Piden que la otrora Junta de Calidad Ambiental vuelva a contar con autonomía para funcionar de manera óptima
El sindicato Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico denunció hoy a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que la consolidación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) con la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales no ha permitido un funcionamiento efectivo de la agencia.
Las expresiones de la presidenta del Concilio 95, Jessica Martínez Santos, surgieron en una vista pública para investigar el cumplimiento del Plan de Reorganización del DRNA de 2018 bajo la Resolución de la Cámara 751.
De acuerdo con la líder sindical, los procesos dentro del DRNA continúan siendo burocráticos y “lentos”, al tiempo que la agencia no está cumpliendo con la responsabilidad conferida bajo la Ley 171-2018 que dio paso a la reorganización.
“Nuestros recursos naturales no tienen la protección que se merecen y los delitos contra el ambiente son más comunes y rutinarios. La naturaleza diversa que tiene cada agencia en esta agrupación ralentiza la toma de decisiones y dificulta la implementación oportuna de políticas y regulaciones específicas”, expresó Martínez Santos durante su ponencia.
La portavoz aseguró que la Ley 171 no ha representado ahorros en el gasto público “ni mucho menos ha garantizado una gestión más fiscalizadora a beneficio de nuestro ambiente, recursos naturales y parques nacionales”, ya que destacó que cada agencia tiene un rol diferente que cumplir a pesar de tener una visión común.
Asimismo, Martínez Serrano argumentó que el DRNA no tiene la empleomanía necesaria para cumplir con todas las responsabilidades que actualmente tiene como agencia. “El DRNA no garantiza la salud y la seguridad de sus trabajadores. El DRNA es una agencia que está completamente desenfocada en su misión de proteger y preservar el ambiente y los recursos naturales”, señaló.
Con las críticas del sindicato coincidió Juan Babá Peebles, coordinador de instalaciones federales en la Secretaría Auxiliar de Cumplimiento Ambiental que ahora tiene las funciones de la otrora JCA. Para el funcionario, la reorganización no ha cumplido con sus objetivos y pudiera poner en riesgo los fondos que recibe la agencia.
Entre el largo listado de motivos, Babá Peebles destacó que la integración de ambas ha “incrementado enormemente” la burocracia en los trámites administrativos, lo que ha entorpecido los nombramientos, compras y contratos de unidades que antes componían la JCA.
Según el empleado, actualmente la otrora JCA posee un acuerdo cooperativo con el Programa de Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) mediante el cual se asigna dinero para proyectos de infraestructura sanitaria y pluvial; estudios estuarios; control de inundaciones, entre otros.
El DRNA, como entidad que absorbe a la JCA, es la encargada junto con la Agencia para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) de administrar los fondos asignados. Por tal razón, la fusión de las agencias descalificó al DRNA de beneficiarse de estos fondos debido a posibles conflictos de interés, dijo Babá Peebles.
Entre esos posibles conflictos mencionó que los componentes de la JCA que otorgan permisos están obligados a evaluar los propios permisos que solicita el DRNA; no existe un proceso de revisión de las decisiones tomadas o evaluación de dispensas mediante la Junta de Gobierno como ocurría con la JCA; y la JCA regula actividades que realiza el DRNA dándose permisos a sí mismo.
“Si bien es importante evaluar posibles mejoras en la gestión medioambiental, unificar las funciones de la JCA y el DRNA como una sola agencia ha traído consigo desafíos y potenciales inconvenientes que deben ser considerados cuidadosamente”, manifestó Babá Peebles. “Para cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva, la JCA debe contar con autonomía.
Por su parte, el DRNA entregó una ponencia en la cual detalló los proyectos pendientes de completarse, así como la utilización de fondos locales y federales para la implementación de programas. Entre ellos, el programa de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) cuenta con 132 proyectos de los cuales tienen obligados 85% de los fondos.
Esta obligación representa $111 millones y algunos de los proyectos prioritarios de este programa son las casas de bombas, que ya tienen contratos firmados para diseño y mitigación en la Baldorioty de Castro, Avenida De Diego, Parada 18, Cataño, Guaynabo, Salinas y Juana Díaz.
De igual forma, el ingeniero Waldemar Quiles informó que entre esos proyectos se encuentra el Parque Luis Muñoz Rivera, cuya firma de contrato está coordinada para mañana, 13 de octubre. También está incluido el Zoológico de Mayagüez, donde se realizará un proyecto alterno con un “cambio en ámbito de trabajo” que será solicitado formalmente a FEMA.
Bajo el programa con fondos ARPA, el DRNA tiene 12 proyectos con $17.6 millones del fondo total asignado de $30 millones. Quiles destacó una decena de proyectos que serán prioritarios para este programa en la Secretaría Auxiliar de Parques Nacionales, como mejoras a diversos balnearios alrededor de la isla.
El representante Jesús Manuel Ortiz, presidente de la comisión, acentuó su preocupación con el tema de la fiscalización hacia el DRNA y la falta de presupuesto en la agencia a cinco años de la implementación de la reorganización.
“Aquí hay una legislación que se aprobó con una promesa de unos supuestos ahorros que se iban a lograr con la fusión de estas agencias, y yo creo que, al final del camino, no hemos visto esa realidad y es uno de los problemas principales”, puntualizó el legislador.
“Es un tema que hay que continuar en discusión para buscar alternativas. No es un tema superficial. Es un tema profundo que impacta la vida de la gente en la manera que esta agencia pueda funcionar de la manera correcta”, agregó.
