El proyecto de ley fue aprobado con 27 a favor
La Cámara de Representantes aprobó ayer miércoles, dos medidas que buscan sustituir la Oficina del Panel Especial Independiente (OPFEI), la Oficina del Inspector General y reorganizar la Oficina de Ética Gubernamental.
El Proyecto de la Cámara 1701, busca derogar la Ley del OPFEI y propone enmendar la ley orgánica del Departamento de Justicia (DJ) para crear la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP), con autonomía fiscal y administrativa, para procesar todos los delitos de cuello blanco, así como las faltas éticas de los funcionarios públicos.
En un turno para presentar la medida, el representante Héctor Ferrer Santiago aseguró que la legislación corrige las deficiencias de la “obsoleta, ineficaz e ineficiente” estructura de encauzamiento de delitos de corrupción en Puerto Rico.
El legislador reiteró la necesidad de eliminar el OPFEI e incorporar una nueva Oficina de Anticorrupción e Integridad Pública que será independiente y constituida por fiscales de corrupción pública nombrados a tiempo completo y no por contrato.
Las cuatro justificaciones que puntualizó están centradas en la ineficiencia y “despilfarro” de recursos en el OPFEI; la falta de rendición de cuentas; la pérdida de confianza pública; y un enfoque en la eficiencia e innovación.
“Luego de 35 años del sistema actual, el OPFEI dejó de ser el ente neutral que su ley original concibió. Esta falta de confianza pública también puede terminar socavando la capacidad del gobierno para implementar políticas y reformas importantes”, expresó Ferrer Santiago.
Según datos ofrecidos por el representante, en los últimos 10 años el OPFEI presentó 66 casos, gastó una nómina de $4.3 millones y repartió $9 millones en contratos a fiscales privados.
“La eliminación del OPFEI y la creación de la nueva Oficina de Anticorrupción e Integridad Pública, además del Código Anticorrupción, son esenciales para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, promover la rendición de cuentas y restaurar la confianza de la sociedad en su gobierno”, manifestó Ferrer Santiago.
“Aprobar estas medidas es un paso fundamental en la construcción de un Puerto Rico más fuerte y que verdaderamente combata la corrupción”, sostuvo.
En cambio, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Torres Zamora resaltó que, según los datos de la OPFEI, hasta el 31 de octubre de 2023, se han visto 1,796 cargos presentados, y en 98 de estos no hubo convicción.
De esta información el legislador indicó que, el 27% fueron alcaldes y exalcaldes; 19% para coautores; 19% fueron legisladores y exlegisladores; un 17% fueron otros funcionarios públicos; 14% jefes y exjefes de agencias; y un cuatro por ciento, jueces y exjueces.
“La OPFEI está trabajando para nosotros. Yo quisiera que fuera cero (cargos presentados), pero debemos tener andamiaje jurídico, ética, y un FEI (fiscales especial e independiente), que evalúa, radica y mira. “La OPFEI está trabajando, y está haciendo lo que tiene que hacer”, apuntó el legislador novoprogresista.
Por su parte, el legislador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José B. Márquez sostuvo que la corrupción que no se procesa en la isla es “la corrupción pura y dura, de los billetes de debajo de la mesa, de los kickbacks. Esta es la corrupción que lamentablemente no se procesa. Este tema es uno de los más importantes de este cuatrienio, la corrupción pública”.
De este modo, el representante popular, Jesús M. Ortiz González exhortó a las delegaciones de la Cámara que revisen y voten a favor de la media. “Este proyecto de ley hace una revisión de una política pública que en su momento fue establecida con la intención correcta, pero como suceden tantos casos a través del tiempo, se ha deteriorado”.
El representante pipiolo, Denis Márquez Lebrón apuntó que este proyecto es una aportación para repensar en la investigación de corrupción en el país y en el modelo investigativo.
“Tenemos que reconocer que la fecha de vencimiento del OPFEI ya llegó”, dijo Márquez Lebrón.
La segunda medida es el Proyecto de la Cámara 1702, que tiene como fin de crear un nuevo Código Anticorrupción, que agruparía todos los delitos de malversación de fondos públicos.
El proyecto de ley establece 23 principios éticos, se separan las violaciones éticas de las conductas criminales, se establece el mecanismo de cobro de multas y restitución del dinero malversado.
Ambos proyectos de ley fueron evaluados en vistas públicas en las escuelas de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Universidad Interamericana y la Pontificia Universidad Católica de Ponce, entre los pasados meses de agosto y septiembre.
Las medidas son de la autoría de la delegación del Partido Popular Democrático y del representante independiente, Luis Raúl Torres Cruz.
