La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes continuó hoy la vista pública para evaluar el funcionamiento administrativo y organizacional del Departamento de la Familia (DF), así como la calidad de los servicios que estos le brindan a la ciudadanía con el propósito de identificar alternativas y presentar recomendaciones que produzcan un mejoramiento gubernamental, en relación a los casos de maltrato de menores y violaciones sexuales reportados.
“Este asunto para mí es importante, específicamente, poder ejercer la obligación y deberes que esta Comisión nos impone, en términos de funcionamiento de las agencias gubernamentales. Este tema del maltrato de menores, de querellas y referidos es uno que va a la médula de lo que es un servicio esencial y lo que un gobierno tiene que hacer por los más sensibles y vulnerables, como lo son nuestros niños y niñas”, sostuvo el presidente de la Comisión, Jesús M. González Ortiz, quien planteó que en la pasada vista participó la secretaria de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y se le solicitó información sobre varios aspectos del funcionamiento del DF.
A la vista pública compareció Omara Aria del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), quien detalló que los deberes del agente de orden público que recibe la querella en casos de maltrato a menores es brindarle seguridad y protección al menor. “El retén deberá brindarle seguridad y protección e inmediatamente contactar al supervisor para que asigne un agente interventor. Luego, el agente interventor toma los datos básicos del menor y llama a la Línea de Emergencia Social; al director de la división de delitos sexuales, maltrato de menores y violencia doméstica de la Policía de Puerto Rico; y llama a un recurso voluntario u organización no gubernamental para que brinde ayuda al menor”.
Según la teniente Maribel Maldonado, también del NPPR, en lo que va de año, en los casos de maltrato a menores, existen 226 incidentes recibidos. “Aparte de eso, hay 119 de agresión sexual; actos lascivos 455; y por violaciones 147 hasta septiembre de este año”.
“Hay 226 de querellas recibidas al NPPR, pero solo 119 han sido esclarecidas”, agregó Maldonado.
“¿Cuánto personal tiene la división de maltrato de menores y delitos sexuales?”, cuestionó el legislador González Ortiz a la teniente Maldonado en la cual replicó que no llegan a 100 entre supervisores y agentes.
“Como todas las agencias tenemos una necesidad de recursos humanos. En la Policía no trabajamos como con vacantes en específico, pero sí tenemos un cúmulo de casos y unos agentes. Se necesita mayor recurso humano, como todas las dependencias”, indicó Maldonado.
Por su parte, la teniente Simara Torres del NPPR indicó que casos de maltratos o agresiones sexuales son querellas que duran años. “Cuando un agente trabaja en este caso, tiene que reconstruir todo y buscar las pruebas. Muchas veces el menor no quiere declarar y tenemos que esperar que las agencias pertinentes puedan evaluar psicológicamente al menor y nos dé la validación del caso y someterlo ante Departamento de Justicia (DJ), y que el fiscal que nos asignen determine la radicación o no”.
El representante independentista, Dennis Márquez Lebrón abundó que nunca ha escuchado una voz de alerta de parte del NPPR. “EL DJ, al presidente de la Comisión indicó los casos que tiene el DF, pero quisiera saber cuántos de los 220 casos de abuso sexual se han radicado”.
Por otro lado, la Coalición Paz para la Niñez propuso que el DF cuente con un agente fiscalizador. Además, que en los Tribunales tengan una sala especializada para la entrevista al niño o niña; desarrollar un protocolo de entrevista que incluya preparar al menor para la experiencia de interrogatorio, por parte del tribunal. “Este proyecto puede ser un piloto con alguna alianza con la Universidad de Puerto Rico, el Colegio de Trabajadores Sociales y la Asociación de Psicología de Puerto Rico”, dijo la presidenta de la alianza, Irene Rial Bou.
Asimismo, compartió un caso de violación de una menor de cinco años, por el novio de su madre. “El abuso tuvo una duración de dos años, y su madre sabía de estos hechos, haciéndola cómplice. El día que la menor le confesó a su padre biológico la agresión, éste, en su desesperación fue al hospital, y la doctora que la atendió decidió no involucrarse, y le advirtió que si ella, apoyada por él, hacia la denuncia el DF asumiría la responsabilidad de su hija, y esto agravaría la situación en la que se encontraban”, expuso Rial Bou, quien añadió que en su entender la profesión violó la ley, ya que los profesionales tienen el mandato de informar a las autoridades de cualquier agresión.
“Este es un tema que todavía hay muchos asuntos que debemos mirar. Con la información solicitada a varias agencias gubernamentales, estoy seguro que seguirán surgiendo más preguntas respecto a este asunto, que para mi es de prioridad”, puntualizó Ortiz González, quien es el autor de esta medida en discusión.
