Las cinco delegaciones políticas favorecieron la medida
En el último día de aprobación de medidas de la sesión ordinaria, la Cámara de Representantes aprobó unánimemente el Proyecto de la Cámara 1333 para declarar un estado de emergencia por la violencia infantil en Puerto Rico.
La pieza legislativa fue radicada en abril del 2022 por el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, y el representante popular Jesús Manuel Ortiz González. Tras la celebración de una decena de vistas públicas y atravesar un proceso de enmiendas, la medida fue avalada con 45 votos a favor.
En su turno sobre la legislación, Márquez Lebrón destacó la urgencia de declarar un estado de emergencia para proteger a la niñez ante el dramático aumento de casos de maltrato infantil en la isla.
“No es una mera declaración de estado de emergencia, sino que se establecen funciones claras y precisas para que el Departamento de Justicia atienda los casos; hacerle informes a la Asamblea Legislativa; y establecer los protocolos necesarios”, expresó el legislador.
De igual forma, indicó que el proyecto dispone las responsabilidades y deberes que tendrá cada agencia gubernamental concerniente, como el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. También informó que la medida crea una junta que estará encargada de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del estado de emergencia.
Este comité incluirá a miembros del Colegio de Profesionales del Trabajo Social e integrantes de la Coalición Paz para la Niñez. “Es una crisis, es una emergencia y tenemos la responsabilidad de actuar. Si hay un proyecto de ley que yo invito a que todos y todas aprobemos es este para comenzar a trabajar de manera directa y que esa niñez pueda romper con esos ciclos de violencia”, manifestó Márquez Lebrón.
El representante lanzó duras críticas contra Familia al señalar que la agencia ha reconocido la desaparición de jóvenes y niños bajo su custodia, así como las más de 10,000 querellas de maltrato infantil que no han sido atendidas por la agencia como resultado de la falta de personal.
Ortiz González, mientras tanto, afirmó que durante el proceso de vistas públicas trascendió que en las ocasiones que se supone que Familia atienda los casos en un periodo de 24 horas, en seis de cada diez casos no se cumplía con el término establecido.
Además, mencionó que en ocasiones las llamadas no entran al centro de atención telefónica incorporado para atender estas emergencias debido a la saturación de las líneas y la carga laboral excesiva de los trabajadores sociales de la agencia.
“Aquí nadie puede cuestionar que hace tiempo tenemos un problema que es hasta provocado por la insensibilidad de un sistema que no entiende que la diferencia entre actuar rápido y eficientemente y no hacerlo puede costar la vida de un niño o una niña”, manifestó el también presidente de la Comisión de Gobierno que evaluó el proyecto.
“Es un problema sistemático, es un problema del andamiaje… y deja solos y solas a niños y niñas todos los días”, agregó.
Todas las delegaciones políticas apoyaron la medida luego de que el Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Nuevo Progresista (PNP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y la portavoz del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, emitieron un voto a favor.
