La Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes, presidida por Lisie Burgos Muñiz, inició este lunes el proceso de vistas públicas para evaluar una medida que persigue enmendar la Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado (Ley 173-2016) con el fin corregir y aclarar algunas de sus disposiciones.
El Proyecto de la Cámara 1041, de la autoría del representante José Aponte Hernández, también busca atemperar la Ley 173 a preceptos federales o estatales que han sido enmendados y derogados. Según la exposición de motivos de la medida, es necesario evaluar las disposiciones del estatuto que puedan resultar “onerosas o incompatibles” para la mejor operación de los centros de cuido. El Departamento de la Familia (DF) se abstuvo de favorecer la pieza legislativa al solicitar la aprobación del Proyecto de la Cámara 911 y el Proyecto del Senado 537 previo a dar paso a la medida bajo evaluación. Ambos proyectos de administración tienen el fin de derogar la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (Ley 246-2011) para que se apruebe una nueva Ley para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar.
“Con la aprobación de esta legislación, Puerto Rico estará en cumplimiento con las disposiciones de Family First Act y se reenfocaría el manejo de los casos sobre maltrato y negligencia de menores, dándoles el enfoque de preservación familiar antes de considerar la separación del entorno de acuerdo con los hechos de cada caso”, indicó la agencia en un memorial explicativo. De aprobarse la legislación, que aún se encuentra en el trámite legislativo, Familia aseguró que estaría inclinada a favorecer el Proyecto 1041. “De esta manera, tendremos la oportunidad de atemperar la Ley 173 en conjunto a cualquier cambio que la nueva legislación traiga consigo”, señaló la directora de la Oficina de Licenciamiento de la agencia, Llelidza Santiago.
Familia sugirió diversas enmiendas a la medida fundamentadas en el Family First Act, principalmente, para que el proyecto incluya una disposición que incorpore los establecimientos residenciales. Estos centros especializados, según la agencia, brindan servicios de alta calidad de cuidado y apoyo a menores que son o están en riesgo de convertirse en víctimas de trata humana. Asimismo, encomendó que se incluya una disposición relacionada al Tratamiento Residencial Cualificado (QRTP, por sus siglas en inglés), que será el nivel de cuidado más restrictivo que atienda a niños y jóvenes con problemas emocionales o conductuales.
Durante la vista pública, el componente de la agencia enfatizó en la necesidad de que se aprueben los proyectos que emularán el Family First Act, pues esta reforma permitirá a Puerto Rico utilizar los fondos federales del Título IV-E para apoyar servicios de prevención y preservación, tanto para menores como familias elegibles que se encuentren en riesgo. Actualmente, el Proyecto del Senado 537 es la medida que se encuentra más adelantada en el trámite legislativo luego de que fuera aprobada en el cuerpo de origen el pasado marzo. La pieza fue aprobada con enmiendas en la Cámara de Representantes el pasado 26 de abril, por lo que fue conformado un comité de conferencia.
La administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Glenda Gerena, afirmó que la aprobación del proyecto senatorial brindaría a la dependencia una mayor paridad de fondos, pues Puerto Rico se encuentra en “desventaja” de subvenciones federales en comparación con los recursos que son asignados a otras jurisdicciones. “Nos urge que Family First sea aprobado. Con esos fondos que vamos a recibir se pueden aumentar las subvenciones de los pagos de los hogares de los niños y las facilidades residenciales. Al tener un servicio de calidad y excelencia, que es lo que buscamos, evitamos muchas situaciones de riesgo”, expresó Gerena.
A la fecha, Familia ha licenciado 516 centros de cuido, desarrollo y aprendizaje, así como 56 hogares de cuidado. Abogan por reducir requisitos académicos, la Asociación de Servicios a la Niñez (Aseni) presentó su oposición a la imposición del requisito de obtener un bachillerato en educación tanto a los directores -que en su mayoría son los dueños operadores- como al personal de los centros de cuido.
Para el presidente Ramón Irizarry, esta disposición resultará en un “caos de incumplimiento” y escasez de recurso humano en los centros de cuido en momentos en que han cerrado un aproximado de 400 de estos establecimientos desde el paso del huracán María.
Según Irizarry, la mayoría de las personas que trabajan en esta industria son mujeres entre las edades de 30 y 60 años que se desarrollaron en la vocación del cuidado de niños sin un título universitario.
“Requerirles un bachillerato en educación a esta clase social trabajadora las dejará sin empleo, creando otro problema social y fomentando la dependencia de las ayudas económicas”, aseveró el presidente.
“Es nuestro deseo que estas personas estén competentemente preparadas. No obstante, existen capacitaciones vocacionales especializadas más efectivas que un bachillerato para el trabajo con niños de edad temprana”, agregó.
Mientras, la Asociación Puertorriqueña de Centros de Cuido y Desarrollo del Niño (APCCDN) favoreció el proyecto que persigue enmendar la Ley 173, sin embargo, resaltó que un aspecto importante que se debe de atender en las enmiendas propuestas es el permitir que se validen como cursos requeridos aquellos adiestramientos concernientes al desarrollo de la niñez temprana, tomados por el director a través del ofrecimiento de instituciones educativas, organizaciones y profesionales con certificaciones válidas.
La presidenta de APCCDN, Yanira Figueroa Sierra, sostuvo que “es importante que se les reconozcan y validen los años de servicio a aquellos directores-propietarios dentro de los requisitos de preparación académica como aquí se solicita aliviar la carga impuesta en la Ley 173 para algunos de estos”. “Entendemos que las enmiendas propuestas en el Proyecto 1041 están dirigidas a atender alguno de los asuntos contenidos en la Ley 173 que no solamente resultan onerosos, es que en adición han sido impedimento para el funcionamiento en los centros de cuido”, agregó Figueroa Sierra.
Por su parte, la CEO de Training & Educational Services Corp. señaló que la participación de la compañía se circunscribe en las enmiendas que actualmente se realizan a la Ley 173 de Licenciamiento de Cuidos. “Hay artículos que considero que deberían ser reevaluados con el fin de poder ser accesible a otras compañías que ofrecen educación continua, seminarios o talleres. Además, ofrecer la oportunidad a los participantes a elegir donde tomar su preparación como lo indica el Concilio”, argumentó la CEO, Keila García Rosado.
