En la vista pública cameral, presidida por la representante Lisie J. Burgos Muñiz se supo que 629 reclusos salen de las cárceles siendo adictos a sustancias controladas
La Comisión de Bienestar Social continuó hoy, jueves, una vista pública una medida dirigida a garantizar el bienestar y rehabilitación de los confinados del país.
Se trata de la Resolución de la Cámara 843, que investiga las causas de las muertes reportadas en los últimos tres meses en las instituciones correccionales del país, esto incluyendo instituciones juveniles y las facilidades médico-hospitalarias del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
“De acuerdo con el último informe del DCR entre el 2020 y 2021 fallecieron 80 confinados, entre estos dos mujeres y 78 hombres. La semana pasada celebramos una vista pública respecto a este tema en donde la secretaria del DCR, Ana I. Escobar Pabón indicó no contar con la información de muchos de los casos, ya que el Negociado de Ciencias Forenses aún no había completado los informes pertinentes”, sostuvo Burgos Muñiz.
La legisladora y portavoz de Proyecto Dignidad hizo hincapié sobre la principal causa de las muertes dentro de las instituciones penales. “Es alarmante que la principal causa de muerte de los reclusos es provocada por la intoxicación por Fentanilo, un opioide que llega de manera ilegal a las cárceles del país”.
Burgos Muñiz recibió la comparecencia del doctor Israel Figueroa de la organización Hogar Crea, quien enfatizó que en el pasado fue partícipe de varios programas en las cárceles de Puerto Rico, donde a las personas se les ofrecía tratamiento dentro de prisión y a su vez estos eran evaluados para programas externos en el momento de su salida.
El galeno indicó que estos programas se dejaron de realizar en las prisiones del país. “La combinación de medicación asistida y psicoterapias ha evidenciado protección de muertes. La medicina, naloxona, está probado que salva vidas y en las prisiones no son la excepción”, dijo Figueroa, quien recomendó que este tipo de medicamento se debe de aumentar en las áreas comunes, al igual que los empleados que atienden esta población.
Figueroa destacó que las estadísticas del 2019 reflejan que las personas que han tenido trastorno de uso de sustancias ya en la cárcel fueron cinco mil, pero los que adquieren el problema de trastorno de uso de sustancias posterior son 629. “Es un número significativo que en las cárceles se hacen adictos”.
Entre tanto, el presidente de Hogar Crea, José Martínez planteó la importancia del fortalecimiento en el área de prevención de distribución dentro de la cárceles “porque cuando recibimos las personas con problemas de adicción, los tenemos adictos en nuestros centros y los tenemos que desintoxicar. ¿Cómo es posible que en un lugar que se supone que esté controlado haya tanta droga?”.
Por otra parte, el galeno de los centros de Teen Challenge, Hernán Plaza informó que la última reunión que fueron convocados por la secretaria del DCR fue el pasado 20 de diciembre de 2022, esto con el fin de atender a la población identificada como usuarios de Fentanilo y otros opioides dentro de las cárceles. Asimismo, denunció que desde esa fecha no han recibido información de cómo se está desarrollando el proceso, ni determinaciones que se hayan tomado al respecto.
A su vez, Plaza abundó que la organización sin fines de lucro tiene un total de 100 confinados que necesitan tratamiento para el trastorno por el uso de sustancias como los opioides (fentanilo).
Cabe señalar que el fentanilo es un medicamento de un opio sintético para tratar el dolor y es hasta 50 veces más fuerte que la heroína, y 100 veces más fuerte que la morfina.
Por su parte, el doctor Ángel González Carrasquillo resaltó que el protocolo de uso de naloxona debe ser revisado. “Hay formulaciones de naloxona estilo spray para la nariz que podría entregarse a los reclusos para que estos puedan atender a sus compañeros que puedan tener síntomas de sobredosis”.
Madre de confinado exige acción de parte del DCR
La madre de un confinado exigió acción del DCR para una reforma completa en los servicios que reciben los confinados bajo el sistema.
“El pueblo y los contribuyentes aportamos a la rehabilitación del confinado y es sumamente preocupante que no existan talleres, educación y programas para todos los confinados por igual. La institución Guayama, que tiene alrededor de 500 confinados, es una de las cárceles más olvidadas del sistema de corrección”, expresó la madre del confinado, Jackeline Bolkan de Jesús.
“El DCR debe de tener más personal de récord, socio penal, guardias y oficiales para manejar toda la población sin sobrecargar al personal actual, para dar un servicio de calidad, compromiso y de cumplimiento con las exigencias estatales y federales”, añadió la madre del recluso expresando su angustia por las necesidades que está pasando su hijo.
