La pieza legislativa crearía el Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico de Puerto Rico
La Cámara de Representantes aprobó hoy martes, 30 de agosto de 2022, el Proyecto del Senado 728, que persigue implementar un programa para el cobro de deudas morosas que las instrumentalidades del gobierno estatal y federal mantienen con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con el objetivo de ayudar la estabilidad financiera de la corporación pública.
La medida fue avalada en el cuerpo legislativo con 40 votos a favor y dos abstenciones de los representantes María de Lourdes Ramos Rivera y Eladio “Layito” Cardona Quiles debido a que ambos legisladores laboraron en la AEE.
La pieza legislativa establece que busca “proveer un servicio estable” y estabilizar los costos energéticos permanentemente en medio de reclamos de múltiples sectores del país por la inestabilidad del sistema eléctrico y siete aumentos consecutivos en la factura de los clientes durante el pasado año.
Asimismo, ordena al Departamento de Hacienda crear el Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico de Puerto Rico con asignaciones especiales estatales y federales, así como los recaudos provenientes de deuda morosa no corriente que agencias del gobierno federal, gobierno estatal, corporaciones públicas y municipios mantienen con la AEE.
Según la exposición de motivos del proyecto, la deuda que mantenían las agencias federales, estatales, corporaciones públicas y municipios con la AEE a abril de 2021 ascendía a $233,727,563.
Los recaudos del Fondo de Estabilización, dispone la medida, serán utilizados para estabilizar el costo de energía eléctrica frente a alzas en la tarifa de electricidad como resultado del ajuste por concepto del costo de compra de combustible y compra de energía determinado por el Negociado de Energía.
“Se debe implementar un programa para el recobro de toda la deuda que las agencias del gobierno federal, gobierno estatal, corporaciones públicas y municipios mantienen con la AEE para que ayude de manera prioritaria a la estabilidad financiera de la Autoridad. Además, se debe proveer para que parte de esta deuda morosa, que no se ha pagado por varios años, ayude de manera responsable a la estabilización de los costos de energía”, reza la pieza legislativa.
Aprueban medida que creará identificación para agricultores
Ante la falta de un registro de agricultores en Puerto Rico, el cuerpo legislativo también avaló una medida que ordena al Departamento de Agricultura emitir una identificación con foto que acredite a las personas que lo soliciten y cualifiquen.
El Proyecto de la Cámara 166, de la autoría del representante penepé Ángel Peña Ramírez, enmendaría la Carta de Derechos y Deberes del Agricultor con el fin de que la agencia pueda identificar de manera fácil y accesible a los agricultores en la isla.
Actualmente, solo el Departamento de Hacienda tiene un registro de los agricultores que solicitaron y cualificaron como agricultores bonafide para tributarios. Debido a que la información de los contribuyentes es confidencial, sus datos personales no pueden ser usados para otros fines.
Según la exposición de motivos de la pieza legislativa, la falta de un censo de agricultores dificulta los procesos en el Departamento de Agricultura para proveerles las herramientas necesarias en los métodos de cultivo. Durante sucesos como la secuela del huracán María, tampoco fue posible identificar a los agricultores para informarles sobre las ayudas disponibles para mitigar los daños y las pérdidas ocasionadas por el siniestro.
“Esta medida propone crear una identificación para el agricultor que lo acredite como tal, pero más importante aún, establece un registro en el Departamento de Agricultura que facilitará a esta agencia a proveer más eficientemente la ayuda y el apoyo a nuestro sector agrícola”, sostiene la medida.
El proyecto de ley dispone que esta iniciativa debe realizarse con el menor impacto fiscal posible, por lo que autoriza al Departamento de Agricultura a llegar a acuerdos con otras agencias para delegar a estas la impresión de la identificación del agricultor.
Asimismo, establece que la agencia podrá cobrar a los agricultores interesados en adquirir la identificación una “cantidad razonable” para cubrir los gastos de impresión que no excederá de $10.00.