Los deponentes coincidieron en que la medida debe ser enmendada para especificar cuáles partes se catalogarán como esenciales para un arma
La Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes celebró una vista pública para atender el Proyecto del Senado 1373, el cual busca enmendar la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 para tipificar como delito la posesión o transportación de partes de armas de fuego.
El proyecto senatorial intenta subsanar una laguna jurídica creada por la derogación de la Ley de Armas anterior (Ley Núm 404 del 2000), que le impide a los funcionarios de ley y orden poder procesar a las personas que posean armas de fuego desmanteladas.
A la audiencia pública acudieron el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (CODEPOLA), quienes coincidieron en que la medida considerada refleja una buena intención. Sin embargo, los deponentes no mostraron posturas concurrentes sobre el aval del proyecto de ley.
“Nos pronunciamos a favor de la enmienda propuesta, que tendrá el efecto de expresamente tipificar como delito grave el poseer o transportar un arma de fuego o parte de esta según definido en la ley de armas vigente, sin tener licencia de armas. Esto reforzará la gestión del Negociado de la Policía de Puerto Rico en su lucha contra la posesión ilegal de armas en Puerto Rico”, lee la ponencia sometida por la licenciada Melissa Rodriguez Ruth, subsecretaria del DSP.
“Entendemos que la medida viene a llenar esa laguna jurídica que existe en el texto vigente de la ley, y no incide sobre los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos a poseer armas de fuego. Porque no se está prohibiendo el poseer armas de fuego ni poder adquirir partes de armas de fuego; se estaría regulando la adquisición”, explicó el licenciado Miguel Candelario Piñeiro, director legal del DSP.
Además, el DSP coincidió con las expresiones escritas del Departamento de Justicia, que sugirió distintas enmiendas para mayor especificidad en el texto del proyecto de ley. Justicia tampoco observó impedimento legal para que se apruebe el proyecto senatorial.
Similarmente, la Asociación de Armeros de Puerto Rico condicionó su apoyo al proyecto de ley, a que se enmiende el texto para no penalizar a las personas que posean un arma de fuego sin intención criminal, y demuestren que sostienen una relación matrimonial con el titular del mismo. De esta manera, entienden que el proyecto sería cónsono con las opiniones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, por lo que no se opondrían a su aprobación.
Por otro lado, CODEPOLA rechazó el proyecto por tratarse de uno “inconstitucional”, con un texto “vago” y que “no va a controlar la criminalidad”.
“Este proyecto intenta equiparar una pieza o accesorio con un arma de fuego. O sea, un agente del orden público que ocupa un objeto que aparenta ser una parte o un accesorio de un arma de fuego está de entrada infiriendo o llegando a la conclusión de que ese objeto le pertenece o le perteneció a un arma de fuego”, condenó Ariel Torres Meléndez, presidente de CODEPOLA.
“Esa inferencia conforme la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico es inconstitucional, porque revierte el peso de la prueba al acusado, quien tendría que probar que ese objeto no es una pieza de un arma de fuego que él posee o poseyó de forma ilegal y mucho menos la posee con la intención de intercambiarla o crear con ella un arma. Véase Pueblo vs. Sánchez Molina, 133 DPR 577 (1993); y Pueblo vs. Vicmanuel Colón González, 2022 TSPR 83”, continuó Torres Meléndez en su memorial explicativo.
Torres Meléndez agregó que actualmente se venden abridores de botellas con la forma de balas de calibre 50, que bajo esta medida podrían ser evaluados por los agentes de la Policía como casquillos de balas ilegales.
“Este proyecto legislativo se convierte en un trasmallo con el cual pagarán todos; justos y pecadores. No resuelve el problema de las armas ilegales y tampoco reducirá la criminalidad en Puerto Rico. Por todo lo anterior, nos oponemos enfáticamente a que este proyecto de ley sea aprobado”, comunicó el profesor José Pereda Maduro.
No obstante, los miembros de CODEPOLA se comprometieron a trabajar un nuevo proyecto de ley que esté atemperado a las preocupaciones discutidas en la audiencia pública, antes del cierre de la sesión legislativa, que ocurrirá a finales de este mes.
“Yo no tengo problemas porque la realidad es que algo tenemos que hacer. No nos podemos quedar con los brazos cruzados”, concluyó el representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo, presidente de la Comisión.
