El alcance de la medida busca beneficiar de forma retroactiva a policías retirados a partir del 2013
La Cámara de Representantes aprobó hoy, con 28 votos a favor y 4 votos en contra, una medida que persigue lograr garantizar a los retirados de la Policía de Puerto Rico un pago de al menos un 50 por ciento de su ingreso.
Tras una enmienda presentada en sala, el Proyecto de la Cámara (PC) 1593 beneficiará a los policías retirados; incluyendo a quienes se vieron afectados con la Ley 3-2013. Luego de ser aprobada la enmienda, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) anunció su voto a favor de la medida.
Por su parte, los representantes del PNP, Wanda del Valle Correa y José Aponte Hernández presentaron votos en contra de la medida. De igual forma, los representantes Denis Márquez Lebrón y Lisie Burgos Muñiz votaron negativo sobre la legislación.
La Comisión de Turismo y Cooperativismo presentó un informe positivo sobre la medida. El representante José H. Rivera Madera, quien preside la Comisión, sometió un análisis sobre la medida que destacó “conforme a los recaudos recibidos de las Máquinas de Juegos de Azar en Ruta según dispone la Ley, por ello los recaudos gubernamentales no se afectan, ya que el ingreso estaría disponible en el fideicomiso creado a esos fines”.
“Esta acción amplía más aún el compromiso ineludible de esta Asamblea Legislativa con nuestros ciudadanos que batallaron por años defendiendo la vida y propiedad de nuestro pueblo”, destacó la exposición de motivos del PC 1593.
Al mismo tiempo, la Cámara avaló de manera unánime la Resolución Conjunta de la Cámara 441, que persigue enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 1859-2004.
La Resolución enmendada asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), la cantidad de $100,000, del Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para transferir al Centro Guarionex en Utuado para la construcción y reparación de la sede del Centro.
Por su parte, la Comisión de Bienestar Social, presidida por la representante Lisie J. Burgos Muñiz presentó un informe final sobre la Resolución de la Cámara 406, que ordenó realizar una investigación sobre la accesibilidad y alcance de todos los servicios ofrecidos por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a los menores, jóvenes adultos y adultos sordos que se encuentran recluidos en las instituciones correccionales del país.
En vistas públicas, la Comisión logró contar con la comparecencia del DCR; el administrador del Programa de Salud Correccional, Physician Correccional; y de madres de confinados que expresaron su testimonio y preocupaciones.
En el informe sometido ante el pleno de la cámara baja, Burgos Muñiz concluyó que el DCR “cuenta con las herramientas y está en la búsqueda de estrategias para servir a la población correccional con discapacidad”. Al mismo tiempo, explicó que la población con discapacidad auditiva se compone de 12 personas. “A estas personas se les brindan los servicios según los protocolos en aras de garantizar la igualdad en oportunidades, especialmente dirigidas a la rehabilitación y desarrollo”.
Al mismo tiempo, el informe destaca, que luego de concluir la investigación, la necesidad de que el DCR fortalezca el área administrativa y programática para mejorar el ofrecimiento, acceso y disponibilidad de servicios dirigidos a rehabilitación de las personas recluidas en los centros correccionales. “Según los hallazgos, el DCR cuenta con los fondos y con diversidad de acuerdos colaborativos para esos fines”, argumentó la legisladora del Proyecto Dignidad en el informe sometido.
La Cámara de Representantes cesó sus trabajos hasta el próximo martes, 28 de marzo de 2023.
