El Capitolio – Bajo la Resolución de la Cámara 1177, la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Jorge Navarro Suárez, reanudó el estudio que realiza sobre el cumplimiento de la “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites”, conocida como la Ley del Cannabis Medicinal, y su Reglamento 9038 de la Junta Reglamentadora del Cannabis.
A la audiencia pública acudió la directora ejecutiva del Programa del Cannabis Medicinal del Departamento de Salud (DS), la licenciada Denise Maldonado Rosa, quien presentó una radiografía de la otorgación y evaluación de las licencias de cultivo, manufactura, dispensarios y transporte.
Acerca de la evaluación de expedientes para la otorgación de las licencias, Maldonado Rosa, aceptó las constantes quejas que existen al respecto. “Sabemos que la queja de los atrasos también estriba en la falta de quórum por parte de los miembros de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal”, dijo al señalar que desde el 1 de enero al 30 de junio del presente año se han calendarizado 15 reuniones para evaluar expedientes y cinco de ellas no se han podido llevar a cabo por falta de quórum.
A preguntas del Presidente de la Comisión en cuanto a la falta de inspectores, la Directora Ejecutiva reconoció la necesidad de personal para realizar las inspecciones. Ante ello, indicó que necesita entre 10 a 12 inspectores para funcionar sin problemas.
En este momento, cuenta con solo seis inspectores para 867 entidades, entre las funciones que realizan son la fiscalización y el cumplimiento del requerimiento para la obtención de licencias, las re-cualificaciones e intervenciones al azar para verificar el cumplimiento con las disposiciones de la Ley.
Otros dos puntos que trajo el Presidente de la Comisión a la vista pública fueron el uso correcto del sistema de rastreo y la fiscalización constante a los dueños de los dispensarios de cannabis medicinal.
Maldonado Rosa reveló que, tras la ejecución de un plan de trabajo a corto plazo, se encontró que las fallas más comunes dentro de la industria son las “inexactitudes en inventario”. Para ello, la Funcionaria dijo que comenzó a adiestrar a los inspectores de modo que conozcan todos los aspectos del sistema de rastreo.
En el turno de preguntas, el autor de la medida, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, indagó sobre si la Junta Reglamentadora cuenta con un laboratorio para corroborar si los dispensarios cumplen con regulaciones, a lo que Maldonado Rosa, dijo que, “actualmente no tenemos laboratorio”. Seguido, la Funcionaria argumentó que tiene subcontratado dos laboratorios para el análisis de las muestras incautadas en los dispensarios.
De igual forma, depuso el licenciado Luis D. García Fraga, presidente del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP). Este argumentó que bajo la Orden Ejecutiva 2015-10 del 3 de mayo de 2015 comenzaron a expedir las autorizaciones para transportar Cannabis Medicinal, bajo la licencia de Transporte de Carga Especializada.
Sin embargo, no pudo precisar la cantidad de transporte dedicado al cannabis medicinal, ya que están bajo la misma nomenclatura de Transporte de Carga Especializada. “La base de datos se encuentra mezclada con el resto del Transporte de Carga Especializada”, dijo. Al mismo tiempo, comentó que comenzó el diálogo con la Directora Ejecutiva de la Junta Reglamentadora para crear una subdivisión para registrar el transporte especializado para el cannabis medicinal.
En cuanto a los reglamentos aplicables, el Presidente del NTSP expresó que al aprobarse la “Ley de Transformación Administrativa de la comisión de Servicio Público”, se le concedió la facultad de revisar, de forma expedita, los reglamentos de la Agencia. Por lo que, se encuentran revisando todos los reglamentos y aprobar el Código de Reglamentos. “Dentro a la nueva fase del Código de Reglamentos, estaremos incorporando la regulación del Transporte de Cannabis Medicinal”, añadió.
Antes de finalizar, el propietario de Green Spirit RX en Puerto Rico, Alexis Colón, junto Edgar Montero, CEO de la empresa Chemesis, sometieron a la Comisión el memorial donde señalan la falta de recursos e independencia administrativa por parte de la Junta Reglamentadora y la incursión de corporaciones públicas en el mercado de valores.
