La pasada administración, liderada por Jorge Haddock Acevedo, efectuó un pago de $390,000 a compañía privada que nunca entregó plan de retribución y clasificación
En una vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales, presidida por el representante Domingo J. Torres García, salió a relucir que la pasada administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR), presidida por el ingeniero Jorge Haddock Acevedo, otorgó un contrato de $1 millón, del cual desembolsaron $390,000 a la compañía privada Alternative Marketing Consulting Services sin que emitiera el plan de retribución y clasificación para el personal no docente, tarea para la cual se les contrató.
En la audiencia pública, que atendió la Resolución de la Cámara 686 de la autoría de los representantes María de Lourdes Ramos Rivera, Denis Márquez Lebrón y Héctor Ferrer Santiago, la Junta de Gobierno de la UPR tuvo que explicar, detallar y producir todos los documentos relacionados con los gastos incurridos en actividades extracurriculares durante los años 2021-2022. Especialmente, los destinados a gastos de hotel, estadías, consumo y otros a fines, que no parecen estar consignados bajo un interés público legítimo.
La vista pública contó con la participación de la Dra. Mayra Olavarría Cruz, presidenta interina de la UPR, la Lcda. Magdalisse Ramos Costas, secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno de la UPR y el Sr. Antonio Tejera Rocafort, director de finanzas de la administración central de la UPR.
Dentro de los hallazgos en el proceso legislativo, los representantes encontraron que Ramos Costas firmó junto al entonces presidente de la UPR, Haddock Acevedo, el documento que autorizaba el desembolso de los $390,000.
‘’Yo lo firmo porque soy la persona responsable de ese presupuesto y que, por ende, los gastos estaban autorizados por el Presidente de la UPR que en ese momento era Haddock, así que lo que yo hacía era asegurar que los fondos estuvieran en la cuenta’’, expresó la funcionaria, quien en ese momento dirigía de manera interina el puesto de Directora de la Oficina de Transformación Institucional (OTI).
La OTI fue creada por la Junta de Gobierno de la UPR el pasado 20 de abril de 2018 con el fin de desarrollar prácticas eficientes de gestión de proyectos con el propósito de desarrollar los proyectos de transformación y reformas universitarias conforme al Plan Fiscal. Esta oficina cuenta con una asignación de $5 millones para operar durante el año fiscal 2021-2022 y durante los últimos cinco años han tenido un presupuesto operacional que asciende a $30 millones.
De acuerdo con la representante Ramos Rivera, la OTI no cumplió con la ley de la Administración de Servicios Generales (ASG) que exige que todo gasto tiene que pasar por la aprobación de la agencia y, a su vez, que cualquier gasto no excediera de $600,000.
‘’Aquí se le han dado millones de dólares a esta oficina que lleva funcionando desde el 2018 y que no han estado cumpliendo con la ley de la ASG. Se pagaron más de $390,000 y es importante que sepan que la OTI no puede gastar $600,000 sin la firma de alguien, ya que constituye una acción ilegal y que esto no tuvo la visoria de la ASG’’, dijo la legisladora.
Ante eso, la secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno de la UPR añadió que ‘’yo tengo entendido que a nosotros no nos aplicaba la ley de la ASG porque tampoco se nos hizo una alerta a nivel de Administración Central que se estaban otorgando contratos que violaban la ley de la agencia’’.
‘’Es importante que usted sepa que desconocer de la ley no le exime del cumplimiento de esta y aquí lo preocupante es que se pagaron $390,000 fuera de los límites legales de la ley y que la UPR obviamente tenía que cumplir con eso. Se hizo algo ilegal. Si ese plan no llegó, no es entendible que ese documento se haya firmado’’, ripostó Ramos Rivera.
‘’La OTI con contratos como ese lo que hacía era recibir peticiones de la oficina del Presidente para llevar a cabo medidas relacionadas al Plan Fiscal y validar que todo estuviera alineado para otorgar los fondos a la Administración Central para que ellos dieran el contrato. Nosotros solamente corroboramos que estuviera el dinero en la cuenta’’, afirmó Ramos Costas, quien presentó su renuncia como secretaria ejecutiva efectiva el 1 de junio de este año.
‘’Entonces aquí lo grave es que se le desembolsó ese dinero sin que cumplieran para lo que se les contrató y usted firmó y autorizó para que se efectuará un pago ilegal. Es difícil entender cómo una persona firma un documento que autoriza el desembolso de un dinero de la Universidad porque simplemente le dijeron que firmara tal documento porque es parte del contrato. Esto es increíble’’, agregó la Representante.
Por su parte, la presidenta interina de la UPR, Olavarría Cruz expuso que ‘’una vez yo comienzo mis funciones como presidenta, la Oficina de Recursos Humanos nos alertó de una factura de pago que estaba pendiente para emitirse y que no estaban conforme con lo que realizó esa compañía. Por ende, no se ha pagado nada correspondiente a ese contrato. Todo se detuvo y se está investigando’’.
Del mismo modo, la legisladora Mariana Nogales Molinelli estableció que la malversación de fondos comenzó con la creación de la OTI. ‘’Nuevamente comprobamos que los mecanismos implementados por la Junta de Control Fiscal no presentan beneficios para el pueblo ni las instituciones, ya que no evitan la corrupción ni el mal uso del dinero’’.
Más gastos en reuniones de la UPR
Por otro lado, el director de finanzas de la administración central de la UPR, Tejera Rocafort detalló y brindó información sobre gastos incurridos en dos actividades organizadas por la OTI durante los años 2021-2022 para realizar una evaluación de la operación del Recinto de Ciencias Médicas.
Tejera Rocafor dijo que con el visto bueno del Comité de Reestructuración se identificaron posibles colaboradores para formar un grupo de expertos que evaluarán la operación del Recinto de Ciencias Médicas y que para ese fin iban a efectuar dos reuniones. El primer encuentro se llevaría a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2021 a un costo estimado de $26,000, tomando en consideración la estadía, alimentos y transportación. Mientras, la segunda reunión presencial se condujo del 1 al 8 de febrero de 2022 por la OTI a un costo aproximado de $38,000.
“Hasta el día de hoy, no se ha emitido ningún pago de esas facturas que nos hicieron llegar cada suplidor. Todo se encuentra detenido y está en un proceso de investigación’’, dijo el Director de Finanzas de la Administración Central de la UPR.
‘’Ante todos estos hallazgos es meritorio que esta Comisión continúe con esta investigación con el fin de defender a nuestra Universidad y, segundo, buscar hacer justicia. Esto no puede culminar sin que sepamos todo lo que ha pasado. Estaremos haciendo más vistas públicas hasta tener toda la información para al final tomar una determinación’’, puntualizó el presidente de la Comisión, Torres García.
