La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presidida por el representante Víctor Parés Otero, indagó en vista pública el proceso que utilizó el Negociado de Energía de Puerto Rico para aprobar un aumento en la tarifa de servicio de energía eléctrica, que sería utilizada para un programa de eficiencia energética.
A los trabajos compareció el presidente del Negociado, Edison Avilés Deliz, quien explicó que según la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, 2019 parte de la política pública del Gobierno de Puerto Rico incluía establecer programas y estrategias de eficiencia energética que incentiven a los clientes a consumir de manera eficiente y así lograr una reducción de costos. Avilés Deliz comentó que la meta era de un 30 por ciento al 2040.
Además, incluía constituir un programa que sería costeado con una nueva tarifa en la factura de los abonados, para a su vez, subsidiar el que personas de escasos recursos obtengan enseres de alta eficiencia y bajo consumo de energía.
El deponente explicó que la decisión de incluirlo en la factura de los abonados responde a prácticas en otras jurisdicciones en Estados Unidos y el mundo en el que dichos programas son costeados por sus clientes.
«El programa de eficiencia energética en Vermont logró un ahorro en consumo energético de 139,376 MWh (equivalente a energizar 14,538 casas en un año), y representó un ahorro para los clientes de $182.8 millones», indicó Avilés Deliz.
Ante ello, el Presidente de la Comisión le preguntó si la ley en específico determinaba que el programa habría de ser costeado por esta alza en la tarifa. El funcionario tuvo que admitir que la legislación no indicaba cómo se habría de recaudar los $13 millones para este programa.
A renglón seguido, Parés Otero señaló que este tipo de alternativas no son viables “cuando el sistema eléctrico no sirve, es deficiente, se va la luz todos los días, sino es que se experimentan bajones de luz, eso podrá implementarse en Vermont, pero nuestra realidad es otra”.
“Si bien es apremiante y necesario lograr aumentar la eficiencia energética en Puerto Rico, no se puede hacer con aumentos o impuestos a la gente cuando tenemos un sistema eléctrico deficiente, hoy día”, enfatizó el legislador.
Parés otero puntualizó que podría establecerse este tipo de programas mediante una asignación de un por ciento de fondos federales, ubicados en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de aproximadamente $465 millones de dólares, perteneciente al programa CDBG-R. Asimismo, señaló que se propone presentar una medida a los fines de enmendar la ley y establecer la procedencia y el uso de los fondos para eficiencia energética.