En vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales en la Cámara de Representantes
El representante Domingo J. Torres García, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, atendió hoy, lunes, el Proyecto de la Cámara 1553, que busca ofrecer la alternativa a los empleados activos bajo Reforma 2000 y el Plan 106 de transferir voluntariamente su plan de aportaciones definidas a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA).
La medida busca enmendar la Ley 106-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”.
Durante el encuentro legislativo, la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) presentaron ponencias en contra de la pieza legislativa por considerar que es “inconsistente con el plan fiscal y con la reforma de pensiones”.
El director ejecutivo de la Junta de Retiro, Luis M. Collazo Rodríguez defendió el actual modelo que administra el Plan de Aportaciones Definidas de los servidores públicos. Actualmente, la compañía Alight Solutions Caribe Inc. funge como entidad administradora del Plan 106.
“Por primera vez en la historia, el Sistema de Retiro logró crear un nuevo y verdadero Plan de Contribuciones Definidas después de los intentos fallidos del pasado con la Reforma 2000 y la Ley 3-2013, donde las cuentas individuales de los participantes nunca fueron creadas y el dinero aportado por los participantes no fue debidamente segregado y custodiado. Hoy, los participantes de los sistemas de retiro han retomado el control de sus aportaciones y de su futuro, son ellos, no el Gobierno, los que deciden cómo y dónde invierten su dinero”, abundó Collazo Rodríguez.
Por su parte, el representante Torres García cuestionó a Collazo Rodríguez sobre el proceso competitivo que seleccionó a Alight Solutions Caribe Inc. “¿Cuánta experiencia tiene Alight en la administración de este tipo de planes?”, preguntó.
El deponente contestó que desde el 1990. Sin embargo, el legislador constató que la empresa seleccionada bajo el nombre Alight Solutions Caribe Inc. opera a partir del 2017. Collazo Rodríguez destacó que la empresa administradora sufrió en el 2017 un cambio de nombre. La entidad anteriormente estaba registrada bajo el nombre de Hewitt Associates Caribe, Inc.
Torres García solicitó al deponente una certificación sobre la experiencia de Alight Solutions Caribe Inc. correspondiente a la corporación que inicialmente fue registrada el 27 de abril de 1990, según establece el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado.
“Mi cuestionamiento nace porque es la misma Ley 106 la que exige que la entidad administradora deberá ser una empresa reconocida, con al menos 10 años de experiencia en la administración de planes de retiro”, indicó el legislador.
En la vista se informó que el contrato de la Junta de Retiro con Alight Solutions Caribe Inc. es de 7 años y vencerá hasta el 2023.
Por otra parte, Collazo Rodríguez añadió que, de aprobarse el PC 1553, “presenta un potencial riesgo de que los participantes pierdan el control sobre sus inversiones, así como también la visibilidad y el acceso directo a sus balances…bajo ningún criterio, la medida legislativa, representa un beneficio para nuestros servidores públicos y en adición, trastoca la reforma de las pensiones”.
Insistió que la pieza legislativa es “significativamente inconsistente con el Plan Fiscal y con la reforma de pensiones”.
Por su parte, el principal oficial legal de AAFAF, Luis R. Rivera Cruz destacó que la medida en discusión “propone apartarse del proceso competitivo requerido por la Ley 106-2017 y designar directamente a la AEELA como una entidad administradora de los fondos de los sistemas de retiro de los servidores públicos…Esta práctica podría resultar en detrimento y perjuicio para nuestros servidores públicos”.
AEELA asegura que medida “no tendrá impacto negativo en las finanzas gubernamentales”
Al mismo tiempo, el director ejecutivo de AEELA, Pablo Crespo Claudio destacó que la pieza legislativa “está fundamentada en la capacidad probada de la AEELA para administrar los haberes y el patrimonio de los miles de empleados públicos, ex empleados, pensionados y otros componentes de su matrícula y organización. Estas personas han depositado, por más de cien años, su confianza y seguridad en la gestión administrativa y financiera de la Asociación”.
A preguntas de Torres García, Crespo Claudio aclaró que AEELA no cuenta con experiencia para administrar planes de aportaciones definidas. De igual forma, el director ejecutivo insistió que la incorporación de AEELA como entidad administradora del Plan 106 “no tendrá impacto negativo en las finanzas gubernamentales”. “Entendemos que el crear una nueva categoría de socios para incluir a los ex empleados públicos del Sistema 2000, Plan 106 y otros, es de gran provecho y le hace justicia a miles de servidores públicos que también dedicaron sus años de mayor productividad al servicio del pueblo de Puerto Rico, pero estarían en una situación de desventaja frente a otros ex empleados públicos por el simple hecho de no contar con la protección, seguridad económica y los beneficios que conlleva pertenecer a la matrícula de la AEELA”, destacó.
