La vista pública recogió la necesidad de mayor acceso a lugares públicos y transportación para jóvenes con discapacidades
La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por la representante Lisie Burgos Muñiz, celebró hoy, miércoles, una vista pública para atender los reclamos de la comunidad de personas con impedimentos acerca de las barreras arquitectónicas y actitudinales que enfrentan en su diario vivir.
La comisión cameral contó con la comparecencia de un grupo de jóvenes que forman parte del proyecto piloto de Apoderamiento, Liderazgo e Intercesión para Jóvenes con Impedimentos Severos (AJILIS) de la organización sin fines de lucro Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI).
“Hoy, los jóvenes del proyecto presentan las necesidades que enfrentan como población con impedimentos de la región noroeste del país. Esta vista pública debe ser una guía para nuestro ejercicio legislativo que indique el camino en torno a la política pública, enfatizando en romper de una vez por todas esas barreras que no permiten un desarrollo pleno de esta población”, expresó la portavoz del partido Proyecto Dignidad.
La audiencia pública estuvo compuesta por dos paneles de deponentes que expusieron algunos de los problemas principales que sufre esta población: inaccesibilidad a lugares públicos, servicios esenciales y transportación.
El primer panel compuesto por cinco jóvenes denunció las barreras arquitectónicas encontradas, mayormente, en instituciones universitarias, así como espacios de recreación y actividad social. Así lo reclamó Joahngely Santiago, quien identificó la falta de rampas de acceso para las personas con impedimentos y uso de equipos de movilidad en la Universidad Ana G. Méndez, en Aguadilla.
“No solamente esto ocurre en la universidad, sino también en las escuelas públicas, en los servicios gubernamentales, en edificios públicos y etcétera. Son edificios difíciles de acceder”, puntualizó la joven residente de San Sebastián.
Como parte de sus propuestas para atender la situación, Santiago sugirió que la institución universitaria reconstruya sus rampas de acceso para personas con impedimentos físicos y la reubicación de oficinas que permitan una entrada segura para atender a esta población estudiantil.
De igual forma, Naomie Cordero abogó por la integración de la población con diversidad funcional en lugares de disfrute público, como restaurantes, museos, playas, entre otros. Especialmente, la joven reprochó fuertemente las barreras arquitectónicas en el Viejo San Juan, ante las condiciones deterioradas en que se encuentran muchas aceras y calles adoquinadas del casco histórico.
“La inaccesibilidad (a espacios públicos) afecta el desarrollo social, la autoestima y la participación activa de las personas con discapacidad”, manifestó Cordero. “Una condición no debe ser motivo para que las personas con discapacidad e impedimentos, que utilizan sillas de ruedas, no puedan establecer una vida plena y no puedan tener una participación activa en la sociedad como todo el mundo”.
Por su parte, Ángela Jiménez resaltó las barreras de transportación pública que prevalecen para personas con discapacidades en la zona noroeste de la isla, mientras afirmó que esta limitación afecta áreas como la salud, el empleo, la vida social y el bienestar emocional de esta población.
La deponente indicó que, según los reportes del Consejo Estatal de Vida Independiente, alrededor del 18% de las personas con impedimentos en edad laboral tienen un empleo fijo y a tiempo completo.
“Para mí es importante que se establezcan servicios de transportación (para las personas con discapacidades) porque esto pudiera incrementar el empleo; que las personas que buscan empleo puedan tener acceso a servicios de transportación; que los lleven a los lugares donde necesitan estar”, puntualizó.
Jiménez presentó varias propuestas para atender esta situación y que fueron acogidas por la comisión cameral. En primer lugar, sugirió incentivar a la compañía de transporte UBER para expandir los servicios a toda isla con una reducción en el cargo de contribución estatal del 1.5% a 1% por cada viaje. Asimismo, planteó que la compañía brinde un servicio de membresía en el cual personas con impedimentos reciban un descuento de 25% en cuanto a cargos por millaje y minuto.
Por último, Jiménez presentó una alternativa en la cual la Comisión de Vehículos Confiscados realice transferencias o ventas de los autos a los gobiernos municipales con el fin de que organizaciones sin fines de lucro, como Hogar Crea, establezcan choferes y rutas de transporte para personas con impedimentos.
La representante Burgos Muñiz adelantó su intención de transferir estas sugerencias a una legislación que sería presentada por todos los miembros de la comisión cameral.
“Yo creo que de aquí tiene que salir una legislación de las diferentes delegaciones y que lo llevemos hasta la firma del gobernador”, señaló la legisladora. “La dignidad del ser humano es inviolable, y todo el mundo tiene derecho a tener una vida plena”.
