Proyecto persigue brindar protección adicional a los consumidores frente a prácticas ilícitas en el mercado
La Comisión sobre los Derechos del Consumidor de la Cámara de Representantes continuó este miércoles las vistas públicas sobre una medida que busca crear una ley fiscalizadora de la industria del gas licuado en Puerto Rico en respuesta a señalamientos de posibles prácticas monopólicas en el mercado emitidos desde el pasado año por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
El Proyecto de la Cámara 899 (P.C. 899) – radicado por la representante Estrella Martínez Soto – persigue establecer la “Ley para la Fiscalización de la Industria del Gas Licuado del Petróleo, en Protección de los Consumidores”, como resultado de una investigación que dirigió durante la pasada sesión legislativa.
La legisladora popular, quien preside la comisión cameral, indicó que con la pieza legislativa se atenderán los comentarios pronunciados por el DACO mediante un análisis preliminar del mercado del gas licuado, publicado en abril de 2021. Actualmente, solo dos empresas – Empire Gas y Tropigas – están a cargo de la industria en la isla.
“Por eso es que estamos realizando este proyecto. Estamos en la resolución de investigación sobre la industria del gas licuado y la situación que está ocurriendo con el cambio. El alza de los precios en el gas licuado salió en esas vistas”, señaló Martínez Soto.
Pese a que ambas empresas fueron convocadas a la audiencia de hoy, solo depuso la representación de Tropigas tras un ejecutivo de Empire Gas comparecer a último momento y ser excusado por la presidenta al no entregar una ponencia a la comisión cameral en el tiempo estipulado por el reglamento. Martínez Soto adelantó que el presidente de Empire Gas, Ramón González Cordero, será citado a una próxima vista pública luego de dos citaciones infructuosas.
Mientras, Tropigas rechazó la aprobación del P.C. 899 por entender que la mayoría de las preocupaciones que se pretender resolver ya están atendidas mediante reglamentación y órdenes administrativas vigentes en las agencias pertinentes. No obstante, el vicepresidente de la compañía, Luis Humberto Ríos, reconoció, que no existe legislación que recoja todas las obligaciones que tienen los miembros de la industria.
Tropigas impugnó el aumento sugerido como penalidad máxima de hasta $25,000 que puede emitir DACO por motivo de incumplimiento, cuando al presente la agencia tiene facultad para emitir multas de un tope de $10,000. Asimismo, Berríos puntualizó que ofrecer un precio distinto en base a la cantidad o el volumen adquirido no puede considerarse un discrimen por precio, por lo que recomendó que se elimine del proyecto la prohibición de esta práctica.
“¿Qué propone su empresa para poder corregir estas situaciones que esta medida pretende atender y que afecta a todos los puertorriqueños, específicamente la apariencia de monopolio, la necesidad de visibilizar los precios de venta en la cadena de distribución y en el detalle de factura?”, cuestionó Martínez Soto al vicepresidente.
“Son alegaciones. La imagen que tenga alguien o deje de tener alguien, yo no la puedo cambiar. Yo le puedo dar información referente a nuestra empresa: los precios se les informan a los clientes; DACO lo único que le falta saber es el calzado de mis empleados, porque toda la información referente a mi empresa se le entrega, y se le entrega a tiempo. ¿Qué más puedo hacer para ser más transparente?”, replicó Berríos.
En su informe, DACO destacó varias situaciones que encontró en su evaluación y que fueron discutidas en la investigación legislativa. En cuanto a los importadores, la agencia indicó que entregan facturas en blanco a los distribuidores y detallistas, se niegan a cumplir sus órdenes, así como a proveer la información requerida para la adecuada fiscalización, cuestionando la facultad de DACO para requerir información e imponer márgenes máximos de ganancia.
DACO también determinó que muchos de los distribuidores y detallistas no entregan recibos a los consumidores, ni tienen visible los precios de venta de los cilindros antes de que se perfeccione la venta.
“Ese es el fin mayor de este proyecto: la rotulación; poder expresarle a los ciudadanos que tengan la garantía de que estos procesos son transparentes a través de una factura; la desvinculación; darle mayores facultades al DACO para que pueda continuar ejerciendo su ejecutoria de fiscalización y de regulación en esta industria”, aseguró Martínez Soto.
“La industria del gas licuado es sumamente vital para las familias puertorriqueñas, los comercios puertorriqueños, así que tenemos que estar pendiente que esté regulada”, agregó.
El P.C. 899 igualmente impone un término de 30 días al Departamento de Justicia para que investigue los referidos que reciba sobre asuntos relacionados a la industria del gas licuado y que pudieran constituir monopolio. La agencia concurrió con la medida, pero se opuso a la limitación de tiempo para culminar una pesquisa sobre violaciones a la Ley de Monopolios.
De acuerdo con Guarionex Díaz Martínez, secretario auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos de Justicia, el tiempo promedio para completar una investigación de este tipo es de cuatro años por tratarse de un asunto “complicado”. Al momento, hay cerca de cinco expedientes abiertos en la agencia – entre querellas e investigaciones – referentes a la industria de gas licuado.
“Las investigaciones de monopolio son complicadísimas y extensas. Es dependiendo de las alegaciones, pero sí toma muchísimo tiempo. Por eso el periodo prescriptivo es bastante extenso”, dijo el licenciado.
“Incluso investigaciones en otros estados muchos más pequeñas, donde los mercados ya están definidos de una calle a otra calle, en otra ciudad, pueden tardar dos años o más, y son de una escala no nacional como este tipo de investigaciones que estamos llevando”, sostuvo el funcionario.
La comisión cameral requirió, sin embargo, que Justicia entregue una “guía” en la cual sugieran un tiempo máximo establecido por la agencia para completar estas investigaciones.
“Necesitamos tener respuestas. Sabemos que hay una complicación en lo que son los casos, y cada caso conlleva un tiempo, pero sí necesitamos tener un término para poder responder a estos querellantes”, afirmó Martínez Soto.
