La presidenta interina Mayra Olavarría presentó el presupuesto de la institución ante la Comisión Conjunta de Hacienda
En momentos en que reafirmó el riesgo que podrá correr la acreditación del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayra Olavarría Cruz, advirtió este miércoles a la Comisión Conjunta de Hacienda que la institución necesita una aportación mínima de $620 millones del presupuesto general para poder continuar con todos sus programas acreditados.
Olavarría Cruz compareció con su componente de trabajo financiero a una vista pública entre Cámara y Senado para la aprobación del presupuesto del gobierno correspondiente al año fiscal 2022-2023. El reclamo de la institución surge luego de que el gobernador Pedro Pierluisi informó ayer en su segundo mensaje de situación de Estado que asignó a la UPR un presupuesto de $620 millones.
En su presentación ante la Asamblea Legislativa, la institución aseguró que ha sido la agencia pública que más recortes ha enfrentado, con una reducción en cinco años de $427 millones, o 52%, en las apropiaciones que recibía del gobierno central.
“Este problema está afectando de forma apremiante a todos los recintos, pero es más evidente en los programas y recintos graduados que tienen estándares más altos de acreditación, como la penosa pérdida de acreditación del programa de neurocirugía y la advertencia de la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education al Recinto de Ciencias Médicas sobre su capacidad para cumplir con sus obligaciones económicas”, señaló Olavarría Cruz.
“No se puede pretender recortar de forma tan abrupta el presupuesto asignado sin afectar los servicios esenciales que ofrece, ni la calidad de la educación superior”, agregó.
El director de presupuesto de la UPR, José Márquez, explicó que para el próximo año fiscal el gobernador restituyó a la institución $93 millones en fondos del gobierno central, lo que permitiría cumplir con la fórmula de $500 millones anuales establecidos en el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).
Asimismo, indicó que se asignarán alrededor de $70 millones provenientes de resoluciones conjuntas, de los cuales $10 millones serán destinados al RCM. Otros $7 millones serán provenientes de la Ley de Juegos de Azar. Sin embargo, el funcionario aseguró que la UPR necesitará entre $60 y $70 millones adicionales para poder funcionar.
“Para nosotros es bien importante, sumamente medular, que esa asignación (de $500 millones) sea recurrente, que nosotros lo podamos ver como una asignación recurrente en esa base”, expresó Márquez.
Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina de Presidencia, Alan Rodríguez, reveló que, al 30 de junio de 2022, la institución tiene una deuda no solventada de aproximadamente $2,700 millones en el Sistema de Retiro de la UPR. Para cumplir con la reforma de pensiones y eliminar esta deuda, la UPR necesitará contribuir aproximadamente $160 millones anuales al sistema, según la guía actuarial.
Esta suma será unos $40 millones por encima a los establecido en el plan fiscal certificado, ya que no contempla una reducción de beneficios a pensionados como fue recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Además de acreditaciones, la institución indicó que peligra la nómina de un estimado de 9,000 empleados que componen la plantilla del sistema UPR, por lo que pudieran ocurrir despedidos tanto de docentes como no docentes si las asignaciones presupuestarias requeridas no llegan a las arcas de la universidad.
Olavarría Cruz, quien aseveró que se aplicó un recorte de 10% en su salario cuando asumió la presidencia, dijo que no descarta la posibilidad de eliminar puestos de confianza como medida para salvaguardar la nómina de los empleados de carrera.
A preguntas del presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, ningún representante de la UPR supo responder la totalidad de puestos de confianza en el sistema, por lo que deberán entregar la información en cinco días laborables.
Otros programas del RCM bajo lupa
La rectora del RCM, la Dra. Ilka Ríos, destacó que, actualmente, el programa de técnico de radiología se encuentra en probatoria debido a que el Departamento de Salud no había nombrado la junta de licenciamiento para que los estudiantes tomaran sus reválidas. No obstante, aseguró que en dos años la probatoria podrá ser removida y tampoco implica una desacreditación.
En cuanto al programa de neurocirugía, cuya acreditación vencerá el próximo 30 de junio, la doctora adelantó que el RCM ya contempla un plan que será sometido a la agencia acreditadora en el 2024 con el fin de poder retomar la acreditación el 1 de julio de 2025.
Ríos mencionó que en septiembre de este año recibirá una próxima visita por parte de la Middle States Commission para evaluar la situación del RCM tras recibir la advertencia por la reducción significativa en el presupuesto del recinto para el año fiscal 2021-2022.
“Aunque teníamos unas promesas, como la de $10 millones que se van a otorgar antes de que finalice el año, porque tomó un tiempo la AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) en aprobarlo, al no tenerlo en ese momento ya en nuestras cuentas, fue ineludible recibir este ‘warning’”, dijo la rectora.
“’Warning’ es menos que probatoria. Estamos bien esperanzados de que, al tener en blanco y negro ese presupuesto aprobado con el dinero que necesita el RCM y unas proyecciones a los próximos cinco años, eso pueda desaparecer”, abundó.
Significativa reducción de estudiantes en los pasados años
Mientras, la presidenta interina destacó que el aumento en el costo de matrícula, a raíz de la situación fiscal de la institución, ha resultado en que “cada vez menos puertorriqueños puedan acceder a la educación secundaria”, con una reducción de 13,114 estudiantes para el año académico 2022-2023 en comparación con el año 2017-2018.
A pesar de la escasa matrícula en unidades como la UPR de Utuado, que atiende a una población de 375 estudiantes, Olavarría Cruz defendió la permanencia de los 11 recintos que componen el sistema y afirmó que la institución “trabaja” para que ninguno sea cerrado.
“La universidad ha hecho su parte, y la universidad se ha reinventado. Nosotros lo que estamos dando es una voz de alerta de que la universidad la están llevando al límite. Nosotros hemos cumplido con el 92% de las medidas que nos han impuesto (la JSF)”, dijo Rodríguez.
“No podemos más. Ese es el reclamo”.
