También, el cuerpo legislativo dio paso a una medida que enmienda la Ley de Trabajo a Distancia
La Cámara de Representantes aprobó hoy, martes, a viva voz, el Proyecto de la Cámara 432, con el propósito de enmendar la “Ley para la Inversión Puertorriqueña”.
El proyecto de ley, de la autoría del presidente cameral Rafael Hernández Montañez y los representantes, Ramón Cruz Burgos y Dennis Márquez Lebrón tiene como fin incluir a las empresas o microempresas creadas por residentes de vivienda pública en Puerto Rico, como elegibles para un porcentaje de preferencia en la adquisición de bienes y servicios por parte de los departamentos, agencias e instrumentalidades del Gobierno.
Además, dispone que el caso de servicios sea de hasta un cinco por ciento, mientras que en la adquisición de artículos producidos, envasados, ensamblados o que constituyan productos de Puerto Rico de una empresa de residentes de vivienda pública, sea de hasta un cuatro por ciento.
La exposición de motivos de la medida indica que los residentes de vivienda pública constituyen un sector de la población que requiere estímulo y apoyo gubernamental en la creación de nuevas empresas. “Este esfuerzo requiere de un apoyo adicional utilizando el importante recurso de las compras de bienes y servicios por parte de las agendas de gobierno”, reza la pieza legislativa.
De la misma manera, se ratificó el Proyecto de la Cámara 706, con el objetivo de definir el concepto de “trabajo a distancia” en la “Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico, para que los empleados públicos tengan elegible al menos 15 días anuales bajo el Programa de Trabajo a Distancia.
“Luego de la pandemia, la modalidad del teletrabajo comenzó, y realmente así es como el Gobierno de Puerto Rico y empresas privadas sobrevivieron. Si el empleado público tiene alguna circunstancia y ha sido calificado para este Programa, el funcionario podrá informar a su supervisor los días que desea trabajar de forma remota, sin afectar sus balances de enfermedad o vacaciones”, explicó el legislador del PNP, José Torres Zamora.
Por otra parte, el cuerpo legislativo avaló un proyecto de ley de la autoría del representante popular Ángel Matos García con el objetivo de desarrollar proyectos de mejoras en los terrenos y facilidades en la Estación Naval Roosevelt Roads.
El Proyecto de la Cámara 1430, enmienda el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011” a los fines de establecer un mecanismo de financiamiento utilizando una porción de los recaudos de contribuciones incrementales del Impuesto sobre Ventas y Uso para desarrollar proyectos de mejoramiento en la Estación Naval Roosevelt Roads.
“El cierre de las operaciones de Roosevelt Roads presentaba una gran oportunidad para desarrollar proyectos de gran envergadura para Puerto Rico. El gobierno tiene una oportunidad única e irreemplazable de utilizar estos terrenos para la creación de un programa económico y social de impacto positivo para la región y para la isla”, sostuvo Matos García.
Cabe destacar que la Estación Naval Roosevelt Roads localizada en Ceiba, era considerada como una de las instalaciones militares más importantes de los Estados Unidos. Esta cubre una extensión territorial de aproximadamente 8,600 cuerdas.
Los terrenos adquiridos contaban en su inicio con un aeropuerto, nueve muelles de gran calado, vivienda, hoteles, planta de tratamiento de aguas usadas, vertedero, tres balnearios, áreas recreativas y deportivas, escuelas, centros comerciales, apartamentos, áreas de conservación ecológica, entre otras.
Por otro lado, se le dio paso a la Resolución de la Cámara 1087 que investiga la situación administrativa y laboral dentro de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), sobre un alegado patrón irregular de nombramientos y aumentos de sueldo dentro del sistema de confianza de la Corporación como en la corriente de empleados regulares. Además, fiscaliza la concesión de contratos de servicios profesionales dentro de la CFSE, particularmente aquellos contratos para el manejo de documentos y disposición y decomiso de materiales.
Según la exposición de motivos, en el caso particular de la CFSE, se alega un aumento de hasta un 33% en su nómina de confianza por parte de la actual administración corporativa. Además, se menciona que se han aprobado aumentos de sueldo, tanto a funcionarios existentes dentro del Fondo como también a un número de empleados, algunos de ellos con salarios de sobre $9,000 mensuales.
