Radamés Benítez Cardona, exasistente del exalcalde de Trujillo Alto, fue sentenciado por el juez federal de distrito Pedro A. Delgado Hernández a cumplir 30 meses de prisión, anunció el fiscal federal W. Stephen Muldrow. Benítez Cardona se declaró culpable el 30 de noviembre de 2022 y admitió haber recibido sobornos mensuales de un contratista de gestión de residuos municipales, incluidos pagos en efectivo separados de $17,250 el 22 de mayo de 2021, el 12 de junio de 2021 y el 25 de julio de 2021.
“Los ciudadanos de Trujillo Alto le confiaron al acusado que sirviera a sus comunidades con honestidad e integridad; en cambio, participó en un esquema ilegal y usó su cargo para beneficio personal”, dijo el fiscal federal Muldrow. “Los funcionarios públicos que incumplan fielmente los deberes de su cargo, y quienes con ellos conspiren, serán investigados, procesados y sancionados por su actuación”.
Según documentos judiciales, Radamés Benítez Cardona se enriqueció aceptando sobornos y coimas a cambio de obtener contratos municipales para un contratista de gestión de residuos cuando surgieron oportunidades. El ardid requería que el Individuo A pagara $0.75 por casa de soborno mensual al demandado Benítez Cardona en relación con el contrato municipal de Trujillo Alto 2018-000004 otorgado a la Compañía A para la recolección de basura. El soborno mensual ascendió a aproximadamente $17,250 para 23,000 casas. Además, Benítez Cardona acordó dar una parte del dinero de los sobornos a José Luis Cruz Cruz, alcalde de Trujillo Alto. Cruz Cruz fue sentenciado el 11 de enero de 2023 a 24 meses de prisión por su participación en el esquema de soborno.
La investigación fue realizada por la Oficina de Campo de San Juan del FBI. Estuvieron a cargo de la acusación en el caso el Fiscal Federal Auxiliar Scott H. Anderson de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico y el Abogado Litigante Nicholas W. Cannon de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal.
Estos casos son parte de los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia para combatir la corrupción pública por parte de los funcionarios municipales en Puerto Rico. Además de los asuntos anteriores, la Sección de Integridad Pública y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico han obtenido recientemente condenas contra otros ex funcionarios públicos y contratistas en el Distrito de Puerto Rico por solicitar y aceptar sobornos relacionados con contratos municipales. Ver Estados Unidos v. Félix Delgado-Montalvo, 21-463 (RAM); Estados Unidos v. Oscar Santamaría-Torres, 21-464 (RAM); y Estados Unidos v. Raymond Rodríguez, 21-465 (RAM); Estados Unidos v. Mario Villegas, 21-468 (FAB); Estados Unidos v. Luis Arroyo-Chiques, 21-485 (SCC); Estados Unidos v. Eduardo Cintrón-Suárez, 22-151 (SCC); Estados Unidos v. Ramón Conde-Meléndez, 22-221 (PAD); Estados Unidos v. Pedro Miranda-Marrero, 22-251 (RAM); Estados Unidos v. José Cruz-Cruz, 22-276 (SCC); y Estados Unidos v. Javier García-Pérez, 22-185 (ADC); Estados Unidos v. Jose Bou-Santiago, 22-379 (ADC).
Además, el departamento obtuvo recientemente acusaciones acusando a varios exfuncionarios de soborno relacionado con contratos municipales, y esos casos aún están pendientes. Ver Estados Unidos v. Ángel Pérez-Otero, 21-474 (ADC); y Estados Unidos v. Reinaldo Vargas-Rodríguez, 22-186 (PAD). Una acusación es simplemente una acusación, y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
