La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) no respalda el Proyecto de la Cámara 1429, que propone crear la Ley para la Reestructuración de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Así lo indicó el subdirector de AAFAF, Jullian Bayne ante la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz, en la cual expuso que actualmente la AEE está en un proceso de litigio y mediación para obtener un acuerdo por orden de la Corte de Título lll, el cual está sujeto a una orden de confidencialidad por lo que “las expresiones sobre esta medida se tienen que limitar en aspectos del litigio, Ley PROMESA y planes fiscales certificados”.
“Esta medida incluye como condición mínima el intento de recortar la deuda de bonos de la AEE, significativamente de su monto total. Por nuestra pericia, sostenemos que en cuanto a dicha propuesta hay campo ocupado, ya que es a través del proceso de reestructuración bajo el Título lll de PROMESA, que se determina en última instancia cuáles serán los recortes a las deudas de la Autoridad”, abundó el funcionario, quien añadió que la Junta de Supervision Fiscal (JSF) es el representante exclusivo del Gobierno para propósitos de proponer un Plan de Ajuste, “lo cual incluye sugerir los niveles de recortes”.
El proyecto de ley de la autoría del líder cameral, Rafael “Tatito’’ Hernández Montañez y los representantes José “Cheito’’ Rivera Madera y Torres Cru, también busca establecer la emisión de bonos, fortalecer la estabilidad y oferta energética en Puerto Rico y, devolverle facultades al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).
Respecto a condicionar nueva emisión a las limitaciones y prioridades y la prohibición a la titulación de los bonos de la AEE, Bayne indicó que el lenguaje incluido en la medida interviene con los poderes reservados exclusivamente para la JSF, “lo que sería inconsistente con PROMESA”.
Asimismo, se limitó a dar información sobre el proceso de mediación. “El proceso de mediación está sujeto a una orden de confiabilidad. Dicha orden prohíbe comentar o divulgar información relacionada al proceso y comentar sobre cualquier asunto que pudiese afectar el proceso mientras el mismo está en curso”.
Ante la propuesta de la JSF para que se cobre un cargo de $23 mensuales en la factura de la luz por un periodo de 50 años como parte del proceso de reestructuración de la deuda de la AEE, el subdirector de AFFAF planteó que lo que se discutió en la negociación era cómo se iba a tratar cada una de las acreencias o qué instrumentos iban a recibir los bonistas. “Básicamente, se estaba negociando cuánto iba a ser el porcentaje de recuperación que iba a recibir ese grupo de bonistas. De la propuesta, de lo que ofrecimos a los bonistas, era entre un 70 a un 72 por ciento, más o menos”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernando Gil Enseñat indicó que “un proceso de reestructuración exitoso de la AEE solamente se puede lograr a través del Título lll de PROMESA, por lo que todos debemos contribuir para finalizar el proceso de quiebra”.
Según Gil Enseñat, la AEE ha estado trabajando para lograr la instalación de 3,750 MW de energía renovable. “Como parte de este mandato, la AEE culminó el proceso de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) del primer tramo ordenado por el NEPR, y firmó 18 acuerdos de compra de energía que viabilizan el desarrollo de 845 MW de capacidad de energía renovable. El año pasado, el NEPR asumió la responsabilidad de realizar los próximos procesos de RFP para seleccionar y contratar el desarrollo de los próximos proyectos de energía renovable”.
Aunque el funcionario aceptó que la AEE está en quiebra desde el 2017, con una deuda que asciende a alrededor de $9 mil millones de dólares, resaltó que, las disposiciones del proyecto en discusión es uno inconsistente con PROMESA.
Durante la mañana de hoy, compareció la Unión de Trabajadores para la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la AEE. También asistió la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, la organización ambiental Sierra Club y la licenciada Ruth Santiago del Comité Diálogo Ambiental.
Al finalizar, la audiencia pública el legislador independiente Torres Cruz sostuvo que “si no hay una resistencia a una imposición colonial que tenemos, quién va a defender el país y a las personas mayores. Allá afuera hay un pueblo agobiado y maltratado”.
