Un proyecto cameral busca crear un solo estatuto más abarcador mediante enmiendas a la Ley de Transparencia y la derogación de la Ley de Datos Abiertos
Luego de una serie de foros con representantes de gremios periodísticos, entidades sin fines de lucro y agencias de gobierno, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes inició hoy las vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 1303, que establecerá un nuevo ordenamiento jurídico que propicie un mayor acceso a la información pública.
La medida avalada por representantes de cuatro delegaciones políticas persigue enmendar la Ley 141-2019 (Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública) y derogar la Ley 122-2019 (Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico), con el fin de extraer los aspectos más importantes de esta última y lograr una sola legislación más eficiente.
Entre la diversidad de cambios propuestos, la pieza expandirá el tipo de información que se considerará pública y reducirá las excepciones para la denegación de información pública ante los reclamos de confidencialidad que puedan levantar las entidades gubernamentales.
Asimismo, establecerá que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) será la entidad responsable de implantar la política pública de acceso a la información pública; creará el cargo del Principal Oficial de Información Pública y Estadísticas del Gobierno; e impondrá sanciones administrativas, entre otros propósitos.
Sin embargo, en la evaluación del proyecto, entidades periodísticas mostraron reparos con varias disposiciones, por lo que expresaron no apoyar ni rechazar la medida hasta tanto se adopten las enmiendas sugeridas. Esa fue la opinión del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), cuya directora ejecutiva Carla Minet señaló que existen dos desaciertos principales en la pieza legislativa que crean “barreras innecesarias” para acceder a información pública.
De una parte, la organización se opone al alcance propuesto sobre qué significa “información confidencial”, así como al lenguaje y categorías incluidas sobre las excepciones a la divulgación de información pública. En segundo lugar, Minet comentó que les parecen problemáticas las disposiciones que confunden los conceptos de “datos públicos” e “información pública”.
“Entremezclar conceptos de ambas leyes (Ley 141 y Ley 122) tiene el efecto de crear una nueva Ley de Transparencia que añade más trabas burocráticas para el acceso a la información pública. En específico, nos referimos a las definiciones y uso a lo largo de todo el proyecto de ley de conceptos como ‘datos’, ‘datos públicos’, ‘información pública’ y ‘formatos abiertos’”, manifestó la directora ejecutiva.
“La pieza legislativa no debe tratar ‘información pública’ y ‘datos públicos abiertos’ como si fueran elementos distintos. El único objeto de protección jurídica en esta medida se llama ‘información pública’. Todo lo demás está subsumido en ese concepto”, abundó.
Con la posición del CPI coincidió mayoritariamente la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), Damaris Suárez. En cuanto al listado de excepciones, el gremio sugirió que se deben mantener las cinco que ya están reconocidas por la jurisprudencia.
Suárez destacó, específicamente, preocupación con el lenguaje amplio de una excepción propuesta en la medida que clasifica como confidencial las direcciones, números telefónicos, información financiera, entre otros datos, porque no aclara a qué personas naturales se refiere.
“Existe información, por ejemplo, de contratistas que no son figuras jurídicas y son figuras naturales. Entendemos la preocupación sobre la información sensitiva que obra en los expedientes de personal, pero nos parece que es innecesaria ponerla como excepción porque ya eso lo dice una ley”, afirmó.
Ambas entidades consideraron positivo la reducción de 10 a cinco días como término para la entrega de una información solicitada, pero objetaron proveer más tiempo a las oficinas regionales, que, según el proyecto, tendrán un plazo de 10 días en lugar de los 15 que establece la ley vigente.
De igual forma, tanto el CPI como la Asspro expresaron reservas en delegar “excesivamente” deberes y responsabilidades al IEPR que consideran fuera del alcance de sus facultades, por lo que rechazaron que cualquier entidad gubernamental tenga poder decisional centralizado sobre la información pública en Puerto Rico.
“En las mejores prácticas internacionales de transparencia, el órgano garante es un comité o comisión independiente compuesto por conocedores del tema. Si bien es cierto que el Instituto pudiera encargarse de la publicación proactiva de los datos de las agencias, este carece de personal y de presupuesto para la cantidad de deberes que este proyecto le delega”, puntualizó Suárez.
Instituto afirma tener capacidad
El director ejecutivo del IEPR, Orville Disdier, refutó la opinión de las entidades periodísticas al asegurar que su agencia -que denominó autónoma administrativa y fiscalmente- está “ampliamente capacitada y comprometida” para lograr la ejecución del proyecto.
El funcionario, no obstante, consideró algunas recomendaciones para perfeccionar el alcance de la medida, principalmente, en la imposición de sanciones administrativas. Disdier apuntó que se deben hacer explícitos los mecanismos de sanciones específicas por parte del Instituto para poder exigir a las agencias que cumplan con los requisitos establecidos para la divulgación rutinaria y proactiva de la información.
Además de la reducción en la entrega de información, el proyecto facilita las gestiones que puede realizar cualquier ciudadano al solicitar información pública, pues amplía las herramientas para solicitar la información libre de costo y declara que el solicitante no tiene que especificar el motivo de la petición.
La medida también crea un nuevo artículo en la Ley 141 que dispone que cuando medie obstrucción, negligencia, mala fe, temeridad o negativa caprichosa en el trámite de una solicitud de información, el Tribunal podrá imponer al servidor público responsable o a la entidad gubernamental una multa no menor de $250 ni mayor de $500.
Aunque el proyecto le asigna al Instituto un presupuesto de $390,000 para el primer año de vigencia de la ley, Disdier reconoció que necesita contar con más recursos económicos para años fiscales subsiguientes.
“Es indiscutible que la aprobación de la legislación representa un gran reto para el Instituto, pero nos adaptaremos sin reparo. Sin embargo, enfatizamos que es esencial que se asignen los recursos y el presupuesto necesario para poder llevar a cabo las funciones requeridas”, instó el director ejecutivo, quien desempeñará las funciones del nuevo cargo de Principal Oficial de Información Pública y Estadísticas.
Mientras, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) indicó que el Poder Judicial está en la “mejor disposición” de colaborar con el Instituto y con el Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS) en el cumplimiento de la divulgación de datos, pero entienden que algunas de las facultades otorgadas a estas agencias pudieran incidir en su autonomía administrativa en cuanto al manejo de los documentos públicos que tiene bajo su custodia.
De igual forma, en una ponencia firmada por el director Sigfrido Steidel Figueroa, la OAT objetó que estas entidades -las cuales calificó como ajenas a la función judicial- tengan la facultad de determinar la información que el Poder Judicial pueda o no publicar en su portal de Internet.
Por su parte, la directora ejecutiva interina del PRITS, Nannette Martínez, indicó tener inconvenientes con la derogación de la Ley 122 y abogó que debe ser esa agencia la encargada de establecer la política pública de acceso a la información pública.
“Entendemos que esta responsabilidad debería recaer en PRITS y en todo caso el director de Estadísticas colabore conjunto a PRITS, como lo hemos hecho hasta el momento en la ejecución para el cumplimiento de los proyectos sobre tecnología, generación de datos y que, a su vez, colabore con los procesos designados para la implementación de esta ley”, dijo Martínez.
El representante popular Jesús Manuel Ortiz, quien preside la Comisión de Gobierno, enfatizó estar abierto a que el proyecto, del cual es autor, sufra las enmiendas necesarias para perfeccionar su alcance. Para una próxima vista pública comparecerá el Departamento de Justicia y el Overseas Press Club, ya que ambas entidades fueron excusadas de su comparecencia hoy.
Además de Ortiz González, lideran el esfuerzo legislativo los representantes José Bernardo Márquez Reyes, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); José “Che” Pérez Cordero, del Partido Nuevo Progresista (PNP); y Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
“Estamos en la mejor disposición de atemperar cualquier cambio y ajuste que haya que hacer con la medida. El fin de este esfuerzo es que tengamos un andamiaje legal que garantice el acceso a la información de la manera más efectiva posible. Esta legislación no está escrita en piedra y quiero dejar claro que estamos abiertos a seguir mejorándola’’, dijo Ortiz González.
