La Comisión de Salud, presidida por la representante Sol Y. Higgins Cuadrado realizó hoy una vista pública, que busca enmendar la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico para incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno a los policías estatales y municipales, retirados y activos, sus cónyuges e hijos.
El Proyecto del Senado 150, de igual forma, busca fijar la aportación y autorizar a la Administración de Seguros de Salud (ASES) a promulgar aquellos reglamentos que estime pertinentes, en cuanto a cubiertas y beneficios, criterios de elegibilidad y el pago de primas.
“Para esta Asamblea Legislativa es importante el bienestar de nuestros policías estatales y municipales, ya que como todos sabemos, estos arriesgan su vida para garantizar la seguridad de los puertorriqueños. Hemos visto las vicisitudes que los policías, tanto activos como retirados, enfrentan para acceder a los servicios de salud, y es prioridad para esta Comisión atender esta situación”, sostuvo Higgins Cuadrado.
Respecto a esta legislación, la ASES reconoció la importancia de establecer iniciativas que salvaguardan la salud de todos los puertorriqueños, incluyendo miembros reiterados y activos del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y de la Policía Municipal, junto a sus cónyuges e hijos.
“Entendemos lo meritorio de esta medida legislativa, no obstante, esta presenta un impacto fiscal sustancial. De un estudio actuarial realizado el pasado año, que fue presentado ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y donde se contempló añadir a los policías estatales retirados al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico (PSG), se reflejó un impacto económico al Plan Vital de aproximadamente $32.5 a $54.1 millones de dólares”, abundó la directora de la división legal de ASES, Edanit Torres.
Asimismo, señaló que, con la medida aprobada en el Senado de Puerto Rico, los pensionados que reciben hasta $1,500.00 de pensión recibirán beneficios de salud bajo el PSG de forma gratuita. También, las aportaciones a los policías pensionados que no sean orgánicamente elegibles al Programa Medicaid deberán ser sufragadas enteramente por fondos estatales, ya que sus ingresos sobrepasan los estándares de elegibilidad al Programa, por lo que serían calificados como población estatal y su cubierta no calificaría para reembolsos de fondos federales.
“Su cubierta sería sufragada por el fondo general estatal, ya que todo empleado público que se acoge al retiro lo hace sin el beneficio de aportación patronal por disposición de la Ley 3-2013”, mencionó Torres, quien a su vez agregó que ya una medida similar ha estado bajo la consideración de la JSF por impactar a gran escala el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico.
Por su parte, el representante Juan Oscar Morales mencionó que este proyecto de ley puede hacer justicia a los policías municipales y estatales, “pero esa cantidad que ASES nos dijo de $32.5 a 54.1 millones de dólares, no es una peseta, es bastante. Por cuestiones económicas, no puedo avalar este proyecto, y sería irresponsable de nuestra parte como Legislatura comprometernos con esta población”.
Por otra parte, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) avaló lo propuesto en esta medida. “Consideramos meritorio que los policías puedan ser elegibles a la cubierta del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, sin que vean deducciones en sus beneficios de jubilación”, sostuvo el ayudante especial del DSP, Carlos Meléndez, quien recomendó consultar con la Asociación y la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda, y la Autoridad de Asesoría FInanciera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el impacto fiscal que conllevaría la misma.
Según Meléndez, en su programa hay de 160 a 180 mil empleados públicos entre activos y pensionados.
“Todos sabemos lo importante que es tener un plan médico y más en estos tiempos. Ninguno de nosotros está en contra del proyecto, pero es mucho dinero y hay unos fondos que habría que buscar. El norte de nosotros es garantizar el bien de los puertorriqueños, pero hay proyectos que llevan un costo y ante la situación que vive el país, muchas medidas son un poco difíciles de ejecutar”, concluyó la legisladora, Higgins Cuadrado.
