En la vista pública se supo que el DCR cuenta con alrededor de 7,100 confinados y solo cinco empleados en lenguaje de señas para asistir a la población con sordera
La Comisión de Bienestar Social atendió hoy, jueves, en una vista pública dos medidas dirigidas a garantizar el bienestar y rehabilitación de los confinados del país.
Se trata de la Resolución de la Cámara 843, que investiga las causas de las muertes reportadas en los últimos tres meses en las instituciones correccionales del país, esto incluyendo instituciones juveniles y las facilidades médico-hospitalarias del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
También, la comisión cameral atendió la Resolución de la Cámara 406, que investiga sobre la accesibilidad y alcance de todos los servicios ofrecidos por el DCR a los menores, jóvenes adultos y adultos sordos que se encuentran recluidos en las instituciones correccionales del país.
“La muerte de un sinnúmero de confinados del país en las instituciones correccionales de Puerto Rico ha provocado una seria preocupación en la población en general. Particularmente respecto al manejo o los mecanismos preventivos implementados por el gobierno para evitar tales lamentables sucesos”, sostuvo la presidenta de la Comisión, Lisie J. Burgos Muñiz.
“Esta situación se agravó por el paso del huracán Fiona. De acuerdo con el último informe del DCR entre el 2020 y 2021 fallecieron 80 confinados, entre estos dos mujeres y 78 hombres. Para esta Comisión es meritorio investigar las causas de las muertes de los confinados y los protocolos y servicios ofrecidos para estos”, añadió la Legisladora.
Burgos Muñiz recibió en vista pública la comparecencia de la secretaria del DCR, Ana I. Escobar, quien indicó que durante los últimos años han fallecido confinados y expresó que la primera causa de muerte es la natural, la segunda es la intoxicación y la tercera el suicido.
Escobar destacó que, en cuanto a la prevención del suicidio, el DCR cuenta con un amplio protocolo preparado por Physician Correctional, el cual regula los curriculum educativos de prevención, la capacitación del personal, la evaluación del riesgo suicida, el manejo del paciente con riesgo suicida, su tratamiento, el aislamiento, la ubicación, los referidos a las salas de emergencias, el tiempo de observación y el manejo de los procesos de las personas luego del suicido.
“Ante esto, el DCR cuenta con el Manual de Servicios de Salud de Instituciones Juveniles y la Norma 12.2.39 – Prevención de Suicido”, afirmó la funcionaria.
Sobre la accesibilidad de los servicios y programas a la población correccional con sordera, Escobar sostuvo que actualmente el DCR cuenta con 12 reclusos con sordera parcial y que estos reciben los mismos servicios y programas que el resto.
“Para lograr que toda la población tenga las mismas oportunidades a los programas y servicios disponibles y de que se propicie su rehabilitación, independientemente de sus impedimentos físicos, el DCR ha adoptado políticas para salvaguardar los derechos de aquellos miembros de la población que tienen algún impedimento”, sostuvo Escobar, quien añadió que actualmente hay alrededor de 7,100 confinados en las instituciones del país y 10 instituciones correccionales se han cerrado.
Según la Secretaria de la entidad gubernamental, las instituciones correccionales del país no cuentan con algún menos transgresor con problemas auditivos. Sin embargo, Escobar aseguró que el Departamento cuenta con cinco empleados en lenguaje de señas para asistir a la población con sordera y también, se utilizan equipos visuales para ilustrar la información que requiere el servicio, en caso de ser necesario.
La Secretaria del DCR anunció que, no más tarde del primero de abril, estará firmando un acuerdo colaborativo con el Departamento de Familia (DF) para asistir a las personas con sordera una vez egresen. “Es decir, si un confinado está próximo a salir, el DF le ayudaría a obtener los servicios gubernamentales, tales como vivienda y asistencia económica”, dijo Escobar.
Entre tanto, Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional indicó que durante los pasados tres meses se han reportado 14 muertes de las cuales 10 han estado relacionadas, precisamente, con problemas de abuso de sustancias, incluyendo fentanilo y cuatro por causas naturales relacionados con el proceso evolutivo de condiciones crónicas de los pacientes, como cáncer de colon y condiciones cardiovasculares.
Villalobos expuso que cuenta con un protocolo para el manejo de personas con discapacidad auditiva, sordera e hipoacusia, el cual provee una guía rápida para la comunicación a través de lenguajes de señas. Además, cuentan con un grupo de empleados capacitados y certificados en lenguaje de señas, que fuera ofrecido por el Instituto de Educación y Emergencia Médicas y Salud.
Cabe resaltar, que la compañía Physician Correctional es la empresa privada que está a cargo de administrar los servicios médicos del DCR.
Estadísticas de muertes de confinados
La directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller dejó saber que en los últimos dos años el ICF ha certificado de forma objetiva y estándar la causa y manera de muerte de 354 confinados, de estas certificaciones 119 correspondían a casos sin resolver de años anteriores.
“Cumpliendo con nuestro propósito, hemos superado obstáculos del pasado y en el presente la agencia tiene la capacidad de completar los casos en un tiempo oportuno. Las metas obtenidas han sido el producto del trabajo en equipo entre el ICF y el DCR, que incluyó la formación de un comité que periódicamente evalúa el estatus de las certificaciones e intercambia información investigativa”, aseveró Conte Miller.
Como métodos de seguridad en las instituciones del país, la Secretaria del DCR, planteó que la agencia gubernamental tiene como pendiente de compra un equipo que se necesita para identificar si las personas traen algún tipo de contrabando a las cárceles.
La funcionaria puntualizó que solicitó alrededor de $8 millones de dólares para adquirir los equipos. “El presupuesto fue presentado y avalado por el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia y por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Estos equipos serán instalados en todas las instituciones correccionales”, apuntó Escobar.
