Incluyendo el funcionamiento de las salas especializadas en casos de violencia doméstica y de género
La Comisión de Gobierno y la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes iniciaron hoy el proceso de vistas públicas para investigar las necesidades fiscales y de recursos humanos de los proyectos iniciados en el Programa para la Atención de Casos de Violencia Doméstica.
Entre ellos, el Proyecto de Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica, el Proyecto de Especialización de Servicios en Casos de Violencia Doméstica y el Proyecto Piloto de Sala Especializada en Casos de Violencia de Género, adscritos a la Directoría de Programas Judiciales de la Rama Judicial de Puerto Rico.
“Este tema, que es tan importante, necesita que aunamos esfuerzos con el propósito de erradicar la violencia de género y garantizar que el gobierno dé los recursos necesarios para poder hacerle justicia a toda persona víctima”, expresó la representante Jocelyne Rodríguez Negrón, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer”.
La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) presentó una ponencia firmada por el director administrativo Sigfrido Steidel en la cual informó que, tras la congelación de la fórmula estatutaria que definía el presupuesto del Poder Judicial, desde el año fiscal 2014-2015 ha ocurrido una merma en el presupuesto de un 23% o un aproximado de $79 millones anuales.
Como parte de las gestiones administrativas efectuadas para maximizar sus recursos y ampliar el acceso judicial a las víctimas de violencia doméstica y de género, el Poder Judicial aguarda por un posible desembolso de fondos federales para expandir los servicios prestados a estas víctimas.
Según la OAT, este plan se realizará a través del Proyecto de Expansión y Fortalecimiento de las Salas Especializadas en Casos de Violencia de Género. “Es importante señalar que estos fondos no son de naturaleza recurrente, por lo que su único desembolso serviría para subvencionar algunos de los costos asociados a la habilitación de las Salas Especializadas de Género”, indicó la licenciada Mónica Hernández, asesora legal de la agencia.
La portavoz destacó que las Salas Especializadas de Género aún faltan por implementarse en las regiones judiciales de Guayama, Aguadilla y Aibonito. Asimismo, acentuó que los fondos federales no son suficientes para cubrir los salarios de los funcionarios y funcionarias que se recluten para operarlas, ni para los gastos de funcionamiento u operación.
“Aun en caso de que se concretara tal desembolso de fondos federales, sería necesario auscultar la viabilidad de que la Asamblea Legislativa incluyera asignaciones presupuestarias recurrentes para cubrir los costos de reclutamiento del personal necesario para manejar las Salas Especializadas de manera óptima”, instó Hernández.
La licenciada notificó que, al momento, existen 19 vacantes de jueces municipales de un total de 85 plazas y otras 27 vacantes de jueces superiores de un total de 253 puestos a nivel isla. Explicó que las siete Salas Especializadas de Violencia Doméstica están ubicadas en Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Ponce y San Juan.
Mientras, las Salas Especializadas en Casos de Violencia de Género, que también abarcan casos de violencia sexual y maltrato de menores, están localizadas en Humacao, Utuado y Mayagüez. De acuerdo con Hernández, el Poder Judicial se encuentra en proceso de consolidar ambas salas bajo la especialización de violencia de género.
Por su parte, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres resaltó que la agencia cuenta con 31 intercesores legales contratados que se distribuyen en todas las regiones judiciales. La supervisión de 19 de ellos se hace en colaboración con entidades enlaces y el resto son supervisados directamente por la OPM.
En una ponencia firmada por la procuradora interina, Madeline Bermúdez, la agencia afirmó que no está exenta de la escasez de recurso humano, pues han encontrado obstáculos relacionados a la contratación de más intercesores necesarios alrededor de la isla.
Además, la agencia advirtió que ha enfrentado retos en el acceso a fondos relacionados a la contratación de intercesores. En el año fiscal 2022-2023 fue el primer año en que se otorgaron fondos directamente en la resolución conjunta del presupuesto por la cantidad de $800 mil.
Para el año fiscal 2023-2024 se le otorgó a la OPM la cantidad de $1.5 millones que, de ellos, se han comprendido $1.2 millones en contratos otorgados.
“Es un ejercicio que tenemos que arreciar. Nosotros hemos estado aquí atendiendo legislación tanto con el tema de la violencia de género como con el tema de maltrato de menores, y sin duda el llamado a erradicar la violencia de género es urgente”, manifestó el representante Jesús Manuel Ortiz, presidente de la Comisión de Gobierno.
