Con los objetivos de lograr la permanencia de las empresas manufactureras en la isla
La Cámara de Representantes avaló hoy a viva voz el Proyecto de la Cámara 1367, que propone renovar el marco tributario local con el objetivo principal de proteger y fomentar el desarrollo industrial en Puerto Rico.
La medida persigue enmendar el Código de Rentas Internas y leyes sobre incentivos fiscales “para crear certeza sobre un sistema contributivo que ayude al país a tributar el dinero que necesita para lograr su desarrollo”, explicó el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, quien presentó un informe positivo sobre el Proyecto 1367.
“Este informe es una muestra del trabajo realizado con miras a ser un cuerpo constitucional activo en el proceso de aprobar la ley más importante para nuestro País. Dentro de este consenso, debe salvaguardarse la competitividad de Puerto Rico, como destino que desea retener y atraer inversión de capital en manufactura, tan esencial para la estabilidad económica y fiscal de nuestro pueblo”, señaló el legislador popular.
El proyecto legislativo, presentado por el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), busca atender el esquema tributario impuesto sobre el sector manufacturero tras la aprobación de la Ley 154-2010, también conocida como la “Ley para Establecer un Impuesto a las Corporaciones Foráneas”.
La Ley 154 adoptó una Regla de Fuente de Ingresos Modificada y un arbitrio temporero que aplica cuando los ingresos brutos de la entidad afiliada vendedora exceden $75,000,000. El arbitrio, se estableció como una medida temporal que se eliminaría gradualmente luego de 6 años a partir de la fecha en que fue firmada la ley en el 2010.
Según la exposición de motivos del Proyecto 1367, la propuesta legislativa evitaría cualquier efecto generado por el régimen de la Ley 154 sobre las arcas del gobierno. Ese objetivo, establecido en la legislación, fue avalado también por el componente fiscal del Gobierno, quienes participaron de un proceso de vistas públicas el pasado 13 de junio de 2022.
De acuerdo con la ponencia presentada en vista pública por el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, la legislación considera también potenciales cambios que pudieran ocurrir en un futuro cercano con respecto a las propuestas hechas por la administración del presidente Joe Biden, para lograr proteger la permanencia de las empresas manufactureras en Puerto Rico.
El Proyecto 1367 incluyó enmiendas para agregar cambios en la Ley 22, conocida como “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, con el fin de “hacerle justicia a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, y garantizar las mismas oportunidades para que compitan en igualdad de condiciones”.
Según la exposición de motivos enmendada, al aprobarse la Ley 22 se creó una competencia desleal, “pues los y las residentes de Puerto Rico están asumiendo una carga contributiva mayor a la de los individuos inversionistas, limitando así su capacidad de competir en igualdad de condiciones con ese grupo que está exento de pagar contribuciones en esos renglones”.
También, se añadieron cambios a la Ley 73-2008, conocida como la “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de PR”, para flexibilizar y ajustar a las necesidades del mercado los incentivos económicos para el desarrollo de la Isla.
Avalan creación de ley para fiscalizar instalaciones de gas licuado en comercios y residencias
Por otro lado, los legisladores votaron a favor del Proyecto de la Cámara 1114, radicado por la representante Estrella Martínez Soto, que persigue facultar al Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos con la autoridad para reglamentar y fiscalizar la instalación, mantenimiento y uso del gas licuado en las residencias y los comercios en Puerto Rico.
La propuesta legislativa regularía el uso de los tanques de gas con capacidad mayor de 100 libras. Además, propone una enmienda al Reglamento 7160 de 6 de junio de 2006, para añadir requisitos de certificación e inspección anual de las instalaciones de gas licuado con capacidad de 400 libras o más.
La legislación aprobada a viva voz recibió enmiendas en sala para establecer que la legislación no podrá representar ningún aumento en el costo del gas licuado para los consumidores.
A su vez, la Cámara aprobó el Proyecto de la Cámara 687, que propone enmendar el Código Municipal de Puerto Rico, para disponer sobre la transmisión vía internet, con audio e imagen simultánea a la reunión física, de todos los procedimientos y asuntos traídos ante la consideración de las juntas de subastas de los municipios.
La medida, presentada por el representante Er Yazzer Morales Díaz, persigue sumar esfuerzos sobre la política pública gubernamental actual que enmarca los asuntos de acceso a la información y transparencia sobre la estructura municipal.
El proyecto legislativo fue recomendado con un informe positivo de la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización presidida por el representante Juan José Santiago Nieves.
“Entendemos que es una buena política pública el que los procesos de celebración de subastas sean transmitidos a través del portal internet del Municipio”, abundó el documento firmado por el legislador popular.
Atienden asuntos de veteranos no residentes de Puerto Rico
El pleno de la Cámara respaldó más temprano el Proyecto de la Cámara 702, que propone enmendar la Ley 1 del 2011, a los fines de otorgar a los veteranos no residentes de la Isla que interese establecer o restablecer su residencia en Puerto Rico, una exención sobre las partidas tributables que constituyen mudanza.
La medida propuesta por el legislador penepé José Aponte Hernández busca propiciar la incorporación de los veteranos en la sociedad puertorriqueña una vez haya culminado su labor defendiendo a la nación.
“Añadir a los veteranos y veteranas no residentes en Puerto Rico en esta sección, no solo es cónsono con lo ya establecido por ley, sino que es una apertura al reconocimiento y honor a todos y todas nuestros veteranos que desean regresar a su país. La comisión informante entiende a su vez que la medida no representa un impactó económico al fisco”, detalló el presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus y Veterano, Kebin Andrés Maldonado Martiz.
