Trascendió durante una vista pública en la Cámara de Representantes que miembros de la comunidad radicaron una demanda contra el gobierno y el desarrollador privado que adquirió el solar
La controversia por la venta y el trámite de permisos para la construcción de un edificio en un solar que fue un parque comunitario en el área de Condado llegó este jueves a los tribunales, tras miembros de las comunidades aledañas radicar una demanda contra el Gobierno, el Municipio de San Juan y el desarrollador privado Krug Property LLC.
La acción judicial fue confirmada por el portavoz de la comunidad, Amaury Rivera, durante la segunda vista pública de las Comisiones de Transportación y Fiscalización de los Fondos Públicos de la Ciudad Capital de la Cámara para investigar la venta de esta parcela a manos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) por un precio de $145,000, con el objetivo de construir un condominio residencial de 12 plantas.
La parte demandante, compuesta por vecinos de Condado, Machuchal y Calle Loíza, solicitó al Tribunal de Primera Instancia de San Juan una sentencia declaratoria de la nulidad de la compraventa; un injunction preliminar y permanente; así como una solicitud de remedios provisionales e interdicto posesorio.
Al inicio de la audiencia pública, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, había expresado durante su turno como deponente que no estaría exponiendo mayores comentarios sobre la polémica, puesto que “con toda probabilidad” el asunto alcanzaría los tribunales.
“Debido a la atención pública que ha recibido el asunto, que es actualmente objeto de investigación, dicho asunto tiene una alta probabilidad de presentarse ante los tribunales, requiriéndose posiblemente la intervención del Departamento de Justicia”, afirmó el secretario.
“Por el momento, no se considera adecuado pronunciarnos en detalle sobre la investigación que se lleva a cabo, toda vez que se encuentra dentro de las categorías de instancias en las cuales el secretario de Justicia puede abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento”, agregó.
Emanuelli explicó que existe la posibilidad de que el terreno fue sujeto de una doble inmatriculación, por lo que un tribunal tendría que intervenir para resolver la controversia registral. En el transcurso de la investigación legislativa, se ha manifestado que el terreno en cuestión es parte de la finca número 13,818.
Sin embargo, surge del Registro de la Propiedad que el 24 de julio de 2019, el Gobierno de Puerto Rico, a través del DTOP, inmatriculó un terreno de 178.6828 metros cuadrados que fue calificado e inscrito como la finca 47,732. Actualmente, el Municipio de San Juan conduce una investigación, ordenada por el alcalde Miguel Romero, con el objetivo de resolver la controversia sobre la titularidad del solar.
Según Israel Alicea, director de Asuntos Legales del Ayuntamiento, resulta “plausible” que el terreno en cuestión sea parte de la finca 13,818 y que, a lo largo de los casi 70 años transcurridos desde el proceso inicial de expropiación en 1953, el Municipio no lo haya inscrito en su Registro de Propiedad Inmueble.
Otro escenario que mencionó Alicea es que, siendo parte de la finca 13,818, se tomara por sentado que el terreno era parte de la propiedad municipal. El director adelantó a las comisiones camerales que la investigación deberá estar completada para la primera semana de agosto y garantizó que toda la evidencia recopilada será compartida tanto con la comunidad, como las comisiones camerales.
“Tratando este asunto con la seriedad que merece, no nos corresponde llegar a conclusiones categóricas sin antes tener toda la información posible con la que podamos convertir una teoría a una conclusión. Lo que sí debe estar claro para todos los miembros de la comunidad y ciudadanos de la Ciudad Capital es que, si se determina con evidencia robusta que el terreno es del Municipio de San Juan, el Municipio y su alcalde recurrirán a todos los mecanismos legales disponibles para recuperar la propiedad”, expresó Alicea.
El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, tomó un turno durante la vista pública para cuestionar al Municipio sobre el desconocimiento de la titularidad del terreno. De igual forma, el líder cameral solicitó en cinco días laborables la entrega de una serie de documentos del Registro de la Propiedad.
Entre ellos, una explicación de las razones por las cuales la registradora Delia Castillo, una de las dos registradoras adscritas a la región de San Juan, se abstuvo de calificar la transacción de compraventa del solar. Según el licenciado Joaquín del Río, director administrativo del Registro, Castillo se inhibió de registrar el terreno por un supuesto conflicto de interés que no fue detallado en la vista pública.
Mientras, la registradora Laura Santiago, quien también pertenece a la región de San Juan, no pudo inscribir la finca debido a que se encontraba ausente el día que la transacción fue despachada, el 11 de julio de 2022. Hernández Montañez requirió la evidencia de su ausencia.
El presidente cameral igualmente peticionó un informe de todas las intervenciones en cualquier tipo de registración en el área de San Juan por parte de Luis León Freire, registrador en la región de Carolina y quien finalmente inscribió el terreno el 12 de julio de 2022.
Por otro lado, Hernández Montañez solicitó al Municipio de San Juan copia de los planos de inscripción de todas las fincas en los predios de lo que hasta hace poco fue el parque pasivo Borinquen, localizado en la Avenida Ashford, esquina con la calle Krugg. También requirió los planos de segregación de la avenida, así como toda la información de las expropiaciones.
“Con certeza, es bien improbable que eso (la titularidad) esté en el limbo. Eso es lo único que quiero aclarar. Es bien improbable que un área tan densa; con unos valores tan altos; con tanta intervención de profesionales para agrupar, adjudicar, comprar… es bien improbable que eso esté en el limbo”, señaló Hernández Montañez.
“Lo que estoy buscando es de dónde surge la parcela. Ella no viene de la Luna. Yo quiero saber de dónde surge, y poder comparar notas con Registro y con el Municipio”, abundó, al tiempo que anticipó que, de ser necesario, la Cámara de Representantes se unirá al pleito legal en caso de que la controversia llegue a los tribunales.
Comparece abogada notaria
La licenciada Grace Figueroa Irizarry, quien aparece en las escrituras como la abogada notaria a cargo de la transacción, indicó bajo juramento que, en relación con los negocios jurídicos de la finca registral, sus únicas funciones fueron la redacción y otorgamiento del instrumento público mediante el cual se transfirió el dominio del terreno a principios del 2021.
Asimismo, aseveró que su función notarial fue privada, por lo que ninguna entidad jurídica que pueda representar tuvo participación alguna en la transacción. Aclaró que fue contratada a petición de los requirentes, que fueron el DTOP y Krug Property LLC.
Sin embargo, la representante Mariana Nogales Molinelli reveló que Figueroa Irizarry pertenece al bufete de abogados ESQ Legal Services, PSC, entidad que mantiene contratos con diversas agencias gubernamentales por la cantidad de $4,489,343. Algunas de las agencias con las que el bufete sostiene contratos son el DTOP, Autoridad de Carreteras y Transportación, Autoridad de Tierras y la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), entre otras.
“Si usted trabaja para esa empresa y tiene un contrato con el DTOP, ¿usted debió ser la notaria en este caso? ¿O eso usted entiende que no es ningún conflicto de interés?”, cuestionó el presidente de la Comisión de Fiscalización de los Fondos Públicos de la Ciudad Capital, Luis Raúl Torres Cruz.
“Para nada, representante. No lo es”, respondió Figueroa Irizarry.
“¿Usted, como parte de ese bufete, ha rendido directamente servicios al DTOP?”, preguntó el legislador.
“En relación con el bufete, según mi derecho y también el de ustedes, no voy a contestar ninguna pregunta. Entiendo que no hay relación (con la investigación)”, repicó Figueroa Irizarry.
Torres Cruz, junto al presidente de la Comisión de Transportación, Aníbal Díaz Collazo, indicaron que estarían acudiendo al tribunal para ordenar que la abogada notaria responda a las preguntas que se negó responder durante la vista pública.
Asimismo, ordenaron que la licenciada entregue el próximo martes, antes de las 5:00 p.m., los dos estudios de título que fueron certificados como parte de la transacción de la compraventa.
Los presidentes de las comisiones informaron que representantes de la empresa Krug Property LLC fueron citados a la audiencia pública, pero no comparecieron.
