El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, afirmó que la Ordenanza Municipal a la cual hace referencia el Alcalde Miguel Romero para prohibir a los ciudadanos con licencia de armas ejercer su derecho de portación durante las Fiestas de la Calle San Sebastián este fin de semana, es contraria a derecho e inconstitucional.
Advirtió que los ciudadanos decentes de Puerto Rico “no debemos exponer nuestra seguridad, en momentos en que el propio Estado advierte públicamente a los delincuentes que la población que participará en la Sanse 2023 estará completamente desarmada, a merced de los criminales. Los criminales no pedirán autorización para llevar consigo sus armas ilegales”.
La justificación para tal decisión es que el ayuntamiento preparó un plan de seguridad, que incluye 1,050 policías entre municipales y estatales, 400 guardias de seguridad privada y la instalación de 420 cámaras desplegadas en la ciudad capital para atender un flujo de entre 85,000 a 110,000 personas diarias.
Para Torres Meléndez, es preocupante que “un funcionario que cree en lo seguro de sus fiestas no hace ese tipo de expresiones que generan temor a la gente. El portador legal de armas pone su seguridad y la de su familia en el entrenamiento que recibió y le permitió portar el arma para el bien de su familia”.
Los portadores de licencia de armas son hombres y mujeres de ley y orden, que no promueven actos de violencia, sólo se defienden en situaciones que pongan en riesgo sus vidas. “Todos queremos sentirnos tranquilos caminando por las calles del Viejo San Juan. El alcalde Romero no puede pretender que nuestros derechos lleguen hasta “La Puerta de San Juan”, mucho menos que aceptemos ser tratados como delincuentes”, declaró el presidente de CODEPOLA.
Torres Meléndez recalcó: “aquí estamos hablando de ciudadanos decentes que se sometieron y cumplen con la rigurosidad de la Ley de Armas de Puerto Rico. Lo peligroso es que a estas fiestas vienen personas de toda la Isla, quienes una vez disfrutan de las actividades, regresan desarmados a sus pueblos ya que no es correcto dejar el arma en sus vehículos a merced de los delincuentes. No es sólo la calle San Sebastián, es la vida y seguridad de esas personas al salir del Viejo San Juan con su familia”.
El presidente de CODEPOLA enfatizó que “el alcalde Romero no puede prohibir al ciudadano de un derecho fundamental. Nos sorprende sobremanera que quiera ir en contra las personas decentes y no contra los delincuentes armados. Se oye muy bonito atraer masas de personas y todos desarmados a las garras del delincuente o de un tirador activo”.
Sobre ¿qué delito cometerá un ciudadano con licencia de armas si viola una ordenanza municipal inconstitucional?, la respuesta es ninguno. Dijo estar sorprendido de esta movida del municipio, pero “no así del Alcalde de San Juan, pues todos recordamos que para la aprobación en el Senado de Puerto Rico del proyecto que se convirtió en la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley 168 del 11 de diciembre de 2019), él no votó”.
Con relación al transporte que ofrecerá el Municipio de San Juan en vehículos oficiales y que no permitirán personas armadas, Torres Meléndez dijo entenderlo perfectamente, “pero en las calles no procede. Hoy comenzamos por las armas ¿y mañana qué? Nos están discriminando, eso es muy peligroso y no lo vamos a permitir”.
Torres Meléndez manifestó que el mensaje para el Alcalde de San Juan es claro. “Estamos autorizados por el Estado y usted no puede ir por encima de eso. No puede violar nuestro derecho a defendernos. Romero, ni ningún otro alcalde, pueden restringir a las personas que responsablemente portamos, que pagamos unos aranceles al gobierno, que somos investigados y carpeteados por la policía, por sólo ejercer nuestro derecho constitucional fundamental y de carácter individual, en ninguna actividad multitudinaria en las calles municipales”.
El problema de estos mandatarios es que “se niegan a vernos como aliados, sino que prefieren proyectar a los ciudadanos con licencia de armas como una amenaza”.
Torres Meléndez aseguró que, si el municipio no aclara sus expresiones, CODEPOLA estará acudiendo al Tribunal de Primera Instancia con un ‘injunction’ con el propósito de hacer valer los derechos de los puertorriqueños.
Cuestionó: “¿Qué estadísticas o estudio sobre violencia llevaron al Alcalde de San Juan a la conclusión de que, un portador legal es un problema de seguridad?”.
Concluyó que “es imposible que se sigan restringiendo derechos a las personas que responsablemente portamos armas. Si ocurrió en el pasado, no es excusa para continuar cometiendo el mismo error en contra de la ciudadanía decente. Mientras tanto, ¿qué solución o modo de control nos dará el letrado capitalino con aquellos que irán a las fiestas portando armas de manera ilegal adquiridas en el bajo mundo? ¿cómo los identificará?
