Comisión cameral atendió el Proyecto de la Cámara 1533, en busca de enmendar el Código de Seguros para acelerar los procesos en beneficios de los asegurados
La Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, presidida por la representante Estrella Martínez Soto, realizó una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 1533 para determinar la valoración de daños en reclamación de seguros de propiedad.
La pieza legislativa busca, además, aclarar la diferencia en las cuantías de las partidas del Código de Seguros de Puerto Rico.
“En busca de remedios y acelerar los procesos en beneficio de los asegurados, lo que exploramos con este proyecto de ley es añadir poder y facultad al Comisionado de Seguros de Puerto Rico para que determine la valorización de los daños en las reclamaciones de seguros, permitiendo que intervengan con el procedimiento de reclamaciones de seguros. Esto, con el propósito de evaluar si la oferta del asegurador es razonable y cumple con los valores reales”, sostuvo la presidenta de la Comisión, Martínez Soto.
La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), quien no avaló la medida, expuso que este proyecto de ley “no tiene precedente ni cabida en las jurisdicciones en los Estados Unidos y, como parte de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés), nos preocupa que el referido proyecto dé la imagen de inestabilidad jurídica de negocios con la que se asocie a Puerto Rico”.
Fotos: Griselle Rosario
“De aprobarse este proyecto, lesionaría a la industria de seguros y reaseguros en la isla, los cuales, contrario a la percepción popular, son un componente necesario para el adecuado funcionamiento del país”, indicó la licenciada Israelia Pernas, directora ejecutiva de la ACODESE.
Pernas resaltó que, según las cifras más recientes provistas por el Comisionado de Seguros al 20 de septiembre de 2022, el total de reclamaciones pendientes se ha reducido en la medida que se continúan transigiendo litigios.
“Hay unas 1,800 reclamaciones pendientes, de las cuales 1,400 están en litigio en los tribunales. A pesar de todos los obstáculos, y si bien es cierto que varias reclamaciones de seguros han llegado a los tribunales, de todas las reclamaciones presentadas ante los aseguradores solo resta resolver el .06%. Esto demuestra que la industria de seguros sí ha respondido a sus asegurados”, apuntó Pernas.
Por otro lado, el Comisionado de Seguros, Alexander Adams de la Oficina del Comisionado de Seguros, enfatizó que para que la agencia gubernamental pueda dilucidar una controversia sobre valoración de daños de reclamaciones, esta debe circunscribirse a controversias sobre el ajuste de la reclamación, específicamente de seguros de propiedad.
“Proponemos que el proyecto especifique que la intervención de la OCS será en controversias de valoración de reclamaciones de seguros de propiedad surgidas luego del ajuste de la reclamación realizado por el asegurador, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Seguros”, expresó Adams.
El Comisionado sugirió que se disponga un tope o límite de la cuantía reclamada en la controversia. Asimismo, propuso que se explore facultar la intervención revisora en aquellas disputas sobre valoración en reclamaciones de realizar el ajuste y resolución de los $300,000, en las que el asegurador tuvo la oportunidad de realizar el ajuste y resolución de reclamación conforme con lo establecido en el Código de Seguros.
“Son esas reclamaciones de propiedad las que hemos identificado que cubren a mayor cantidad de asegurados y reclamantes, y que los costos de un litigio prolongado en los tribunales para vindicar una discrepancia con la oferta y valoración de su reclamación frustra su derecho a que se revise la propuesta de pago del asegurador”, aseveró el funcionario.
Por su parte, la licenciada Hilda Surillo, vicepresidenta ejecutiva de MAPFRE, comentó que esta medida es una insólita en la industria de seguros, particularmente porque en la jurisdicción del NAIC no está contenida en ninguna legislación modelo.
“De ser aprobada esta medida, afectará negativamente la capacidad de seguros para Puerto Rico. Además, pudiera poner en riesgo nuevamente la acreditación de la OCS”, apuntó Surillo.
Ante esto, la legisladora Martínez Soto recalcó que lo que se busca con la medida en discusión son alternativas viables y más agilidad.
Entre tanto, el presidente de la Federación de Condominios y Control de Acceso (FEDCCA), Ignacio Veloz, denunció la falta de pago de las reclamaciones por parte de las aseguradoras.
“Por la falta del pago, muchos condominios tuvieron que acudir a los Ajustadores Públicos y luego a los abogados para poder obtener una compensación justa para poner como estaba el condominio antes del Huracán (María). Después de más de cinco años del Huracán María las aseguradoras no han pagado las reclamaciones a más de 100 condominios y a diez que representa la FEDCCA”, dijo Veloz.
El presidente de la FEDCCA, resaltó que muchos titulares no pudieron recibir una compensación para arreglar sus apartamentos y tuvieron que buscar préstamos o dinero de otra manera para poder vivir su apartamento.
“Al día de hoy, todavía existen titulares que no pueden vivir en su apartamento ya que el Huracán se llevó todas las ventanas y muebles que tenían”, subrayó Veloz, quien añadió que este proyecto le dará un poder al Comisionado para que las aseguradoras le paguen a los asegurados en un tiempo razonable.
