Rafael “Tatito” Hernández presentó las tres vías que tomará el cuerpo legislativo para restituir los derechos de los trabajadores
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, advirtió hoy que apelarán la decisión de la jueza Laura Taylor Swain de anular la Reforma Laboral aprobada en la Ley 41-2022 como parte del curso de acción que tomará el cuerpo legislativo.
En un turno tomado durante la sesión legislativa, Hernández Montañez desmintió alegaciones de que la Cámara no había sometido el impacto fiscal que representaría la medida en el proceso de la objeción formal ante el tribunal federal. De acuerdo con el líder cameral, el informe del cuerpo legislativo establece que la ley resultaría en un impacto de $120 millones.
“Positivo es el impacto de esta medida”, expresó el presidente. “Tiene que haber ajustes. Esa es la responsabilidad de esta Asamblea Legislativa, y el ajuste que nosotros hicimos fue un ajuste de justicia salarial”.
La Ley 41-2022 había restituido derechos perdidos por los empleados cuando se aprobó la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral (Ley 4-2017). Entre ellos, derechos relacionados a la acumulación del bono de Navidad; periodo probatorio; licencia de vacaciones a tiempo completo; licencias de vacaciones y enfermedad en jornada parcial; presunción de despido; y la mesada de indemnización en casos de despido injustificado.
“Nadie ha podido plantear un documento sustantivo, económico, que demuestre que la Ley 41 erosiona los recaudos del país; pone menos dinero en los bolsillos de los puertorriqueños; afecta el poder adquisitivo del consumidor. Nadie ha sometido un documento”, manifestó Hernández Montañez.
Además del proceso de apelación, el líder cameral informó que, como parte del plan de acción para restituir los derechos de los trabajadores, la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) radicó este martes la Reforma Laboral del 2022 bajo el Proyecto de la Cámara 1651.
En esta ocasión, la medida será atendida en el pleno junto con un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) que contiene las proyecciones económicas establecidas por la Cámara de Representantes.
Fotos: Griselle Rosario
“Ya nos sentamos con la Junta de Control Fiscal para que los documentos que emita la OPAL estén en cumplimiento con la ley. ¿Para qué? Para que sean admisibles en el tribunal. Esa es la segunda estrategia”, aseguró.
“En este proceso legislativo, los que estamos del lado de los trabajadores; los que creemos en un sistema capitalista de gobierno balanceado… los que creemos en una distribución equitativa de la riqueza… esperamos que esto se apruebe aquí con un voto mayoritario”, abundó.
Como tercer curso de acción, el líder cameral adelantó que en las próximas semanas viajará a Washington D.C. para reclamar una enmienda en la Ley Promesa que permita que los informes de impacto fiscal presentados por la Asamblea Legislativa sean admisibles en el tribunal federal.
La Ley Promesa dispone que el ente gubernamental obligado a emitir estos informes de impacto fiscal de la medida es únicamente la Rama Ejecutiva.
“Tenemos que ir y reclamar los derechos de todos los trabajadores”, manifestó Hernández Montañez. “Exhortamos a todos los compañeros a que se unan para que la gestión no sea solo de una delegación. Que sea una gestión inclusiva, integrada, de toda la Cámara de Representantes”.
Aprueban suspender vistas finales de órdenes de protección
El cuerpo legislativo aprobó el Proyecto de la Cámara 762 que busca suspender, en algunas circunstancias, la celebración de las vistas finales de órdenes de protección mientras esté pendiente un proceso penal entre las partes.
La medida, cuyo fin es proteger los derechos de las víctimas al reducir las ocasiones en que se verá con el alegado agresor o agresora, recibió 41 votos a favor y cinco votos en contra.
La legislación de la autoría del representante José “Memo” González Mercado dispone que en estos casos se celebrará una vista única de asuntos de familia pendente lite para atender todo lo relativo a los asuntos preliminares de familia entre las partes.
Por otro lado, la Cámara avaló de forma unánime el Proyecto de la Cámara 1462 para proporcionar a las víctimas de violencia sexual información relacionada con el estatus del equipo de recolección de evidencia forense, conocido en la comunidad científica como “kit” de agresión sexual. La medida, presentada por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), persigue implementar un sistema de rastreo que permita a las víctimas tener acceso a esta información. El proyecto obtuvo 46 votos a favor.
