Walter Vélez compareció a una vista cameral para discutir posibles enmiendas a la Ley 222 como parte de los esfuerzos anticorrupción
La Comisión de Derecho Constitucional de la Cámara de Representantes inició hoy lunes, el proceso de vistas públicas para atender el Proyecto de la Cámara 1676, que busca, entre otras propuestas, limitar la cantidad anual de donativos que puede realizar una persona a una campaña política.
La medida fue radicada por el presidente de la comisión cameral, José “Conny” Varela, y la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, a petición de la Oficina del Contralor Electoral (OCE). La pieza legislativa propone una extensa lista de enmiendas a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222-2011).
“En el país ha crecido drásticamente, ha habido un aumento en los casos de corrupción relacionados con el financiamiento de campañas políticas, y esta Cámara de Representantes quiere aportar, como siempre lo ha hecho, para evitar estas situaciones”, expresó Varela.
En una ponencia en la que enfatizó la lucha contra la corrupción, el contralor electoral Walter Vélez exhortó a la comisión cameral a brindar prioridad al trámite del proyecto como parte de los esfuerzos trazados durante el año pre-electoral.
Una de las propuestas principales es establecer un límite anual de $250 al dinero que puede donarse a un aspirante, candidato, comité o partido político. Esta limitación, similar a la existente en la ley federal que regula el financiamiento de campañas electorales, incluye dinero en efectivo, giros, cheques de gerente o de viajero.
La limitación de $250 implica la combinación de efectivo y los instrumentos de pago garantizado. Según Vélez, esta propuesta permitirá que la OCE pueda rastrear con mayor efectividad el origen de aquellos donativos mayores de $250, lo que a su juicio, en poco o nada afecta a las personas que quieran donar una suma equivalente al límite dispuesto por ley.
“La adopción de esta medida persigue brindar transparencia sobre la procedencia del dinero donado a los distintos comités políticos, a la vez que constituye un mecanismo para evitar que una persona viole la ley al realizar donativos con dinero perteneciente a otra persona o en exceso de lo permitido por ley”, aseguró Vélez.
Otras de las propuestas que presentó Vélez es requerir a los comités políticos que mantengan récords con la identidad de sus recaudadores y que cada donativo se paree con su recaudador. La información de cada recaudador será incluida en los informes de ingresos y gastos, de forma que esté visible a los electores.
Además, propuso que el término prescriptivo de los delitos tipificados en la Ley 222 se aumenten de cinco a siete años, con el fin de otorgar más tiempo al Departamento de Justicia para que procese las posibles violaciones.
En esa línea, determinó que se les imponga responsabilidad penal a aquellas personas que provean información falsa sobre donativos y gastos al tesorero o cualquier personal autorizado de los diferentes comités regulados por la Ley 222 o la OCE.
Muestran reservas con la legislación
La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, manifestó en su ponencia que no puede endosar el proyecto tal como está redactado debido a que las medidas propuestas podrían ser contrarias a la jurisprudencia aplicable.
Santo Domingo señaló que limitar la cuantía y manera en que una persona puede emitir un donativo “cedería ante un ataque constitucional”, según las determinaciones discutidas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Asimismo, la comisionada electoral se opuso a la eliminación de la presunción contra coordinación de gastos y su interpretación restrictiva al indicar que la jurisprudencia sostiene el derecho de un aspirante, candidato o partido a incurrir en los gastos necesarios para realizar una “campaña efectiva”.
“Cualquier paso tomado que de alguna manera restrinja ese derecho, como el que toma el Proyecto de la Cámara 1676, podría ser inconstitucional”, destacó Santo Domingo.
Otra preocupación que presentó Santo Domingo se centra en la obligación impuesta a una organización política a registrarse ante la OCE si emite un donativo de $1,000 o más en un año calendario. Esta acción representaría un impedimento al ejercicio de la libertad de expresión política, afirmó.
Por su parte, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Aponte, coincidió con la mayoría de las propuestas, pero sugirió que la limitación de $300,000 que puede recibir un aspirante candidato a gobernador en donativos anónimos sea reducida “considerablemente más” al señalar que el dinero sin identificar debe ser lo mínimo posible.
Aunque con algunas enmiendas y recomendaciones, la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte, avaló la aprobación de la medida.
Mientras, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Torres, expresó que su oficina esperará por la selección del nuevo presidente o presidenta de la colectividad para que, junto a la nueva Junta de Gobierno, expresen la posición oficial sobre la medida.
Por su parte, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad (PD), Nelson Rosario, fue excusado de su citación a la vista pública. “Entendemos que esta medida es una base necesaria para seguir encaminándonos hacia una integridad pública efectiva, en especial, en los procesos de campañas electorales”, sostuvo la representante Burgos Muñiz.
