Asimismo, dio paso a creación de un currículo sobre concienciación del calentamiento global y cambio climático en las escuelas del país
Durante la Sesión Ordinaria el Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 306 de la autoría de la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, para enmendar la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las compras del Gobierno de Puerto Rico del 2019”, a los fines de facultar a los municipios a recibir por traspaso, venta en pública subasta, cesión, donación o transferencia, equipo o propiedad pública declarada excedente.
“Es de conocimiento de todos y todas que el gobierno se encuentra atravesando una de sus peores crisis fiscales y económicas que no es ajena a los municipios. La constante práctica del gobierno de quitarle recursos a los municipios agrava la situación. Esta servidora entiende meritorio atender esta situación con carácter de urgencia. Con la aprobación de este proyecto le daremos a los municipios la facultad de poder expandir sus recursos de propiedades que puedan servirle a sus constituyentes. Las propiedades declaradas excedentes por el gobierno central son de gran utilidad para que los municipios continúen brindando servicios”, afirmó la senadora González Huertas.
También, se avaló la Resolución Conjunta del Senado 44 de la autoría del presidente del Senado, Dalmau Santiago, para ordenar al Secretario del Departamento de Educación a implementar un currículo sobre concienciación del calentamiento global y cambio climático como materias obligatorias en los niveles elemental, intermedio y superior del sistema de enseñanza público de Puerto Rico.
La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén se expresó en un turno a favor de la medida. “La necesidad de crear conciencia del entorno que vivimos es sumamente importante. Para esto tienen que hacerse muchos cambios. Tiene que ir de la mano de otro tipo de situaciones y política pública. Tenemos que proteger y celebrar la biodiversidad y los recursos naturales. Crear políticas centradas en el desarrollo humano y participación ciudadana. Es necesario crear conciencia desde los grados primarios”, indicó Rivera.
El Alto Cuerpo también dio paso a la Resolución del Senado 151 que propone realizar una investigación para conocer si el Departamento de Educación está cumpliendo con las disposiciones de la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” en cuanto a que los estudiantes cumplan con la asistencia obligatoria requerida. Según se desprende de la exposición de motivos de la pieza legislativa “las estadísticas sobre deserción escolar provistas por el propio Departamento de Educación presentan cifras alarmantes de deserción escolar, lo que puede ser indicativo de una desconexión entre la escuela y la comunidad escolar. En muchas comunidades hay padres o encargados que no cuentan con los recursos mínimos para asistir a sus hijos en el proceso educativo. El Gobierno ha descansado en los recursos de los propios padres y tutores para atender dichos asuntos. Esto ha dejado desprotegidos a estudiantes que el sistema perdió de vista y que nadie sabe dónde están. Es una obligación moral del Gobierno remediar esta situación”.
Además, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 68, de la autoría del senador José A. Vargas Vidot, que propone que se exima a toda Corporación de la responsabilidad contributiva de una contribución mínima tentativa impuesta en el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, dicha exención aplicará para el año contributivo 2020.
“Todo esto afecta profundamente a las organizaciones sin fines de lucro que siempre son la primera respuesta… Las organizaciones asumen la responsabilidad por las personas abandonadas, por la educación… Estamos hablando de organizaciones que son la respuesta, cuando nadie hace nada”, manifestó el autor de la medida el senador Vargas Vidot. Asimismo, en su alocución Vargas Vidot agradeció al senador Zaragoza Gómez por atender la pieza legislativa en la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal.
Igualmente, se avaló la Resolución del Senado 146 para investigar sobre la prestación de servicios de salud, públicos y privados, en Puerto Rico. Dicha investigación abarcará todos los servicios brindados en los municipios, entidades gubernamentales públicas, entidades privadas con o sin fines de lucro; sin limitarse a las organizaciones que son contratadas por el gobierno para ofrecer servicios de salud. Asimismo, busca se fiscalice toda instalación de salud y programas gubernamentales, comunitarios, públicos y privados que ofrezcan dichos servicios y los servicios de salud física y mental que actualmente se ofrecen a la población médico indigente, al igual que todo asunto relacionado al Covid-19 incluyendo vacunas, tratamientos y ayudas ofrecidas.
También, fue aprobado el Proyecto del Senado 134 de la autoría de la senadora, Rosamar Trujillo Plumey, para enmendar la “La Ley de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública WIPR”, para definir la responsabilidad de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública en caso de declaración de emergencia.
De la misma forma, fueron aprobadas la RCS 9 y la RCS 10 de la autoría de los senadores del Distrito de Ponce, Ramón Ruíz Nieves y González Huertas, con el mismo propósito. Una para solicitar a la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González Colón, a nombre del Pueblo de Puerto Rico, que realice todas las gestiones pertinentes y presente legislación; y la otra para expresar el total repudio y enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al proyecto de demolición del edificio Federal Luis A. Ferré conocido como la Oficina del Correo Federal de los Estados Unidos ubicado en la Calle Atocha esquina Guadalupe en la Ciudad de Ponce, Puerto Rico.
