En la vista participó el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, la Coalición Paz para la Niñez (CPPN) y la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico (REDENIJ)
La Comisión de Gobierno retomó hoy los trabajos sobre el Proyecto de la Cámara 1333 y la Resolución de la Cámara 683 que buscan declarar un estado de emergencia por la violencia infantil en el país e investigar el fenómeno de la violencia juvenil en Puerto Rico.
“En un tema tan importante como este, es imperativo impulsar los cambios que sean necesarios para que el gobierno pueda cumplir con el rol fundamental de proteger y brindar la seguridad a cada menor de nuestro país. Así que resaltamos nuestro compromiso y solidaridad con este tema que merece toda nuestra atención”, dijo el presidente de la Comisión, Jesús Manuel Ortiz González.
A la audiencia pública compareció el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, la Coalición Paz para la Niñez (CPPN) y la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico (REDENIJ).
El Dr. Francisco Pesante González, gerente de proyectos estadísticos del Instituto expuso que es necesario contar con un nivel detallado e individual de los menores de edad con sus expedientes que permita propiciar datos completos y confiables sobre la incidencia, causa y denuncias relacionadas al maltrato.
Ante esa necesidad, Pesante González destacó que el Instituto ha trabajado anteriormente en proyectos relacionados con implementar los objetivos del Registro Único que propone el PC 1333. Sin embargo, la medida consiste, principalmente, en conciliar los datos de las distintas etapas de intervención y servicios a los menores en un sistema de información estadístico no centralizado y que por regulaciones del gobierno local y federal requiere un alto nivel de seguridad y privacidad en el manejo de datos.
“Todo ese proceso requiere una infraestructura tecnológica y personal especializado en funciones exclusivas lo que implica una asignación recurrente de recursos fiscales. Según nuestra experiencia en proyectos similares, estimamos que los costos anuales para la conducción de este proyecto serían de aproximadamente $450,000 anuales’’, expresó Pesante González.
De igual forma, el funcionario del Instituto indicó que entre los años 2000 al 2020 en Puerto Rico se registraron 16,983 homicidios, de los cuales el 93% de las víctimas fueron hombres. “Anualmente, las víctimas entre la población de 10 a 39 años de edad representa en promedio el 78.7% del total de homicidios; y para que se hagan una idea, en promedio, en el 87.6% de los homicidios se utilizó un arma de fuego”.
“La violencia juvenil en su más extrema expresión es un problema de salud pública crónico en Puerto Rico. El contexto en el que mueren jóvenes en la isla exige una estrategia de prevención y reducción de riesgos basada en la evidencia científica, que sea sostenible y a largo plazo’’, agregó.
Por su parte, en representación de la Coalición Paz para la Niñez, la catedrática jubilada del Departamento de Pediatría del Recinto de Ciencias Médicas, Brenda Mirabel Rodríguez expuso que hay diversos factores en la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia (DF) que afectan la investigación y seguimiento de los casos y, a su vez, la protección de los niños.
Según la catedrática, uno de los factores identificados por la secretaría del DF es la escasez de trabajadores sociales, la falta de supervisión y problemas de transportación. “Ante este asunto, resulta imperativo que la Admisnitración de Familias y Niños (AFN) pueda reclutar los 300 trabajadores sociales que han determinado que son necesarios para la investigación, el seguimiento y la supervisión de los casos”, destacó Mirabel Rodríguez, quien añadió que para estos fines, es importante que se le asigne a estos profesionales un presupuesto justo.
“En Puerto Rico tenemos trabajadores sociales, pero se necesita proveer los recursos necesarios y un salario justo”, expresó Mirabel Rodríguez.
De la misma manera, la doctora indicó que la AFN confirmó que en los primeros ocho días de agosto de este año, el DF recibió 1,838 llamadas a su línea de maltrato, 820 llamadas más que en la misma fecha de julio de 2022.
Ante esta situación, el presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Marcos Santana Andújar destacó que el maltrato infantil es un problema de derechos humanos que limita el potencial y plenitud de miles de niños, niñas y jóvenes en Puerto Rico. “El problema de la violencia contra la niñez y juventud es un grave problema de salud pública y de violacion a los derechos humanos que se encuentra en aumento”.
En el memorial explicativo, Santana Andujar resaltó que el DF tiene acumulados para investigación 10,458 referidos de posible maltrato y, 800 de estos corresponden al año 2016. En el 2019, 4,738 casos habían sido víctimas de maltrato familiar, lo que se traduce a una tasa de 8.3 por cada 1000 niños.
“Esta tasa es significativamente más alta en municipios como Fajardo y Vieques, pueblos que tienen tasas sobre 40.7 y 54.1. Áreas metropolitanas como Ponce, tienen tasas sobre 20 por cada 1,000 niños. Esta tasa tampoco incluye los tantos casos que no llegan a ser documentados por el DF”, abundó Santana Andujar.
“Nuestra niñez y juventud pero sobre todo el país no aguanta más, es tiempo de lograr un ecosistema de servicios de prevención integrados con base en las comunidades. El maltrato es un problema de derechos humanos que limita el potencial y plenitud de miles de niños en Puerto Rico”, apuntó.
