La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, presidida por el legislador Orlando Aponte Rosario, inició hoy jueves la discusión pública del Proyecto de la Cámara 715 que pretende clasificar como asesinato en primer grado la muerte violenta de la embarazada, así como el feto que llevaba en su vientre al momento de los hechos.
La medida del representante Luis Raúl Torres, de ser aprobada, se convertiría en la “Ley Keishla Marlen’’. Torres Cruz radicó el proyecto de ley el 4 de mayo de 2021, pocos días después de que las autoridades federales acusaran al expúgil Félix Verdejo por el asesinato de la joven Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, quien estaba embarazada.
A la audiencia pública compareció la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL) y el padre de la joven fenecida Keishla Rodriguez, José Antonio Rodríguez.
En la vista, Rodríguez dijo que ‘’agradezco que hayan utilizado el nombre de mi hija para lo que pretenden realizar con esta ley. Siempre he estado en contra de los privilegios que tienen los criminales. Cometen los actos delictivos y luego tienen muchas libertades para salir de cada situación. Esto es un acto que debe haber ocurrido desde hace mucho tiempo, no tanto por mi hija, sino por las demás personas’’.
‘’En el caso de mi hija, aunque aún estaba en su vientre, es una vida que se asesinó y representa un crimen, tenga los meses que tenga, por lo que ese acto debe pagarse doblemente. Debemos ser más fuertes si queremos tener un mejor país. Que Keishla sirva de aporte para iniciativas como estas que debieron haberse realizado desde mucho antes. Apoyo en su totalidad lo que expone la medida, ya que hoy me tocó a mí, pero esto le puede pasar a otra familia y eso es lo queremos evitar’’, abundó.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Aponte Rosario, expresó que ‘’me impactó mucho su testimonio y felicito su valentía por venir hasta acá a apoyar este tipo de medida con la franqueza que lo hace. Le puedo asegurar que esta Comisión va a darle la apertura necesaria para que todas las personas puedan ser escuchadas con la mayor objetividad posible. Independientemente del resultado final de la medida, lo acompañamos en su dolor y tiene el respeto de todos los legisladores y el pueblo de Puerto Rico para salir adelante’’.
De igual forma, en representación de la OPM compareció la licenciada Carmen Calderón, quien no avaló la medida ya que ‘’es innecesaria debido a que cualquier delito que se cometa contra una mujer embarazada ya está tipificado como un agravante y ya se protege al nasciturus en el artículo 7 del Código Penal. Nuestro ordenamiento ya tiene unas penas más severas cuando se comete un delito contra una mujer embarazada. Ya eso está reconocido’’.
Por su parte, Aponte Rosario expuso que ‘’queremos escuchar a todo el mundo para luego hacer un informe correcto sobre este proyecto. Tenemos una serie de preocupaciones ante el alza de la violencia contra la mujer y por eso queremos aprobar medidas que vayan dirigidas a erradicar este tipo de conductas pero siguiendo los procesos adecuados’’.
Por otro lado, la licenciada Yahaira Colón Rodríguez, en representación de la SAL, se expresó en contra del estatuto. ‘’Una medida como la presente tendría consecuencias drásticas en todo nuestro ordenamiento penal sustantivo. Si el ánimo de esta legislación es prevenir actos de violencia de género, no tiene por qué arriesgar derechos fundamentales de la mujer en el camino’’.
Igualmente, la postura del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico fue en contra de la medida. ‘’Las disposiciones del Código Penal ya establecidas hacen innecesaria esta legislación. El artículo 94 establece la pena fija de 99 años de reclusión para el asesinato en primer grado por lo que sería altamente improbable que una persona acusada doblemente por el asesinato descrito en el proyecto de ley en discusión pudiera cumplir una sola de las sentencia. ¿Cuál es el propósito de introducir cambios a la legislación penal existente para los cuales no ha surgido ningún reclamo?’’.
La Comisión de lo Jurídico citó a la audiencia pública al Departamento de Justicia (DJ) pero no compareció el secretario, Domingo Emanuelli Hernández ni ningún representante de la agencia.
