Álamo Rivera, en representación del DTRH, estableció que ‘’existen incongruencias en el proyecto. Por un lado, menciona que ningún patrono está obligado a implementar el trabajo a distancia indistintamente de si ello representa una carga indebida o no, pero acto seguido establece que una solicitud para trabajar a distancia no podrá ser rechazada injustificadamente. Entendemos que esto último podría limitar la capacidad gerencial del patrono por lo que debemos fomentar que los acuerdos de trabajo remoto sean de manera voluntaria’’.
De la misma manera que el DDEC, la Procuradora del Trabajo subrayó que la agencia necesitaría asignaciones presupuestarias para cumplir con las disposiciones realizadas por la Asamblea Legislativa para garantizar que el estado de derecho fomente el trabajo desde el hogar o a distancia.
‘’Esto es una medida loable y el trabajo remoto es algo que llegó para quedarse. Es insostenible batallar entre los golpes propiciados por los terremotos, huracanes, pandemia y ahora una inflación que ha disparado los precios de la gasolina. Por eso, tenemos que dedicar nuestros esfuerzos para atraer a todas las personas hacia a Puerto Rico y que brinden una inyección económica que ayude al desarrollo de la Isla’’, puntualizó el representante Torres García.
