El cuerpo legislativo avaló una resolución para indagar las acciones del Negociado de Energía al aprobar las alzas en las tarifas
Durante los trabajos de la sesión ordinaria de hoy, martes, la Cámara de Representantes aprobó la Resolución de la Cámara 557 (R.C. 557), que ordena una investigación sobre el funcionamiento del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) tras la aprobación de continuos aumentos en la factura de luz desde finales de 2020.
La medida – presentada por el representante José “Cheito” Rivera Madera – delega la pesquisa a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, que preside Luis Raúl Torres Cruz.
De acuerdo con Rivera Madera, la investigación persigue conocer las acciones del Negociado de Energía y cómo la agencia “defiende a los consumidores” ante las resoluciones que ha emitido para imponer a los abonados del servicio energético aumentos en la factura mensual, solicitados inicialmente por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y posteriormente por el consorcio LUMA Energy.
La más reciente acción por parte del NEPR establece un alza de 16.8%, o 3.67 centavos por kilovatio hora (kWh), que aplicará a la tarifa energética durante el primer trimestre del 2022. Este aumento, anunciado el pasado 30 de diciembre, fue solicitado por LUMA Energy como parte de los ajustes trimestrales por compra de combustible y energía.
Asimismo, la empresa a cargo del sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica solicitó un incremento de 16.14% que fue aprobado para el último trimestre del 2021, lo que para Rivera Madera representa un patrón de “aumentos abusivos e innecesarios”.
“Es importante que entendamos todos, que en Puerto Rico vivir cada día es más caro… Lo triste es que a quienes le aumentamos el salario mínimo hace poco se lo están sacando por otro lado ahora con el pago de la luz. ¿Hasta cuándo y bajo qué premisa el Negociado de Energía va a continuar permitiendo que se abuse del consumidor puertorriqueño?”, manifestó Rivera Madera.
“Esta isla no puede ser un lugar donde cada individuo tenga que seguir abandonando a sus familias del lugar que los vio crecer para poder seguir hacia adelante. La finalidad de todos debe ser conseguir un Puerto Rico con las mismas oportunidades para todos”, agregó el representante popular.
La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) avaló la resolución luego de aprobarse una enmienda en sala para que la investigación sea devuelta a la Comisión de Desarrollo Económico. Inicialmente la pesquisa estaba a cargo de esta comisión, pero luego fue encomendada a la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros.
Resoluciones de investigación aprobadas
Otras tres resoluciones de investigación presentadas por las distintas delegaciones fueron aprobadas a viva voz. Entre ellas, la Resolución de la Cámara 318 (R.C. 318) – presentada por José Aponte Hernández, Carlos “Johnny” Méndez y Víctor Parés Otero –, que busca evaluar mediante la Comisión de Recursos Naturales el proceso de cierre de varios vertederos en Puerto Rico y las alternativas para proceder con la disposición de desperdicios sólidos.
Esta comisión igualmente conducirá una investigación – a través de la Resolución de la Cámara 561 (R.C. 561) – sobre la propuesta de la empresa DB Asphalt & Recycling, LLC para instalar una planta dosificadora de asfalto en la carretera PR-833, en los barrios Guaraguao y Mamey, en Guaynabo. Esta medida fue presentada por la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
Por su parte, también fue aprobada la Resolución de la Cámara 630 (R.C. 630), presentada por la legisladora de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, para ordenar a la Comisión de Anticorrupción investigar la cantidad de casos, si alguno, que ha radicado el secretario del Departamento de Justicia para reclamar la triple indemnización de los daños económicos ocasionados al erario por acciones u omisiones negligentes.
Presidente cameral radica querella ética contra legisladora
Al concluir la sesión legislativa, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, anunció que oficialmente radicó una querella en la Comisión de Ética contra Burgos Muñiz por denuncias sobre su exdirectora de oficina, Janise Santiago, quien celebró una graduación de un colegio de su propiedad en facilidades de la Cámara.
De igual forma, Hernández Montañez informó que se aprobaron dos nuevas órdenes administrativas “para evitar cualquier duda a futuro’’ tras la controversia suscitada. La OA-2022-02 establece los requisitos mínimos de divulgación por parte de personal de la Cámara sobre actividades extra legislativas con fines pecuniarios que se lleven a cabo fuera de la jornada regular de trabajo.
Mientras, la OA-2022-03 dispone un reglamento que será aplicado para empleados y otros funcionarios del cuerpo legislativo que ejercen trabajo remoto.
“Tenemos que continuar elevando nuestra vara, manteniendo los procesos de una forma justa y responsable. Esta Cámara de Representantes ha demostrado con acciones que no hay doble vara, que se hacen las cosas bien y se atiende cada reclamo’’, puntualizó el presidente cameral. La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el martes, 8 de febrero, a la 1:00 p.m.
