La abogada comunitaria de Ayuda Legal Puerto Rico, entidad que ofrece educación y apoyo legal gratuito a personas y comunidades, Verónica Rivera Torres sostuvo hoy que la austeridad, el aumento en la pobreza, la desigualdad, el impacto de los huracanes Irma y María en el 2017, así como la respuesta inadecuada del gobierno estatal y federal han puesto en peligro el derecho a la vivienda digna de quienes viven en la Isla.
“El aumento en las ejecuciones de hipotecas impacta de forma desproporcionada a mujeres, personas adultas mayores y aquellas con diversidad funcional, entre otros grupos”, dijo la licenciada en la continuación de las vistas públicas sobre la Resolución de la Cámara 1224, que sostienen las comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros, presididas por los representantes Luis “Junior” Pérez Ortiz y Yashira Lebrón Rodriguez. Esto, para investigar el efecto de la concesión de tres meses de una moratoria voluntaria en el pago de préstamos hipotecarios a los consumidores por los bancos, luego del paso del huracán María en el 2017.
Rivera Torres explicó que, entre los diversos programas de su entidad, su principal herramienta es el de Derecho a tu Casa, por lo que han recopilado información y recibido quejas de los deudores con relación al comportamiento de los bancos referente a las moratorias aprobadas.
Además, indicó que en el año 2018, habían unas 10,433 personas con planes de pago por atrasos en sus hipotecas de 90 días, comparado con 2,959 durante el 2017. Esto, según las estadísticas de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF),
“Los últimos datos de OCIF revelan que, para marzo de 2019, un total de 49, 671 préstamos hipotecarios estaban en atrasos de 30, 60 y 90 días. Al unir a estos préstamos aquellos en no accruals (base o valor no devengado), en bancarrota y en proceso de ejecución de hipoteca, se puede estimar que cerca de un 24 por ciento de todas las propiedades en Puerto Rico se encuentran en riesgo. Según el Centro de Información Censal de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey, el índice de pobreza en Puerto Rico aumentó de un 44.9 por ciento a un 52.3, lo que impacta negativamente la capacidad de recuperación de una persona que incurre en el primer impago de su hipoteca”, apuntó la funcionaria.
En cuanto a la responsabilidad de la banca, opinó que los representantes de esta industria no han cumplido con su responsabilidad corporativa de garantizar acceso a la justicia en el manejo de los prestamos hipotecarios. A esos efectos, describió varios testimonios de casos y quejas recibidas en su hot line de deudores hipotecarios relacionadas a las moratorias tras el paso del huracán María.
“Estamos conscientes que tras el paso del huracán María la dificultad mayor no fue que los bancos no concedieran moratorias a sus clientes. Fue la falta de premura por parte de la banca de atender el tema del pago de hipotecas, la falta de información clara sobre las consecuencias de acogerse a la moratoria. También, la falta de capacitación de los empleados bancarios para informar a sus clientes. Nuestra organización tuvo la oportunidad de reunirse con la Asociación de Bancos y entregar un documento de buenas prácticas que podrían utilizar y aún no recibimos respuesta”, expresó Rivera Torres.
Al señalar que algunas buenas prácticas que promueve su entidad para el cumplimiento de parte de la banca ya son obligatorias por virtud de leyes federales y estatales, dijo que “otras no han sido objeto de legislación”.
La representante Lebrón Rodríguez expresó su preocupación en torno a la falta de información entre los empleados bancarios para así orientar a sus clientes. A esos efectos, el representante Pérez Ortiz le dio un plazo de cinco días a la Licenciada para someter la información recopilada y la lista de buenas prácticas para analizarlas con el propósito de cubrir las lagunas concernientes a las moratorias.
Asimismo, el representante Manual Natal Albelo, planteó que “las que diferentes alternativas de moratorias presentadas de acuerdo al banco crearon confusión”, mientras que el representante Denis Márquez Lebrón coincidió que “se pueden legislar las buenas prácticas para que sean obligatorias”.
Finalmente, el representante Pérez Ortiz destacó que “nos traen una serie de ideas, que nosotros, una vez terminemos de realizar esta investigación, las vamos a considerar, para que en caso de que ocurra otra emergencia en Puerto Rico la ciudadanía no tenga que pasar por la diversidad de problemas que pasó por falta de información de quien le aplicaba o no la moratoria, los términos correspondientes y demás”.
